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Belen María Casado Casado

EL ART. 6.3 CC, ¿PUNTO DE PARTIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL CÓDIGO CIVIL?

Extracto

El art. 6.3 CC funciona como cláusula general para la aplicación de la nulidad absoluta como tal régimen de ineficacia contractual, en contraposición a otros regímenes como la anulabilidad, la nulidad parcial, etc. Los “efectos distintos para el caso de contravención” a los que el art. 6.3 CC hace referencia son regímenes de ineficacia contractual muy variados, cuya causa de imposición es exclusivamente la contravención legal, y no las causas generales o “normales” señaladas para la aplicación de cada uno de ellos. Esta aplicación procede cuando estos otros regímenes de ineficacia contractual se adecuan mejor a la finalidad de la norma contravenida que la declaración de nulidad absoluta del acto o contrato realizado. Su imposición excluye, por tanto, la consecuencia jurídica de nulidad absoluta. La función que desempeña el art. 6.3 CC, como tal cláusula general, es una función restauradora de las cosas a la situación anterior a la contravención legal. Este precepto no puede ser considerado un punto de partida para el establecimiento de un régimen sancionador en el Código civil si entendemos por sanción aquella consecuencia jurídica que tiene una función punitiva.

El art. 6.3 CC, ubicado en el Título Preliminar del Código Civil, y siendo, por tanto, de aplicación general a cualquier ámbito del Derecho, impone la sanción de nulidad de los actos jurídicos que contravienen las normas imperativas y prohibitivas. Literalmente establece el precepto: Los actos contrarios a normas imperativas o prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Analizar el verdadero sentido y finalidad de este artículo fue el objetivo de nuestro trabajo de investigación.

Pese a la incertidumbre que rodea algunos de los términos que aparecen en este precepto, hay una cuestión más o menos clara y que así resulta defendida por la mayoría de la doctrina. Esta nulidad de pleno derecho a que hace referencia el artículo que comentamos es la nulidad absoluta, por contraposición a otros regímenes de ineficacia contractual tales como la anulabilidad1.

Hay también una cuestión que ha sido tratada por la doctrina en relación a este precepto. Nos referimos a la clasificación de las normas como imperativas y prohibitivas. Las diferencias principales han sido señaladas, sobre todo, para una clasificación dual de las normas en normas imperativas y dispositivas, y la diferencia fundamental de ambas será el carácter obligatorio o inderogable de las primeras en contraposición a la derogabilidad por las partes de las segundas. Las normas prohibitivas son consideradas una categoría de normas imperativas, concepto más amplio que incluye las normas preceptivas y prohibitivas2.

Tenemos claro entonces, que la consecuencia general de cualquier acto jurídico, en cualquier ámbito del Derecho, que vulnere lo recogido en las normas inderogables por la voluntad de las partes, será la “nulidad de pleno derecho”. Se trata de una nulidad absoluta que se aplica por la contravención de normas imperativas a título de sanción. Hablamos, pues, de una nulidad absoluta por contravención.

Esa conducta de contravención normativa debe ser siempre un acto jurídico, de cualquier clase, declaraciones de voluntad, negocios jurídicos, pero excluimos los meros hechos sin relevancia jurídica3. Si bien estas simples conductas no pueden dar lugar a la aplicación del art. 6.3 CC, sí pueden resultar igualmente infractoras de normas imperativas y, en este sentido, le podrán ser aplicadas otras consecuencias jurídicas pero en virtud de otros preceptos del Código y no del art. 6.3 CC, sobre todo, a aquellas especialmente reprobables. Naturalmente, los meros hechos o las meras conductas humanas no son susceptibles de ser declaradas nulas o anulables.

Todas las normas establecen un deber jurídico de cumplimiento, en la medida que este deber no es cumplido la conducta será “sancionada”. Con ello se busca restablecer el orden jurídico perturbado, reafirmar la validez de la norma jurídica. La vulneración de mandatos jurídicos podrá hacerse mediante actos jurídicos o mediante meras conductas sin relevancia jurídica, pero sólo los actos o negocios jurídicos serán relevantes a los efectos del art. 6.3 CC.

La declaración de nulidad absoluta del acto jurídico va a significar la privación de todos los efectos que el mismo esté llamado a producir; el acto se entiende como no realizado, como si nunca hubiera existido. La sentencia que declare la nulidad del acto  es una sentencia declarativa. Los efectos se producen ex tunc, desde la realización del acto infractor, puede ser alegada por cualquier interesado en un procedimiento judicial y no está sometida a plazo de caducidad o prescripción para hacerla valer, incluso puede ser apreciada de oficio por el juez. Pero estas consecuencias no nos pueden llevar a afirmar  la mayor gravedad de la “sanción” para la parte infractora, entendiendo por más grave aquélla que ocasiona más perjuicios a esta parte. La mayoría de la doctrina entiende la nulidad absoluta como la más grave sanción4, pero desde la eliminación absoluta de los efectos jurídicos ya producidos, y sin valorar los efectos perjudiciales para la parte que realiza la infracción legal.

No creemos que la nulidad absoluta, como tal régimen de ineficacia a la contravención normativa, obedezca a ningún criterio de adecuación a la gravedad de la conducta ni deba ser impuesta en atención a la culpabilidad del autor de la infracción. Su imposición no obedece a una razón punitiva, sino que se deriva de un criterio finalista de adecuación a la norma infringida.

Los llamados “efectos distintos para el caso de contravención”, serán otras consecuencias jurídicas a la contravención de normas imperativas diferentes a la nulidad absoluta. Concretamente estos otros efectos distintos serán otros diferentes regímenes de ineficacia contractual cuya causa es, precisamente, la contravención normativa y no las causas “normales” señaladas para la aplicación de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, la anulabilidad puede ser uno de estos otros efectos distintos para el caso de contravención, que trae como causa una contravención normativa y no necesariamente la existencia de vicios del consentimiento (art. 1300 CC).

La aplicación de cualquiera de estos otros efectos distintos excluye la consecuencia de nulidad absoluta.  La mención literal del precepto estudiado de “salvo” que se establezcan otros efectos distintos, nos hace llegar a esta conclusión. No debemos confundir otras diversas consecuencias jurídicas al acto infractor con la compatibilidad entre nulidad y efectos distintos. Así, por ejemplo, consecuencias punitivas o resarcitorias pueden derivar de una contravención normativa sin que las mismas sean  aplicación efectiva del art. 6.3 CC. Este tema se ha planteado con la venta de viviendas de protección oficial por precio superior al legalmente establecido. Hay autores que entienden que por la vulneración de la normativa administrativa que establece los precios máximos de venta de estas viviendas debe imponerse las multas administrativas fijadas expresamente en la propia Ley y que estas multas excluyen la posible declaración de nulidad del contrato, puesto que serían estos otros “efectos distintos para el caso de contravención”. Las únicas consecuencias a aplicar serán las administrativas y el contrato debe ser declarado válido en vía civil. Pero esta norma administrativa tiene efectos civiles y las multas administrativas están dirigidas al castigo de conductas, finalidad que no tiene el precepto estudiado. El art. 6.3 no tiene una función de castigo. Las multas administrativas podrán ser aplicadas en virtud de la tipificación expresa señalada en otros preceptos legales y nada tienen que ver con el artículo estudiado. Ello nos lleva a la conclusión de que la aplicación de estas sanciones administrativas no excluye que el contrato pueda ser declarado nulo en vía civil5.

La jurisprudencia ha señalado que debe flexibilizarse la declaración de nulidad absoluta que establece el art. 6.3 CC. Esta nulidad absoluta debe aplicarse, dicen algunas sentencias, con carácter restringido, no general, con un criterio flexible y no rígido6. Nos mostramos favorables a esta postura jurisprudencial, pero una interpretación restrictiva de la nulidad absoluta hace que debamos aplicar los efectos distintos del art. 6.3 CC con holgada flexibilidad y amplio margen de apreciación. La afirmación inmediata a esta conclusión manifestada es que no es necesario que estos efectos distintos vengan establecidos de forma expresa en otro precepto del Código. Bastará con entender procedentes aquellos que mejor se adecuen a la finalidad de la norma contravenida7.

Al tener el art. 6.3 CC un ámbito de aplicación tan general a cualquier ámbito del Derecho, los supuestos de contravención pueden ser tan diversos que sería imposible una mención expresa por el legislador de cada uno de ellos. También tenemos que tener en cuenta que estamos ante una realidad cambiante, motivada, en algunas ocasiones, por meras razones de política legislativa, que haría necesaria una continua adaptación de preceptos. Serán tan distintos los supuestos de contravención a normas imperativas como tan diversas pueden ser las formas que, con el paso de los años, podamos inventar de infringir las leyes, unida a la diversidad legislativa existente y que pueda llegar a crearse.

Si la aplicación del art. 6.3 hace que tengamos en cuenta la finalidad de la norma infringida para imponer la consecuencia necesaria, y esta misma norma infringida puede ser diferente o ser vulnerada de varias maneras, una regulación expresa de todos los efectos distintos aplicables a todos los actos de contravención, por su necesaria vinculación a la finalidad de la norma, se hace imposible. De ahí que, en ocasiones, sea en la aplicación del art. 6.3 al caso concreto donde el Tribunal tenga que decidir qué efecto aplicar, no buscando criterios de justicia material, sino de efectiva aplicación de la norma a la que tiene que proceder. Sin embargo, ello no quiere decir que el legislador no pueda hacer una previsión expresa de los efectos distintos a la contravención normativa en algunos casos. Así, por ejemplo, vemos que ocurre esto en la Disposición Adicional Primera de la LAU, en su punto quinto. Se señala como efecto distinto la nulidad parcial del contrato de arrendamiento de vivienda de protección oficial por precio superior al legal y su sustitución por el precio legal fijado8.

Anteriormente hicimos referencia a que, normalmente, estos efectos distintos resultarán de la aplicación de diferentes regímenes de ineficacia de actos o negocios jurídicos. Pero ¿cuáles son y cómo de diversos pueden ser los mismos?

La enumeración que vamos a hacer a continuación no tiene la intención de ser una enumeración cerrada, sino que nos limitaremos a recoger aquellos que pueden ser más relevantes o que tienen una implicación en la práctica jurisprudencial más controvertida; aquéllos que merecen, por su especialidad, un comentario detenido, sin excluir otros que puedan igualmente funcionar como tales.

Uno de estos efectos distintos para el caso de contravención puede ser la nulidad parcial. La figura de la nulidad parcial, pese a carecer de reconocimiento legal, ha sido reconocida por la doctrina y jurisprudencia como figura autónoma, con existencia por sí misma, y no como una minoración o suavización de la aplicación de la nulidad absoluta9. No es de extrañar, sin embargo, que esta falta de apoyo legal haga que la interpretación del funcionamiento de esta figura tenga una complejidad extraordinaria. Los intentos doctrinales por recoger la existencia de la nulidad parcial y sus formas de operar han sido varios a lo largo de la historia. Defiende de manera unánime la doctrina que la figura de la nulidad parcial no funciona siempre de la misma manera y que pueden darse diferentes clases de nulidad parcial, pero no se ha llegado a un acuerdo unitario sobre estas diferentes clases y diversidad de funcionamiento10.

Pensamos que la nulidad parcial aparece totalmente diferenciada de la nulidad absoluta, pero puede ser que opere de la misma manera que ésta última en un supuesto de contravención, pero respecto de una determinada cláusula contractual.

Nosotros entendemos que la nulidad parcial, en una de sus formas de funcionamiento, actúa como ese efecto distinto para el caso de contravención. Hay varias clases de nulidad parcial y esta nulidad parcial puede funcionar de diferentes maneras, pero consideramos que una de estas formas de operar, y solamente o prácticamente una de ellas, será la que va a funcionar como “efecto distinto para el caso de contravención”, y será, por tanto, fruto de una aplicación del art. 6.3 CC.

Entendemos que la nulidad parcial funciona como efecto distinto para el caso de contravención por la vía del art. 6.3 cuando procede su declaración en contratos que en su totalidad vulneran la norma imperativa, o cuando la infracción normativa afecta a un elemento esencial del contrato. La declaración de una nulidad absoluta perjudicaría a la parte protegida de la contratación. Se declara la nulidad parcial aunque esta posibilidad no venga recogida de forma expresa en la Ley. Aparece, sobre todo, en el ámbito de las normas imperativas protectoras. La relevancia práctica que se deriva de considerar la nulidad parcial como una aplicación efectiva del art. 6.3 CC es que no hace falta que esta consecuencia jurídica aparezca expresamente establecida en una norma. Un ejemplo de esto que acabamos de exponer estaría en la declaración de nulidad parcial del contrato de venta de viviendas de protección oficial por precio superior al legal, aunque la contravención normativa afecte a un elemento esencial del negocio como es el precio.

Un contrato es anulable cuando, reuniendo éste los requisitos esenciales para su existencia (art. 1261 CC), posee algún vicio o falta de capacidad de obrar en alguna de las partes intervinientes. La  parte que sufra dichos vicios, o  dicha falta de capacidad, a tenor de los arts. 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1301 y 1302 CC, estará legitimada para hacerla valer y proceder a declarar el contrato o acto realizado como anulable. En este sentido, la anulabilidad siempre es relativa, esto es, sólo determinadas personas pueden hacerla valer o están legitimados para alegarla11.

Una vez declarada la anulabilidad, el acto o contrato será nulo frente a todos en el mismo sentido que la nulidad absoluta, por lo que sólo podemos decir que la anulabilidad es relativa en cuanto tiene restringida la legitimación activa para poder alegarla, pero no en cuanto que sus efectos no puedan se oponibles frente a todos.

Hemos partido de un concepto amplio de “efectos distintos para el caso de contravención” del art. 6.3 CC, en el sentido de que bajo este concepto se podrán aplicar multitud de consecuencias jurídicas distintas a la nulidad radical, y también flexible, puesto que no exigimos que estos efectos distintos se hayan determinado de forma expresa en la norma (hablábamos de “efectos distintos virtuales”). Pensamos que también la anulabilidad, como tal régimen de ineficacia distinta a la nulidad radical, puede actuar como “efecto distinto” a esta última  en determinados casos.

Pero la aplicación del régimen de ineficacia de la anulabilidad como efecto distinto para el caso de contravención del art. 6.3 CC no va a obedecer a estas causas señaladas de falta de capacidad de una de las partes o vicios de consentimiento. La anulabilidad como efecto distinto para el caso de contravención deriva precisamente de una causa específica que es dicha contravención normativa, y esta será la característica principal de la figura de la anulabilidad como tal efecto distinto.

Afirmamos, además, que esta anulabilidad por contravención va a estar relacionada con un interés general, por contraposición al interés privado que normalmente caracteriza a esta figura. Así, por ejemplo, si declaramos la anulabilidad de un contrato de compraventa porque la parte vendedora se ha visto afectada por un vicio del consentimiento, esta anulabilidad va a obedecer al interés particular de la persona que se ha visto afectada por tal vicio, y será alegado por la misma en la medida que así lo estime. En la anulabilidad por contravención habrá, por encima del interés particular que pretenda hacerla valer, un interés general o un precepto constitucional superior que será el que, igualmente, haga que sea declarado este acto o contrato nulo.

Más allá de lo referente a la causa que la desencadena (contravención a norma imperativa o prohibitiva) y al interés al cual tiende a proteger o amparar (interés superior o constitucional), no existe otra diferencia sustancial en esta anulabilidad como efecto distinto para el caso de contravención.

Los caracteres de esta figura serán la nota esencial para determinar que estamos ante una anulabilidad. Con ello nos referimos a que no podemos pretender hablar de anulabilidad por contravención si ésta no es entendida como tal régimen de ineficacia con los caracteres que ella comporta, tales como: provisionalidad, ineficacia provocada, plazo de cuatro años de caducidad, posibilidad de confirmación o convalidación, restricción de legitimidad a la parte afectada, (por decirlo de manera muy resumida). La posible existencia, (cuestión que no negamos), de otros caracteres diferentes a estos señalados, hace que nos encontremos ante un distinto régimen de ineficacia, si se quiere sui generis, pero no sería propiamente una anulabilidad. Esta afirmación la realizamos en relación a la confusión de términos existentes. La aparición en la actualidad de figuras mixtas o híbridos, aplicables igualmente a la contravención de normas imperativas, catalogados, por tanto, como tales efectos distintos del art. 6.3 CC, deben ser tenidas, como medidas “especiales” o “sui generis” en cuanto nuevos regímenes de ineficacia contractual, pero no son identificables con las figuras clásicas ya recogidas.

Pensamos que esta confusión de términos es la que ha provocado que se hable de anulabilidad o de contrato anulable cuando únicamente participa, en relación a esta figura, del carácter de legitimación restringida a una parte de la contratación. Estaremos aquí ante cosas distintas, ante figuras especiales, como pueda ser la que ya VÁZQUEZ DE CASTRO llamó nulidad con legitimación restringida, y no ante una anulabilidad, al ser imprescriptible, alegable de oficio, y participar de todos los caracteres de la nulidad absoluta, con la salvedad del ámbito de legitimación activa que se mantiene restringido.

El argumento de que las causas que provocan la anulabilidad son taxativas y que estamos, por tanto, ante un numerus clausus, no puede mantenerse para intentar negar la existencia de la anulabilidad por contravención, ya que ésta sale de la esfera del interés particular para tener reflejo en otra esfera de ámbito más amplio (la de las normas imperativas y el interés general). Obedece a la aplicación de una consecuencia jurídica, en este caso, un determinado régimen de ineficacia contractual, que responde, de forma excepcional, a una adecuación a la finalidad de la norma contravenida. La aplicación de otra consecuencia puede no ser útil para borrar aquellos efectos producidos por la contravención, o frustrar en sí misma, la función que dicha norma imperativa tiene encomendada.

Un ejemplo de anulabilidad por contravención, que funciona, por tanto, como efecto distinto para el caso de contravención, lo tenemos en el supuesto  del art. 166 CC. Este precepto recoge la necesidad de recabar autorización judicial para llevar a cabo la enajenación de bienes del menor por sus padres o tutores. Si se realiza un contrato enajenación de bienes del menor por el padre de éste, contraviniendo esta norma imperativa, el contrato debería ser un contrato nulo.  Pero esta declaración de nulidad absoluta podría ir en contra de la finalidad de la norma imperativa que impone la preceptiva autorización, ya que lo que la norma pretende es que se observen una serie de garantías en este ámbito, para que estas actuaciones no perjudiquen el interés del menor. Si el contrato favorece al menor, la declaración de nulidad absoluta, por ejemplo, de oficio, o por alegación de cualquier interesado, no se hace necesaria. La finalidad de la norma imperativa no persigue que los efectos producidos sean borrados y se tenga el contrato como no realizado. Lo importante será el mantenimiento de su validez para el caso en que beneficie al menor, que sólo sea anulable por el propio menor o por su representante legal en la medida que éste le perjudique, así como que se pueda convalidar con la obtención de la posterior autorización necesaria.

Es entonces muy importante en el ámbito de esta anulabilidad la restricción de legitimación a una parte contractual, pero también, la consideración del contrato como válido si no es anulado y su posible “sanación” en la medida que beneficie al interés del menor.

La restricción de legitimación activa a una parte de la relación contractual no obedece a un carácter punitivo o sancionador. No existe una actuación positiva del legislador para castigar o reprimir a la otra parte, porque, por ejemplo, sea la causante del vicio, sino que obedece a razones de simple protección a la parte dotada de esta facultad. La afirmación en contrario nos llevaría a dotar de legitimación para alegar la anulabilidad a quien no tuvo ninguna conducta culpable, valorando entonces factores subjetivos de reprochabilidad, o proporcionalidad de la medida conforme a la gravedad de la conducta realizada.

Como hemos afirmado, en la actualidad se está procediendo a una flexibilización de los diferentes regímenes de ineficacia contractual, apareciendo figuras híbridas, que no responden totalmente a las características de las figuras existentes, sino que participan de caracteres de varias de ellas o tienen una peculiaridad determinada en cuanto a su posible aplicación.  De esta manera, podemos hablar de una figura nueva que está operando de forma particular en un concreto ámbito de la contratación. Nos referimos a la llamada nulidad parcial relativa. Nosotros preferimos decantarnos por el concepto de nulidad parcial con legitimación restringida, por ser ésta la característica más significativa en la figura que vamos a comentar.

La nulidad parcial con legitimación restringida es una clase de nulidad parcial sui generis, manifestación de una mezcla de figuras, de funcionamiento o clases: estamos ante una nulidad parcial por mandato de la ley, en la medida que es recogida por un precepto en concreto, y de una  nulidad parcial para evitar el fraude de ley porque se impone para que la finalidad protectora de la norma no se vea frustrada. Puede ser también considerada aplicación efectiva del art. 6.3 CC, como efecto distinto para el caso de contravención o nulidad parcial por contravención. También se trata de una nulidad que participa de los caracteres de la nulidad absoluta, pero que tiene  legitimación restringida a una parte de la contratación.

Un ejemplo de la aplicación de esta nulidad parcial con legitimación restringida lo encontramos en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y en la Ley General para la defensa de Consumidores y Usuarios, concretamente en el art. 8 y art. 10 bis, respectivamente. Conforme al art. 8 LCGC, serán nulas las condiciones generales abusivas  entendiendo por tales y por remisión al art. 10 bis LGDCU aquellas estipulaciones no negociadas individualmente  que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Sin la existencia de estos preceptos entraría en juego la autonomía de la voluntad con los únicos límites que para la misma establece el art. 1255 CC.

Cuando la condición general resulte abusiva será declarada nula, pero no el resto del contrato que se mantiene válido. Además, se interpreta que sólo está legitimada para declarar la nulidad parcial de la cláusula la parte protegida por la norma, y en este sentido, estamos ante una nulidad parcial con legitimación restringida para hacerla valer. Pero esta nulidad parcial participa de los caracteres de la nulidad absoluta, aunque sea sólo aplicable a una cláusula determinada.

El art. 6.3 CC se establece entonces como un precepto abierto, susceptible de una interpretación flexible, una especie de cláusula general que el Título Preliminar hace aplicable a cualquier ámbito del Derecho. El hecho de que el legislador recogiese la consecuencia  de la nulidad absoluta explícitamente no impide que pueda aplicarse cualquier otro régimen de ineficacia contractual que no sea éste, de ahí que el art. 6.3 CC hable de “otros efectos distintos para el caso de contravención” distintos a esta nulidad absoluta.La función del precepto que comentamos es simplemente la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la infracción, privar de efectos a aquel acto que  intentó nacer violando una prescripción legal que es de cumplimiento obligatorio, y tenerlo como si nunca hubiera existido. La función que tiene el art. 6.3 CC es una función de reafirmación de la validez de las normas; cualquier otra consecuencia jurídica que pretenda algo más que una reafirmación normativa, como pueda ser castigar o resarcir los daños producidos por la infracción legal, tendrá su fundamento en otros preceptos del Código civil pero no en el art. 6.3 CC. Si entendemos por sanción aquella consecuencia jurídica a la contravención legal que tiene una función punitiva, este precepto analizado no puede considerarse el punto de partida para el establecimiento de un régimen sancionador en el Código Civil.

Notes de base de page numériques:

1AMORÓS GUARDIOLA, M., Comentarios a las reformas del Código Civil, el Nuevo Título Preliminar del Código Civil y la Ley de 2 de mayo de 1975, vol. I, Madrid, 1977, pág. 325
2 CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho Civil Español Común y Foral, duodécima edición,  Madrid, 1986, pág. 405 y ss. De esta manera, las normas imperativas pueden ser: preceptivas, que son las que establecen una conducta positiva de obligado cumplimiento, y prohibitivas, que son aquellas que prohíben la realización de una determinada actividad. Se infringe la norma preceptiva mediante una conducta omisiva de no realización de la conducta debida, y se infringe la norma prohibitiva mediante una conducta positiva, de realización de aquello que la norma prohíbe. La contravención a normas prohibitivas será la que, en mayor medida, llevará aparejada una consecuencia de nulidad, puesto que esta contravención se realiza mediante actos jurídicos positivos, mientras que, por el contrario, no cabrá hablar de nulidad en la vulneración de normas preceptivas ya que esta contravención se realiza mediante conductas omisivas. Vid. también BOBBIO N., Teoria della Norma Giurídica, Torino, 1958, pág. 187, “Alla violazione si dà il nome di illecito. L’illecito consiste in un’azione quanto la norma é un imperativo negativo, in una omissione quando la norma é un imperativo positivo. Nel primo caso, si dice che la norma non é stata osservata, nel secondo che non é stata eseguita”, DE CUPIS, A., Teoría y Práctica del Derecho Civil, traducción por Juan Martínez Palencia, Barcelona, 1960, págs. 12  y 13, “...son normas prohibitivas, las que imponen un comportamiento negativo, o sea, de abstención, en tanto que las normas imperativas prescriben un comportamiento positivo; la libertad de no hacer se halla limitada por las normas imperativas con la imposición de una obligación de hacer y la libertad de hacer, queda limitada con las normas prohibitivas mediante la prescripción de una obligación de no hacer”, PENA LÓPEZ, J.Mª., “Sobre el fundamento legal de la necesidad del carácter cogente de la norma contravenida para los supuestos de nulidad de pleno derecho del art. 6.3 del CC”, en AC 1990-2, núms. 18 a 30, pág. 245, en el mismo sentido, MANRESA Y NAVARRO, J.Mª, Comentarios al Código Civil, tomo I, Madrid, 1956, comentario al art. 4, pág. 170, “(...) respecto de las preceptivas de actos positivos, cuando se violan con omisiones, no existe evidentemente materia para la nulidad; pero sí la hay en el caso de verificarse los actos en forma distinta de la preceptuada”.
3 En este sentido la mayoría de la doctrina como GARCÍA VALDECASAS, G., Parte General del Derecho Civil Español, primera edición, Madrid, 1983, pág. 75, LACRUZ BERDEJO, SANCHO REBULLIDA Y LUNA SERRANO, Elementos de Derecho Civil, vol. I, nueva edición revisada por Jesús Delgado Echeverría, Barcelona, 1988-1990, pág. 225 y 226, PUIG I FERRIOL, L., Manual de Derecho Civil I, Introducción y Derecho de la Persona, Madrid, 1997, pág. 86.
4 BONET CORREA, J., “Los actos contrarios a las normas y sus sanciones”, en ADC, 1976, pág. 311.
5 La vulneración de la norma administrativa va a tener trascendencia en el ámbito civil y será por ello por lo que, entendemos, puede ser declarada la nulidad civil del contrato o estipulación pactada.
6 Interpretaciones jurisprudenciales que aparecen en sentencias antiguas como STS de 19 de octubre de 1944 y 8 de abril de 1958, y que se mantienen hasta la fecha.
7 Las interpretaciones doctrinales se manifiestan en el sentido de no exigir que de forma expresa aparezca recogido el “efecto distinto para el caso de contravención”; hablan de un “efecto distinto virtual”, y ello en concordancia también con la interpretación restringida de la nulidad absoluta. Vid. CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho Civil Español, Común y Foral, duodécima edición, Madrid, 1986, pág. 594.
8 También ocurre esto en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, o la Ley de Venta de Bienes Muebles a plazos, donde se fija esta consecuencia de nulidad parcial del contrato con la eliminación de la cláusula o estipulación que vulnera la norma imperativa
9 GÓMEZ DE LA ESCALERA, C., La nulidad parcial del contrato. Doctrina y Jurisprudencia, Madrid, 1995, págs. 48 y 49: “Estudiar la nulidad parcial contraponiéndola a la nulidad total supone atender exclusivamente a los efectos, a las consecuencias de la nulidad parcial, sin detenerse en su esencia y función. (…) no es adecuado catalogar a la nulidad parcial como una nulidad de menor alcance que la nulidad total, tampoco resulta correcto calificarla como sanción civil de inferior gravedad que la nulidad total”, LÓPEZ FRIAS, A. M., “Clases de nulidad parcial del contrato en Derecho Español”, en ADC,1990, pág. 853, admite la figura de la nulidad parcial y recoge sentencias como la  STS de 24 de noviembre de 1983, 3 de diciembre de 1984, 11 de marzo de 1985, 22 de abril de 1988.
10 DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio jurídico, Madrid, 1997, págs. 491 y ss., DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Patrimonial, I, Teoría del contrato, vol. I, Madrid, 1993, pág. 455 y ss., GORDILLO CAÑAS, A, “La nulidad parcial del contrato con precio ilegal”, en ADC, 1975, págs. 101 y ss.
11 LABANDERA Y BLANCO, V., “Nulidad, anulabilidad y rescindibilidad en el Código Civil”, en RDP, Madrid, 1914, pág. 179, DELGADO ECHEVERRÍA, J., “La anulabilidad” en ADC, 1976, págs. 1024 y ss., DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., “La anulabilidad de los contratos” en Libro Homenaje al Profesor J.L. Lacruz Berdejo, vol. II, Barcelona, 1993, págs. 1121 y ss. Se trata de contratos plenamente válidos pero con un vicio que afecta específicamente a una de las partes intervinientes del contrato. En razón a ello, se da esta restricción de legitimación. No tiene sentido que la persona que provoca el vicio del consentimiento, la que actúa con dolo o con intimidación, o la que provoca la violencia en la contratación, o  se vale de la minoría de edad de la parte con quien contrata, puede hacer valer la anulabilidad. Al considerar los contratos anulables plenamente válidos pero con una validez y eficacia provisional hasta que no sea ejercitada la acción de impugnación o trascurra el plazo para hacerla valer, podríamos considerar la actuación de esta parte como un actuación contraria a sus propios actos, cuestión que no puede ser aplicada respecto a los actos o contratos totalmente nulos, ya que son considerados ineficaces o inválidos desde el principio. No cabe alegar la doctrina de los actos propios frente a actos que no tienen validez por sí mismos, sino, únicamente frente actos válidos, como afirman las SSTS de 31 de diciembre de  1931, 22 de febrero de 1946, 6 de abril de 1954, 30 de mayo de 1954.

Pour citer cet article :

Belen María Casado Casado. «EL ART. 6.3 CC, ¿PUNTO DE PARTIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL CÓDIGO CIVIL?». principal, 2006 (Especial Coloquio)NUL. Estudios sobre invalidez e ineficaciaNulidad de los actos jurídicos
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