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Mª Isabel Mondéjar Peña

LA REVOCACIÓN DE LAS DONACIONES POR INGRATITUD ANTE LA NEGATIVA INJUSTIFICADA A PRESTAR ALIMENTOS AL DONANTE

Extracto

En la presente comunicación se pretende analizar la forma en que se ha articulado en el derecho civil común español la carga de prestar alimentos por parte de los donatarios, cuando el donante se encuentra en una situación de necesidad, y si esta situación de dependencia personal y/o económica requiere alguna reforma legislativa que la adecue a la nueva realidad social, sobre todo en lo referente a la legitimación activa para la reclamación de los alimentos debidos y para instar la revocación de la liberalidad efectuada. La materia objeto de nuestro análisis constituye un espacio digno de atención por los operadores jurídicos, ya que la fragilidad de las personas dependientes personal y/o económicamente, constituye un excelente caldo de cultivo para que sus derechos resulten desconocidos. Además, como los recursos públicos no son ilimitados, ante los nuevos cambios sociales, es preciso arbitrar un conjunto de medidas que posibiliten un reparto equitativo de los mismos entre los más necesitados.

La donación por su propia naturaleza es irrevocable. Su ineficacia sobrevenida sólo lo es por excepción, en virtud de las causas especialmente determinadas por la ley, dentro de las cuales se encuentra la ingratitud mostrada por el donatario al donante.

La revocación de donaciones por ingratitud del donatario constituye, a juicio de la mejor doctrina, un instrumento para otorgar relevancia jurídica al arrepentimiento que la conducta del favorecido por la liberalidad provoca en el donante y que la conciencia jurídica considera del todo justificado1.

No todas las situaciones, que pudieran catalogarse como de conducta ética y socialmente reprochable, constituyen por sí una causa legal que justifique la revocación prevista en el art. 648 del Código civil. No toda ingratitud del favorecido con el desplazamiento patrimonial hacia su benefactor ha de jugar para revocar tal acto jurídico. Situaciones en principio de desafecto, por carecer de relación con el donante, la falta de comunicación y cuidado familiar, si bien pueden catalogarse como una conducta ética y socialmente reprochable, no constituyen causa de revocación2.

Dentro de las causas que permiten que un donante revoque la donación por causa de ingratitud ex art. 648 del Código Civil se encuentra el hecho de que el donatario niegue indebidamente los alimentos al donante3. De acuerdo con el citado precepto si el necesitado de alimentos fue un donante de bienes y el donatario incumple la obligación de prestárselos, a pesar del principio de intangibilidad de las donaciones, podrá instar la revocación de la liberalidad, para de esta manera poder sufragarse sus necesidades4.

Cuando de posibilitar la revocación de una donación se trata, como ha puesto de manifiesto la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 27 de febrero de 2002 (JUR 2002, 126454), no puede interpretarse la obligación de alimentos en forma extensiva, incluyendo toda clase de cuidados y atenciones, incluso las de naturaleza afectiva, sino las específicas del art. 142 del Código civil, comprensivo de lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

Tampoco en esta carga de pagar alimentos debe operar los mismos límites, como las necesidades del alimentista y los medios del alimentante, que en la obligación legal de alimentos5. Su contenido estará en función de la cuantía de la donación, no pudiendo rebasar el valor de la misma6.

En relación con la naturaleza jurídica de esta causa de revocación como declara DE LOS MOZOS7 este supuesto presenta el carácter de causa implícita  que surge ex lege, la cual por su propia naturaleza no requiere su constancia en la escritura de donación.

En torno a la doctrina sentada por los Tribunales sobre los alimentos que motivan la revocación, según la sentencia de la Audiencia Provincial de la Coruña (Secc. 6ª), de 8 de octubre de 2002 (JUR 2003, 52572), estos son aparte de los que pudieran haberse impuesto específicamente en la donación, o los que derivan de las disposiciones sobre la institución alimenticia, los derivados de deberes morales de gratitud hacia el donante, como se deduce de la doctrina y jurisprudencia. Lo que origina, como reconoce la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, sec. 9ª, de 26 de febrero de 2002 (EDJ 2002, 15829), que en ocasiones, si el donatario es el descendiente, éste tenga una doble fuente obligacional de prestar alimentos, una legalmente impuesta por el inmediato parentesco que une a los litigantes y otra por la donación recibida de su ascendiente.

El Código Civil, no dedica ningún precepto a regular esta supuesta obligación de alimentos del donatario8, a diferencia, por ejemplo, de lo dispuesto en el Código Civil Italiano9. A juicio de algunos autores sin duda existe dicha obligación alimenticia10, puesto que, de no cumplirla, esto es, si le niega indebidamente los alimentos, el donante podrá revocar la donación al constituir una causa de ingratitud11. Otros autores, por el contrario12, consideran que dicho precepto no encierra una obligación de alimentos a cargo del donatario, sino que simplemente posibilita la revocación de la donación cuando el donatario, ya obligado conforme al art. 143 del Código civil, deniega indebidamente los alimentos al donante necesitado13, lo cual determina que si las necesidades alimenticias son cubiertas por la administración o por un tercero, estos no se encontrarán legitimados para exigir al donatario que les reembolse el valor satisfecho.

La concurrencia de una causa de revocación ha de concretarse en una específica obligación de alimentos, con prueba de las circunstancias que eventualmente darían lugar a ello, en concreto: una situación de necesidad de alimentos por parte del donante, un requerimiento o petición al donatario de forma judicial o extrajudicial14 y una negativa injustificada de éste a prestarlos15.

Si las necesidades alimenticias del donante son imputables a su propia conducta, por analogía con los arts. 143 y 152 del Código civil, aunque el donatario le niegue alimentos no podrá aquel revocar la donación por ingratitud, ya que se trataría de alimentos indebidos.

En el caso de concurrencia del donatario con otras personas obligadas a prestar alimentos, se plantea si la revocación de la donación tiene un carácter subsidiario frente a la reclamación de alimentos a los familiares16, o si como opinan DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, el beneficiario de la donación está obligado en primer lugar17.

También resulta cuestionable si resulta ajustado a derecho que el donante pueda exigir el pago de los alimentos a alguno de sus  parientes tras haber hecho una cuantiosa donación a otro de ellos. A mi juicio, la prestación de los alimentos corresponde hacerla en primer lugar al donatario ingrato, pues la obligación de alimentos tiene carácter subsidiario; es el último recurso al que se acude sólo después de haber agotado cualesquiera otras fuentes para cubrir la necesidad del alimentista.

Si varios fueran los donatarios que pudieran verse afectados por la revocación por ingratitud cabría sostener que lo lógico sería otorgar la posibilidad de revocar las donaciones de todos los ingratos.

Como puede observarse son muchas las cuestiones que plantea la revocación ante el incumplimiento de la carga de prestar alimentos, de todas ellas esta comunicación se va a centrar en la problemática de la legitimación activa.

La revocación no se produce automáticamente sino que el donante está autorizado para pedirla cuando el donatario haya incumplido la carga de prestar alimentos. Además de no producirse ipso iure, la revocación requiere ser ejercitada judicialmente. En efecto, las causas de revocación originan una acción a favor del donante que deberá ser ejercitada antes de que prescriba, lo cual tiene lugar en el término de un año, contado desde que el donante tuvo conocimiento del hecho y posibilidad de ejercitar la acción.

El donante lo mismo que puede arrepentirse de la donación efectuada a favor del donatario que ha resultado ingrato y, revocarla,  puede, por el contrario, perdonar el comportamiento que justifica la revocación, en forma expresa o tácita18, y no revocar la donación. También puede modificar la donación reduciéndola, por ejemplo recuperando el usufructo. Lo que no puede hacer el donante, como expresa el art. 652 del Código civil, es renunciar anticipadamente a ejercitar la acción de revocación.

En el Código civil tanto la titularidad del derecho a los alimentos, como la potestad de revocar la donación por causa de ingratitud se articula como facultades cuyo ejercicio es inherente a la persona del necesitado; de donde cabe deducir la intransmisibilidad del derecho y la imposibilidad de que un tercero distinto del titular lo ejercite (ex art. 151. I, 1814 y 1111 del Código civil)19, lo que significaría que nadie, excepto el donante, se encontraría legitimado para instar dicha revocación, pues como se ha dicho por la doctrina la decisión de revocar tiene un carácter personalísimo20.

La acción revocatoria sólo podrá ser ejercitada por los representantes legales del donante, si antes de resultar incapacitado hubiera manifestado su propósito de hacerlo y contara con la debida autorización judicial (art. 272.3 CC). De no haber manifestado su voluntad en tal sentido deberá sostenerse que el representante legal carecerá de legitimación, en concordancia con la regla del art. 653.1 del Código civil que dispone que no se transmita esta acción a los herederos del donante, si éste, pudiendo, no la hubiese ejercitado21.

Este entendimiento restrictivo en la legitimación para la revocación da lugar a que se plantee si ante una situación de necesidad la revocación de la donación podría ser instada por los demás obligados a prestar alimentos, e incluso por los servicios sociales obligados a sufragar en último término las necesidades básicas de las personas sin recursos. Pensemos en una persona que realiza una gran donación a una sobrina y que carece de más recursos. Una enfermedad le impide ser autosuficiente, y solicita el ingreso en una residencia pública. La cuestión que se plantearía sería ¿podría la Administración investigar estos actos de disposición de su patrimonio, realizados con anterioridad a que surgiera la situación de necesidad, e instar la revocación de dichas liberalidades si sus recursos económicos no bastaran para el pago de estos servicios asistenciales?

Tradicionalmente, cuando una situación de necesidad era padecida por un miembro de la familia, se consideraba que por la propia naturaleza de las cosas correspondía a ésta dar solución a los problemas que dicha situación originaba, por lo cual parecía oportuno limitar la intromisión de terceros en asuntos que resolvían dentro de la familia, dentro de los cuales podría encontrarse la reclamación de los alimentos o la revocación de alimentos por causa de ingratitud. Sin embargo, en la actualidad, determinadas circunstancias obligan a la sociedad a plantearse si es oportuno seguir dando una satisfacción casi exclusivamente privada a muchas de las necesidades cubiertas por la institución alimenticia o si, por el contrario, debe entenderse que la situación de dependencia personal y/o económica constituye un nuevo riesgo social que debe ser cubierto por medio de recursos públicos con independencia de que existan personas obligadas a prestar alimentos22.

Muchos autores han llamado la atención acerca de la obligación legal de alimentos23 y los numerosos problemas que esta institución tradicional tiene que afrontar, no sólo por la situación demográfica actual y probablemente futura24, y porque el modelo de familia española está siendo objeto de profundos cambios25, sino también por la incidencia del estatuto jurídico constitucional establecido fundamentalmente en los artículos 41, 49 y 50 CE26.

Las transformaciones familiares están dando lugar a que necesariamente los necesitados de alimentos deban realizar un claro «ajuste de expectativas»27 y a que la sociedad española, ante el devenir de los acontecimientos, se conciencie de la necesidad de políticas adecuadas para la atención de estas situaciones sociales.

Existen graves problemas para que la ayuda intergeneracional satisfaga todas las necesidades que aparecen. La incorporación de las mujeres al mundo laboral ha provocado una crisis en los sistemas de apoyo informal28 que estas mujeres prestaban a los miembros de la familia en situación de dependencia. Es una realidad social innegable que las mujeres han sido las que se han ocupado de cuidar a los necesitados de la familia e incluso, paradójicamente, han atendido a personas respecto de las que no se encontraban obligadas29. Hoy la imposibilidad de continuar con estas tareas da lugar, en muchas ocasiones, a que el necesitado deba ser internado en una residencia o que terceros le ayuden en los quehaceres diarios, lo cual tiene un importante coste económico30.

A pesar de la preocupación del Estado por satisfacer las necesidades alimenticias, lo cierto es que los recursos públicos son limitados, de ahí que la propia Constitución en su art. 50 disponga en relación con los mayores que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”31.

Resulta imprescindible realizar una correcta distribución de los recursos públicos  entre los distintos necesitados, lo que requiere contar también con el patrimonio del necesitado y arbitrar fórmulas de copago cuando son requeridas prestaciones sociales tendentes a paliar las necesidades cubiertas por la prestación alimenticia, por ejemplo, cuando se solicita la entrada en una residencia de la tercera edad.

El Estado tiene hoy asumida la función de poner remedio a las situaciones de necesidad de todos los ciudadanos a través de la Seguridad Social o de la Asistencia pública, en la medida en que remedia estas situaciones, disminuyen los supuestos que desencadenan la deuda alimenticia entre parientes. A pesar de ello, la obligación de alimentos sigue teniendo gran importancia práctica, porque las prestaciones oficiales ni alcanzan a todos los ciudadanos en todas sus necesidades, ni las cubren inmediatamente32.

Resulta necesario arbitrar fórmulas de financiación tanto públicas como privadas para la satisfacción de estas necesidades. El poder público debe poder contar con las aportaciones que determinadas personas deben realizar para contribuir a la satisfacción de las necesidades, dentro de las cuales se encontraría no sólo el poder subrogarse en la posición del alimentista en la reclamación y reembolso de las cantidades debidas por el deudor de los alimentos33, sino también en la posibilidad de instar la revocación de las donaciones que el necesitado pudiera haber hecho, cuando el donatario no presta los debidos alimentos. Recurrir a esta fuente de financiación puede tener su importancia pues no resulta extraño que durante la vida y, sobre todo en la etapa final las personas realicen importantes donaciones o ventas simulados de sus bienes quedando, en caso de ingratitud de los beneficiarios, a cargo de los servicios sociales su satisfacción, por ello cuando se soliciten estas ayudas públicas el conocimiento de la situación patrimonial del peticionario debería completarse con una declaración de las modificaciones patrimoniales más sustantivas que justificarían un derecho de reembolso de los obligados a prestar alimentos e incluso una posible revocación de la liberalidad.

- La familia debe continuar siendo la célula básica de la sociedad, pues la solidaridad de sus miembros no puede en modo alguno ser sustituida por la solidaridad social. Las obligaciones públicas deben coexistir con las obligaciones familiares; ambas son compatibles y las públicas  tienen le función de aligerar la carga que para la familia puede significar la existencia de un dependiente económica y/o personalmente.

- Si el sistema de ayudas públicas se configura como subsidiario de la satisfacción de alimentos por parte de los obligados, resulta preciso que estos sean reclamados judicialmente si no existe un cumplimiento voluntario por los obligados. Pero como la reclamación judicial de los alimentos resulta prácticamente desconocida en nuestros tribunales, las Entidades públicas deben poder subrogarse en la posición del acreedor de los alimentos para poder exigir su constitución y el pago de la obligación alimenticia.

- La evitación de esa situación de desamparo requiere la  interrelación de los profesionales sanitarios, trabajadores sociales, juristas, etc., que permitirá que sean detectadas las situaciones de necesidad a las que dar una adecuada solución.

- En justa correspondencia con la asunción por parte del Estado de cada vez mayores obligaciones con los necesitados, es justo dotarle de poderes que le permitan exigir la colaboración económica por parte del obligado a prestar alimentos tras la existencia de una donación, so pena de la revocación de la liberalidad, para conseguir una distribución equitativa de los recursos públicos, evitando un abuso en su utilización.

- Como los recursos públicos no son ilimitados ante los nuevos cambios sociales  es preciso arbitrar un conjunto de medidas que posibiliten un reparto equitativo de los mismos entre los más necesitados, dentro de las cuales podría llevarse a cabo una revisión sobre la legitimación activa para instar la revocación de la donación ante el incumplimiento del deber de prestar alimentos.

Notes de base de page numériques:

1  Al respecto vid. DE LOS MOZOS, “La revocación de donaciones por ingratitud del donatario”, Homenaje al Profesor Bernardo Moreno Quesada, Universidad de Jaén. 2000, p. 1285 y PADIAL ALBÁS, A., La obligación de alimentos entre parientes,  Bosch, Barcelona, 1997, p. 41.
2 Al respecto pueden consultarse las SSTS de 4 de noviembre de 1997 (RJ 1997, 7930) y 28 de junio de 1993 (RJ 1993, 4792). Como ha reconocido la STS de 13 de mayo de 2000 (RJ 2000, 3410) no todo acto que implique ingratitud, es suficiente para que prospere la acción de revocación de la donación, sólo los contenidos en alguno de los tres supuestos del art. 648 del Código civil.
3 La negativa injustificada a prestar alimentos también permite al donante proceder a la desheredación ex arts. 848 y ss. del Código civil.
4 Revocada la donación por causa de ingratitud, quedarán de acuerdo con el art. 649 del Código civil subsistentes las enajenaciones e hipotecas anteriores a la anotación de la demanda de revocación en el Registro de la Propiedad. Las posteriores serán nulas. En cuyo caso, el donante podrá exigir del donatario el valor de los bienes enajenados que no pueda reclamar de los terceros, o la cantidad en que hubiesen sido hipotecados. Debiendo atenderse al tiempo de la donación para regular el valor de dichos bienes. El donatario no devolverá los frutos sino desde la interposición de la demanda (arts. 650 y 651 CC). Un examen sobre los efectos de la revocación por ingratitud puede verse en  DE LOS MOZOS, J. L., “La revocación de donaciones por ingratitud del donatario”, Homenaje al Profesor Bernardo Moreno Quesada, Universidad de Jaén. 2000, pp. 1302-1304.
5 Al respecto vid. STS de 28 de julio de 1997 (RJ 1997, 5809).
6 En este sentido vid. PADIAL ALBÁS, A., op. cit., p. 43, y ALVÁREZ CAPEROCHIPI, J. A., Curso de Derecho de familia: Patria potestad, Tutela y Alimentos. Tomo II. Civitas. Madrid, 1988, p. 276.
7 DE LOS MOZOS, J. L., “La revocación de donaciones por ingratitud del donatario”, Homenaje al Profesor Bernardo Moreno Quesada, Universidad de Jaén. 2000, p. 1286.
8 A juicio de DE LOS MOZOS, José Luis, La donación en el Código Civil a través de la jurisprudencia, Dykinson, 2000, p. 323  esta norma carece de precedentes en nuestro Derecho histórico y que penetra en el texto del Código, a través del Anteproyecto de 1882-1888 (art. 647) por influencia del Derecho comparado. DÍEZ-PICAZO L., y GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil. Vol. II, 9ª ed., Tecnos, p. 316, estima que el Código civil impone un deber alimenticio al donatario por el mero hecho de la donación, como demuestran los antecedentes del precepto (art. 1.488 del antiguo Código portugués, art. 764 del Código mexicano de 1870). A su juicio sería uno de los casos en que por ley se tiene derecho a alimentos, previsto en el artículo 153. Aunque la doctrina admite que el donatario, con independencia de que venga obligado a prestar alimentos por otras razones; vínculo familiar, disposición del testador, obligación contraída contractualmente, se halla obligado a ello como consecuencia de la donación, en ocasiones se ha considerado que, no existe la misma obligación en los dos casos, pues en el supuesto del art. 648 no se trata de una verdadera obligación, sino que constituye una carga. En tal sentido vid. STS de 28 de julio de 1998 (RJ 1998, 6449).
9 Art. 437 Obbligo del donatario Il donatario  è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
10 Vid. al respecto FUENMAYOR CHAPIN, A., “La deuda alimenticia del donatario”, en Revista de Derecho Privado, 1942, y Estudios De Derecho Civil. Tomo I. Aranzadi, Pamplona 1992, pp. 395 y ss. sus argumentos históricos, de derecho comparado y de sistematización que expone para sustentar su opinión.
11 El Tribunal Supremo ha optado por una interpretación amplia en la sentencia de 28 de julio de 1997 (RJ 1997, 5809).
12 En este sentido se manifiesta PADIAL ALBÁS, A., op. cit., p. 42 declara que no tiene el donatario obligación de prestar alimentos al donante, ni puede éste último exigirlos del donatario, dado que, sólo puede revocar la donación (art. 648.3), por lo tanto, se trata, si la hay de una prestación voluntaria, natural o moral, consecuencia del animus gratitudinis o reconocimiento que el donatario debe al donante, que no admite repetitividad (art. 1901 CC).
13 Justifica MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, N.,  La obligación legal de alimentos entre parientes, 1ª ed., La Ley, 2002, p. 53, en que en ningún momento, tal precepto –ni ningún otro del Código- impone una obligación de alimentos al donatario, y desde luego tal obligación no puede presumirse, ni tampoco concede al donante la posibilidad de exigir dichos alimentos. Además considera esta autora que si el legislador hubiera querido establecer la obligación del donatario, sin duda lo habría hecho en algún precepto como lo hizo el legislador italiano en el art. 437 del Codice Civile, conforme al cual el donatario está obligado a prestar alimentos al donante con preferencia a cualquier otro obligado, salvo que la donación fuera remuneratoria o por razón de matrimonio.
14 No es necesario que los alimentos hayan sido reclamados judicialmente, basta que la negativa se prueba por cualquier medio. Tampoco es preciso, a mi juicio, para que proceda la revocación, el hecho de que haya quedado el donante sin alimentos, si otra persona se los hubiese prestado.
15 Precisamente la falta de prueba de que existió la negativa a prestar alimentos dio lugar a la desestimación de la petición de revocación de la donación en la STS de 11 de octubre de 1989 (RJ 1989, 6908). Dado que la revocación constituye una sanción personal que sólo sufre el donatario ingrato parece que la revocación no podrá pedirse frente a los herederos del donatario de acuerdo con lo dispuesto en el art. 653.2 CC.
16 Algunos autores consideran que éstas quedarán obligadas antes que aquél, al ser la obligación de alimentos nacida de la donación de carácter subsidiario, también por la mayor fuerza que tiene el vínculo legal sobre el nacido de la donación, e incluso a juicio de DÍAZ ALABART, S., Comentario al art. 648 del Código Civil, Comentarios al Código Civil. Ministerio de Justicia, 1993, p. 1645 existe una razón práctica, el que precisa alimentos los necesita con urgencia y la vía de reclamárselos al donatario es indirecta, más lenta que la de pedirlos al que por ley o pacto, tiene esa obligación.
17 DÍEZ-PICAZO L., y GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil. Vol. II, 9ª ed., Tecnos, p. 317 estiman que no señala el Código civil si esta obligación alimenticia del donatario es subsidiaria de la obligación alimenticia legal entre parientes. Parece que hay que considerar a la primera como una especie de recursos propios del donante, que tiene su fuente en un empobrecimiento anterior de su patrimonio hecho voluntariamente, por lo que deberá ser objeto de la obligación alimenticia legal lo que falte para cubrir sus necesidades.
18 En muchas ocasiones, a pesar de que concurran las circunstancias que legitimarían la revocación de la donación, muchas razones justifican que el donante no opte por que resulte ineficaz: falta de valor de enfrentarse al obligado, cariño paterno-filial, necesidad del propio donatario, interés por no resultar una carga para el donatario, etc.
19 Al respecto vid. RIBOT IGUALADA, J., Alimentos entre parientes y subsidiariedad de la protección social, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 102. A juicio de este autor esta regla constituye un límite infranqueable en la interpretación de los arts. 1894 I y 148 III CC.
20 EGEA FERNÁNDEZ, J., L’acció de repetició contra el deudor d´aliments. Solidaritat familiar i prestacions assistencials públiques”, RJC 96 (1997), pp. 636-637 de que el Código civil parte del principio en relación con la reclamación de alimentos trasladable a la revocación de las donaciones de no interferencia de los terceros en las relaciones familiares, situación que provoca que el eventual reembolso de los gastos dependerá de la voluntad del interesado de revocar la donación y/o dirigir la acción de alimentos contra sus parientes, lo cual como ya hemos indicado puede que no esté dispuesto a hacer, precisamente por ello resulta destacable que se haya tenido que reconocer en Cataluña, cuando el sujeto recibe prestaciones sociales públicas que la entidad pública pueda entablar la acción de alimentos contra los parientes de la persona a quien han acogido (art. 261 in fine CF).
21 La STS de 29 de noviembre de 1969, nº 649/1969. Pte: Rodríguez-Solano y Espín, Federico declara en el Fundamento de Derecho Segundo ”Que aun cuando por lo general la acción derivada del artículo 648 del Código Civil presenta un carácter eminentemente personal, según se reconoció en la máxima jurídica "Actionem...ita personalem essevolumus ut vindicationis tantum habeat effectumnec tribuatur heredi" (Ley 7, título LVI, libro III, Código) en la Ley X, título IV de la partida V, y, en nuestra antigua jurisprudencia (sentencia de 16 de diciembre de 1867), no por ello debe olvidarse que su finalidad se dirige a dotar al donante de un medio coactivo y psicológico para obligar al donatario al cumplimiento de los deberes morales que el "ius gratitudinis" le impone y que presenta las características de una verdadera sanción penal de tipo económico, cuyos efectos pudieran verse frustrados cuando su titular se viera impedido para utilizarla por causas ajenas a su voluntad, razón por la cual nuestro Código Civil, que sustenta aquel restringido criterio en sus artículos 647, 648 y 652, al exigir que la revocación se obtenga a instancia del donante, lo suaviza, en cambio, cuando redacta el 653 en el sentido de que dicha acción no se transmitirá a los herederos del mismo "si éste pudiendo no la hubiere ejercitado" con lo que atempera el éxito o la ineficacia de la transmisión a la posibilidad de su ejercicio por parte del primitivamente legitimado, circunstancia que, al igual que los actos expresivos de la voluntad más o menos decidida de revocar tal acto de liberalidad, constituyen cuestiones de hecho encomendadas a la libre apreciación de los Tribunales de instancia...”.
22 Las políticas sociales de la Unión europea inciden necesariamente en el ámbito de la protección a las personas de la tercera edad; aparte de la Carta Comunitaria de Derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989, en la que se incluye el derecho a las pensiones de jubilación correspondientes, y del Título XI del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de 25 de marzo de 1957 (versión consolidada tras la modificación del Tratado de Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997, y de Niza, de 26 de febrero de 2001), que aborda la acción comunitaria en relación con las políticas sociales, son de interés la Recomendación del Consejo de 24 de junio de 1992, sobre criterios comunes relativos a los recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social (92/ 441/ CEE) y la Recomendación del Consejo de 22 de julio de 1992, relativa a la convergencia de los objetivos y de las políticas de protección social (92/ 442/ CEE).
23 Cuestión que presenta un gran interés, no sólo por su actualidad al existir un amplio debate social por los trabajos preparatorios de la futura Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, cuyo proyecto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de abril, sino también porque se trata de un espacio digno de atención por los operadores jurídicos, pues la fragilidad de las personas mayores y de los dependientes personal y/o económicamente, constituye un excelente caldo de cultivo para que sus derechos resulten vulnerados.
24 El análisis de la situación demográfica actual y futura, no sólo de los beneficiarios de las ayudas sino también de los obligados a prestarlas, debe condicionar el conjunto de respuestas que se den al objeto de evitar que dicha obligación alimenticia pueda llegar a constituir una carga insoportable. Junto al descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población, otro factor demográfico importante que está originando un cambio preocupante en la estructura de la sociedad del futuro resulta de lo que se ha denominado el «envejecimiento del envejecimiento», pues la longevidad de los mayores hace que haya cada vez más mayores de 65 años y que este grupo de población alcance edades más altas, lo que necesariamente implicará que cada vez haya más mayores cuidando de otros mayores.
25 Son destacables los siguientes cambios: La desaparición de la familia extensa, que proporcionaba asistencia y proveía de recursos a todos sus miembros por núcleos familiares más reducidos; La quiebra del perfil de institución permanente de la familia, que se traduce en un incremento del número de separaciones, divorcios y nuevos matrimonios; La creciente movilidad geográfica de los distintos miembros de la familia, que debilita las posibilidades de hacer efectiva la solidaridad familiar; La permanencia de los hijos en la casa familiar hasta edades que llegan a superar los 30 años, puesto que su etapa de formación se extiende cada vez más en el tiempo, lo que puede generar la convivencia en un mismo domicilio de tres o más generaciones.Y, sobre todo, los cambios profundos en la posición social de las mujeres, su incorporación al mundo laboral y, por derivación, en su rol dentro de la familia.
26 Nada o poco tiene que ver el papel que las entidades públicas desempeñaron en épocas pasadas con la función asistencial que han asumido en la actualidad las distintas administraciones (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), al objeto de dar contenido material a la consagración de España como un Estado Social. Un examen sobre la evolución del papel del ente público frente a la necesidad puede verse en MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, N., La obligación legal de alimentos entre parientes, 1ª ed., La Ley, 2002, pp. 89 y ss.
27 Los hijos ya no deben ser considerados como el báculo seguro de la vejez de los padres, como declara el Libro Blanco. Atención a las personas en situación de dependencia en España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, diciembre 2004, p. 177: «Cuando las personas que hoy han sobrepasado los 65 años de edad formaron su propia familia, la tradición dictaba el uso de que los mayores serían cuidados por sus hijos como «ley natural». Esa certidumbre social originaba que cada nacimiento de un hijo y, sobre todo, de una hija, viniera acompañado, entre otros sentimientos, por una especie de garantía o de seguro de atención en los años de ancianidad».
28 Personalmente considero que la denominación «apoyo informal» no es una expresión demasiado afortunada, pues poco apoyo es más formal que el prestado en la familia a las situaciones de falta de autonomía.
29 Según el Libro Blanco, op. cit., p. 185, el perfil típico de quienes cuidan a las personas mayores en España puede sintetizarse en la fórmula de «genero femenino, número singular»: el 83% del total de cuidadoras/es eran mujeres, y de ellas informaron no recibir ayuda de nadie para la realización de este trabajo el 61,5%. Este desigual reparto de tareas de cuidados dentro del seno familiar, por más que resulte sorpresivo, se ha agudizado con el paso del tiempo, pues en 2004 ha subido un punto el porcentaje de mujeres (84%) que son cuidadoras principales. En torno a los datos sobre la relación de convivencia según datos del Libro Blanco, p. 192 el 48,4% viven permanentemente en casa del cuidador
30 Como manifiestan SALMERÓN ALVAREZ, M., y ALONSO VIGIL, P., “Factores asociados a la institucionalización de pacientes con demencia y sobrecarga del cuidador”, Revista del Ministerio  de Trabajo y Asuntos Sociales Asuntos Sociales. Núm. 60 2006, pp. 141, la institucionalización en una residencia no ha de verse como un fracaso o una circunstancia negativa, y, cuando el nivel de cuidados necesarios en las fases avanzadas de la enfermedad no pueda ser alcanzado por la familia, la atención profesional en una residencia es la mejor opción. Actualmente muchas residencias pueden proporcionar cuidados especializados con terapia cognitiva y ocupacional y servicio de rehabilitación que destierra el antiguo concepto de asilo con todas las connotaciones negativas que lleva implícito.
31 Como todos los derechos agrupados en el Capítulo III del Título I de la Constitución, con la denominación de Principios, el citado art. 50 pertenece a esa esfera un tanto ambigua de los derechos sociales cuya efectividad depende más de la acción efectiva del Estado que del enunciado constitucional directo (art. 53.3 CE). En consecuencia, es su desarrollo normativo el que determina el alcance real del derecho, como afirma en relación con el art. 50 el Tribunal Constitucional en la STC 189/ 1987, de 24 de noviembre.
32 En este sentido vid. PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M., Derecho de Familia. Sección de Publicaciones Facultad de Derecho Universidad Complutense. Madrid, 1989, p. 627.
33 El poder público al intentar satisfacer las necesidades de los ciudadanos debe contar con las aportaciones que determinadas personas deben realizar para contribuir a la satisfacción de estas necesidades. Precisamente por ello, ante la pasividad del deudor de los alimentos parece adecuado estimar la necesidad de introducir en el Código civil  un precepto semejante al del art. 269 de la Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia de Cataluña referido a la prestación de alimentos por terceros

Pour citer cet article :

Mª Isabel Mondéjar Peña. «LA REVOCACIÓN DE LAS DONACIONES POR INGRATITUD ANTE LA NEGATIVA INJUSTIFICADA A PRESTAR ALIMENTOS AL DONANTE». principal, 2006 (Especial Coloquio)NUL. Estudios sobre invalidez e ineficaciaNulidad de los actos jurídicos
document.php?id=274
affiliation : Universidad Autónoma de Madrid

fonction : Profª. Ayudante de Derecho Civil