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María José Cazorla González

LA INEFICACIA DEL ACTO IMPUGNADO EN EL PROCESO CONCURSAL

Abstract

The declaration of inefficacy of contested acts is usually related to insolvency proceedings because of the fact that the financial difficulties of the debtor were known and the presumptions established by law, about which we will deal with in this article, for the meeting of creditors in general, and for the inheritance sharing in particular. The Spanish Law in insolvency proceedings regulates from the rescissory action the minimum requirements so that a contested act in the proceedings is considered inefficient and becomes annulled when it is prejudicial for the active mass. In fact, it contains a wider concept than the concept of patrimonial prejudice, since in isolation, an act is not considered prejudicial, given that it maintains the equivalence of the benefits. However, it might happen that if it does not respect the principle of par condition creditorum, such an act must be annulled in the sentence that considers the action, where the inefficiency will be declared, stating the return of the benefits, together with their profits and interests. We will deepen in the presumptions of article 71: iuris tantum e iuris et de iure.

Extracto

Los procesos concursales contemplan frecuentemente la declaración de ineficacia de actos impugnados con relación al conocimiento de la situación económicamente comprometida del deudor y las presunciones que respecto de ellas establece la norma, y sobre las que profundizaremos en este trabajo tanto para el concurso de acreedores en general, como para concurso de la herencia, en particular. La Ley Concursal regula desde la acción rescisoria los requisitos necesarios para que un acto impugnado dentro del procedimiento, se califique de ineficaz y quede rescindido cuando son perjudiciales para la masa activa. De hecho, contiene un concepto más amplio que el de perjuicio patrimonial; porque, de forma aislada, un acto no se considera perjudicial, pues mantiene la equivalencia de las prestaciones; aunque puede suceder que si no respeta el principio de par conditio creditorum, dicho acto deba ser rescindido en la sentencia que estime la acción donde se declarará la ineficacia condenando a la restitución de las prestaciones, con sus frutos e intereses. Para ello nos centraremos en las presunciones del art. 71: iuris tantum e iuris et de iure.

Los procesos concursales contemplan de forma habitual la declaración de ineficacia de actos impugnados con relación al conocimiento de la situación económicamente comprometida del deudor y las presunciones que respecto de ellas establece la norma.

Dicha declaración de ineficacia queda regulada dentro de las acciones rescisorias específicas del concurso en los artículos 71 a 73 de la Ley Concursal, y en relación con ellos se admite la posibilidad de ejercitar la acción rescisoria general de los artículos 1111 y 1290 y siguientes del Código civil. Bajo estos preceptos entendemos que para el concurso tienen amparo todos los actos que se realicen en perjuicio de los acreedores de la masa concursal y del principio de paridad, denominado pars conditio creditorum.

Ahora bien, aunque la regulación que Código civil recoge respecto de las acciones rescisorias complemente la acción de reintegración de la Ley Concursal, la especificidad radica en algunas diferencias sustanciales entre ellas.

En primer lugar, es factor determinante en las acciones rescisorias concursales que el acto que ha causado perjuicio a los acreedores se haya realizado en los dos años anteriores a la declaración del concurso; mientras que el Código civil otorga en el artículo 1299 que el plazo de ejercicio de estas acciones, que es de caducidad, será de cuatro años.

En segundo lugar, si analizamos los elementos necesarios para ejercitar la acción rescisoria general comprobamos que se requieren tres presupuestos: subjetivo: el fraude1, objetivo: el perjuicio, y subsidiaria: solo podrá ejercitarse cuando el interesado carezca de otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio. Prácticamente los mismos, que para la acción rescisoria ejercitada en concurso, que requiere: la subsidiariedad y el presupuesto objetivo del perjuicio, con la particularidad de que no exige que se aprecie la situación de insolvencia del deudor en el momento de realizar el acto objeto de impugnación.

Tercero, el elemento o requisito del fraude, como presupuesto subjetivo, está excluido de la acción de reintegración, pero cuando se abordan las presunciones legales, la Ley Concursal presume iuris et de iure la existencia del perjuicio cuando se trata de actos a título gratuito2 o del cumplimiento anticipado de obligaciones no vencidas –art. 71.2 LC-; e iuris tantum, cuando se trate de actos onerosos a favor de personas especialmente relacionadas o de constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistente o en sustitución de otras.

En este sentido, y a pesar de que el artículo 71 suprime el fraude como presupuesto para el ejercicio de la acción rescisoria, éste atendiendo precisamente al elemento subjetivo establecerá diferencias a la hora de la declaración del concurso, puesto que se puede declarar culpable, entonces ¿Qué ocurre con el preupuesto subjetivo del fraude?. Consideramos, que está presente tanto de forma expresa, en la declaración del concurso cuya calificación será culpable cuando queden probados los actos fraudulentos, pero que para facilitar el ejercicio de las acciones rescisorias –que se realizan dentro del mismo procedimiento del concurso- a favor de establecer mayores garantías a favor de los acreedores, se prescinde del elemento subjetivo o intención fraudulenta –art. 71.1 LC- de la fase probatoria, y las transmisiones a título gratuito se considerarán presunción del perjuicio –elemento objetivo-, lo que nos parece sosprendente, ya que traslada la voluntad de evadir un bien al hecho objetivo del perjuicio. Además, acto seguido establece que si quien contrató con el causante sabía o debía saber cuando realizó tal contratación, que el negocio era perjudicial y que se hizo cuando el deudor estaba en una situación legal comprometida, de manera, que lo que hacía era llevar a cabo un acto perjudicial para los acreedores, y es en relación a ese conocimiento, es decir, a la mala fe del acreedor, la que trae como consecuencia que el crédito se califique como subordinado3 -art. 73.3 LC-. En consecuencia, no nos parece que el elemento subjetivo del fraude haya quedado suprimido de la acción rescisoria dentro del proceso concursal, sino que ha quedado objetivado para la prueba.

Cuarto, en la delimitación del concepto de perjuicio hay que tener en cuenta la finalidad de las acciones de reintegración concursal4, pues estas acciones se dirigen a la protección de los acreedores concursales para la satisfacción colectiva de los créditos. Así, para delimitar el concepto de perjuicio es necesario atender al principio de paridad de trato: el perjuicio se ha de apreciar por referencia al conjunto de acreedores, o lo que es lo mismo, a la masa activa; no al interés individual de un acreedor singular, a diferencia de lo que sucede en las acciones de impugnación de aplicación general.

Y quinto, declarado el concurso, no es preciso acreditar la insuficiencia patrimonial del deudor: este presupuesto se presume por la misma declaración del concurso de acreedores. También El Código civil exige que el crédito del acreedor sea anterior al acto objeto de impugnación, pero este requisito no juega, cuando la acción se ejerce una vez declarado el concurso, y ello, por el principio de ejecución universal que es inherente al procedimiento concursal, esto es, que se presume por la propia declaración del concurso de acreedores la existencia de insuficiencia patrimonial.

Observamos, como las acciones de reintegración previstas en la Ley concursal vienen a sustituir el sistema de retroacciones de las quiebras, sustitución que determina que deban ser rescindidos de modo individual aquellos actos perjudiciales para la masa activa del patrimonio hereditario realizados deudor, dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, aunque no hubiera existido intención fraudulenta, siempre y cuando se haya causado un perjuicio patrimonial a la masa y se puedan haber quebrado los principios de par conditio creditorum. Del artículo 71 de la Ley Concursal no puede derivarse una exigencia de fraude a los acreedores, como ocurría con la regulación legal precedente en materia de retroacción. El perjuicio a la masa, al que alude el apartado 1 del precepto, supone una disminución del patrimonio de la concursada, que o bien reduce la solvencia y garantías que pueden determinar a los acreedores a suscribir el convenio propuesto, o la garantía universal de su crédito, si el concurso queda abocado a la liquidación. En ambos casos dicho perjuicio puede apreciarse no sólo cuando se produzca una reducción patrimonial, sino también cuando el acto perjudica a unos acreedores al situar a otros en mejor posición, por suponer el cambio de la calificación de su crédito, respecto de los demás.

En lo que al presupuesto objetivo se refire, la acción de reintegración entiende que hay daño siempre que exista perjuicio para la masa activa, pero sin que sea necesario que se de el nexo de causalidad entre el acto del deudor y la situación de insolvencia, es decir, no es requisito que el acto del deudor sea determinante de la impotencia patrimonial, pues basta con que haya dado lugar a una reducción del patrimonio o impedido un incremento para entender que hay perjuicio. Solamente cuando exista conocimiento a la hora de causar el perjuicio el concurso tendrá la calificación de culpable y si la mala fe proviniera del acreedor para evitar el principio de la par conditio creditorum, su actuación le acarreará que su crédito sea calificado como subordinado, tal y como ya hemos manifestado anteriormente.

Concretamente, la Ley Concursal entiende que las acciones de reintegración, como acciones rescisorias que son, tienen carácter subsidiario, tal y como determina nuestro Código civil en el artículo 1924. Pero para facilitar el ejercicio de las acciones rescisorias, opta por prescindir del elemento subjetivo o intención fraudulenta –art. 71.1 LC-  y no exige que se aprecie la situación de insolvencia del deudor en el momento de realizar el acto objeto de impugnación, aún a costa de la inevitable inseguridad juridica; únicamente delimita el supuesto de hecho objeto de la rescisión a aquellos actos perjudiciales que se hayan realizado por el deudor en los dos años anteriores a la declaración del concurso. En consecuencia, entendemos que todos aquellos actos que realice el deudor, podrán ser impugnados a través de los artículos 1111 y 1290 y siguientes del Código civil, y si nos hayamos en el concurso en los artículos 71 a 73 de la Ley Concursal.

En el ejercicio de las acciones de impugnación generales dentro del marco del procedimiento concursal se ha de observar lo dispuesto en el Código civil, pero el legislador concursal no ha procedido a la integración sistemática, salvo en lo que cuestiones procesales se refiere, de ahí la necesidad de realizar algunos ajustes para adaptar un régimen cuya finalidad es la tutela individual a otro cuya finalidad es la tutela colectiva, aunque no requiere necesariamente la existencia de varios acreedores para que proceda.

Todas las presunciones contenidas en el artículo 71 de la Ley Concursal son referidas al  perjuicio. En este sentido, el presupuesto de la acción rescisoria que se ejercita dentro del proceso concursal y que se regula en el apartado 1 del art. 71, exige que los actos realizados han de ser perjudiciales para la masa activa. Los apartados siguientes establece una presunción legal absoluta que no admite prueba en contrario, es decir, iuris et de iure, en el caso de actos a título gratuito y los pagos u actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso-art. 71.2 LC-.

Este es un claro supuesto donde el legislador ha plasmado lo que la jurisprudencia ha venido realizando en la práctica desde hace años, la desvinculación entre el perjuicio y el fraude en la prueba, como presupuestos objetivos y subjetivos, pero cuya conexión es latente en las legislaciones y en los procedimientos civiles y mercantiles. De hecho, creo que hemos dejado claro que aunque para el ejercicio de las acciones rescisorias dentro del ámbito concursal no se requiere el fraude como elemento para ser probado, pues basta demostrar que ha habido perjuicio, por ser un elemento más fácilmente constatable en un proceso judicial o extrajudicial que el subjetivo y garantizar así los intereses de quienes han sido lesionados, el elemento subjetivo está presente.

Posteriormente en el párrafo tercero del artículo recoge dos presunciones más iuris tantum, que admiten prueba en contrario, en los actos onerosos realizados a favor de las personas especialmente relacionadas con el concursado -art. 71.3.1º-, y cuando se constituyan garantías reales a favor de obligaciones preexistentes5 o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas -art. 71.3.2º-. Fuera de esos casos, ha de acreditarse el perjuicio por quien ejercite la acción rescisoria -art. 71.4-.

Dichos actos aparecen concretados dentro de las presunciones que regula la Ley concursal, pues como ya hemos manifestado anteriormente el fraude se presume, bien admitiendo prueba en contrario –iuris tantum- o sin admitirla –iure et de iure-.

El criterio a adoptar para entender que existe desequilibrio o un baremo cuantitativo para que el juez determine la existencia del desequilibrio atendiendo a las circunstancias del caso podria ser el adoptado en el Código civil referido a la lesión económica en más de la cuarta parte del valor económico de la cosa en el momento de su adquisición o cualquier otro criterio que analice la onerosidad desde la protección a terceros y no desde el punto de vista de la relación inter partes. Se trata, según LINACERO DE LA FUENTE6, de dar primacia al interés del acreedor frente al adquiriente ditecto del concursado –tercero respecto del acreedor- que se ha lucrado con un negocio sensiblemente por debajo del valor del mercado en el momento de la adquisición.

Partiendo desde quí, entendemos, respecto del primer supuesto -actos a título oneroso con personas especialmente relacionadas con el deudor-, que la Ley Concursal hace referencia a la existencia de simulación en el precio, puesto que menciona contratos onerosos que causan perjuicio, es decir, si hay daño frente a los acreedores es porque el deudor ha transmitido el bien a precio inferior al tasado en el mercado, porque de no ser así no cabe la lesión frente al acreedor –sale un bien y entra otro de distinta naturaleza pero igual valor, salvo que el cumplimiento de la obligación recaiga sobre una cosa concreta y determinada-; y el segundo elemento, dentro de este supuesto es la relación de cercanía entre el deudor transmitente y el adquirente, es decir, generalmente nos hallaremos ante una relación de parentesco, amistad e incluso a veces de conveniencia o mala gestión –administradores-.

Tanto el Código civil, como la Ley Concursal y la práctica de sus preceptos en los tribunales, admiten la posibilidad de presumir la intencionalidad o conocimiento de causar perjuicio a los acreedores, cuando se da un acto de simulación –que contiene una parte de gratuidad- a favor de una persona, generalmente legitimario, en detrimento de los acreedores del causante.

La Ley Concursal, al igual que el Código civil no contempla el parentesco o proximidad como presunción de fraude, sino que se apoya en el título liberatorio o de gratuidad, que para el caso de actos onerosos no operará para otorgar beneficio a favor de los acreedores, desde el mismo momento en que da un tratamiento objetivo a las acciones de reintegración sin tomar en consideración el elemento subjetivo del fraude, que por otra parte está implícito en la gratuidad -71.2 LC y 1297.1 C.C- y en la proximidad en grado o “simpatía” con el deudor –apreciada en los tribunales a la hora de valorar la buena fe y el fraude-.

Lo cierto es que, a veces, la acción pauliana se va a ejercitar de forma subsidiaria a la acción de nulidad por simulación, a pesar de que el Código civil ha mantenido que el régimen de la nulidad absoluta o inexistencia y el de la rescisión es diferente7, pero en la Ley Concursal no parece que proceda aplicar la acción de nulidad cuando lo que se pretende, es agilizar el proceso a través del concurso basado, según dice en la Exposición de Motivos, en principios de unidad legal, de disciplina y de sistema.

En las disposiciones a título oneroso es frecuente la simulación absoluta. Pero en los supuestos en que no haya simulación, sino verdadera enajenación, para sustituir los bienes por dinero fácil de ocultar, puede ocurrir que el adquiriente sea o no cómplice en el fraude. Si no lo es el acto debe prevalecer, pues la adquisición a título oneroso y de buena fe no puede quedar supeditada a la intención del transmitente -que no sea defraudar-. Pero para que no pueda irse contra ese adquirente es preciso aplicar el régimen de la rescisión -art. 1298 C.c.-, pues si se aplicara el de la nulidad absoluta o inexistencia por ilicitud de la causa , no quedaría protegido. Por otra parte, cuando el adquiriente sea cómplice en el fraude debe aplicarse la rescisión, porque esta concuerda mejor con la protección que se debe de dar a los acreedores, cuya pretensión no es otra que la de cobrar.

El artículo 1290 establece claramente que sólo son rescindibles los contratos válidos, de forma que el -contrato- rescindible no es nulo, sino ineficaz y de ello se deduce que cuando la rescisión no es posible por encontrarse las cosas en poder de terceros adquirentes a título oneroso y de buena fe, la acción tiene una finalidad puramente indemnizatoria8.

La segunda presunción iuris tantum que recoge la Ley Concursal es la referida a la constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquellas –art. 71.3-2 LC-9.

La garantía real prometida de acuerdo con la estructura analizada se constituye dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso respecto, de una financiación preexistente.

El hecho de la mera constitución de la garantía supone un acto perjudicial para la masa activa del concurso, ya que ésta se ve reducida respecto de la que existía antes del otorgamiento de la citada garantía. Esta situación, según CHRISTIAN BERTRAM10 , debe ser analizada en su conjunto, pues el otorgamiento de las garantías obedece a una obligación contractual adquirida por el prestatario en el momento de la obtención de la financiación, y por lo tanto, no es un acto discrecional sino un acto realizado en cumplimiento de la citada obligación, bien por el concursado, o bien por el  la entidad bancaria en representación de prestatario como un derecho real de garantía contemplados inicialmente en la operación pero cuya constitución queda temporalmente pospuesta y condicionada a un hecho objetivo y predeterminado en la promesa de garantía, como puede ser el deterioro sustancial en la situación patrimonial de la prestataria.

En definitiva, la cuestión que plantea aquí es la determinación o no de un perjuicio al concursado y como dice el autor, para desvirtuar en estos casos la presunción iuris tantum del art. 71 de la Ley Concursal se puede afirmar que:

- el otorgamiento de garantías reales obedece en este caso a un compromiso previamente adquirido en un contrato de promesa de garantía;

- que la razón de dicha promesa de garantía es evitar a la sociedad prestataria la incursión en costes significativos en el momento de obtención de la financiación, costes que únicamente surgirán por un deterioro patrimonial de la misma;

- que la entidad de crédito no habría otorgado la financiación a la prestataria de no mediar las promesas de garantía; y

- que no son estrictamente derechos reales de garantía adicionales, sino condicionales.

Por lo que respecta a los efectos de la presunción iuris tantum, puede sostenerse que el otorgamiento de un derecho real de garantía en los dos años anteriores a la declaración de concurso, en garantía de una obligación preexistente y basado en una promesa de garantía no supone en si mismo un perjuicio para el prestamista a efectos del concurso en la medida en que pueda demostrar la ausencia de un perjuicio para el prestatario concursado, aunque sí da lugar a un incremento de riesgo, según el mencionado autor, en la medida que la administración concursal o los acreedores podrán impugnar el derecho real de garantía alegando la producción de un perjuicio a la sociedad. En este supuesto existe el riesgo para la entidad de crédito de que el Juez pueda considerar al valorar las pruebas; que dicho perjuicio existió y considere rescindido el derecho real de garantía a pesar de obedecer a la citada estructura contractual y causal.

Se trata de una situación bastante habitual, basta con observar la jurisprudencia y encontramos varios casos que recogen este presupuesto tras la entrada en vigor de la Ley Concursal. Sirva como ejemplo la sentencia de 9 de setiembre de 200511, en la que un acreedor obtiene, dentro del período sospechoso12, una garantía añadida sobre una deuda aparentemente nueva, pero que en realidad es anterior, mejorando de forma obvia su condición y posición frente a los demás acreedores de la concursada. Otra sentencia, es la de 29 de diciembre de 200513, referida a una rescisión de la prenda. Aquí, la administración concursal había calificado en su informe el crédito como privilegiado, y ahora pretende la parte interesada con base en el art. 71.1 LC, una declaración de rescisión de la prenda aneja a la póliza suscrita, que supondría además el cambio de calificación del crédito en los textos definitivos a los que alude el art. 96.4 LC, ya que al desaparecer la garantía resultaría crédito ordinario.

Esta pretensión la justifica afirmando la inexistencia de perjuicio y resalta que ésta y las otras operaciones realizadas el mismo día son consecuencia de la necesidad de apoyo financiero de las distintas empresas que forman parte del grupo.

Por otra parte, hay ocasiones en las que se produce la rescisión por aplicación de las vías contenidas en el artículo 71.3.1º y 71.3.2º de la Ley Concursal, a favor de asegurar el cumplimiento de un crédito. Vemos como ejemplo, la sentencia de lo mercantil de 25 de julio de 200514. El hecho de que se entreguen bienes como pago aparente de una deuda, pero al mismo tiempo se arrienden al propio cedente, por un tiempo largo y una renta no demasiado elevada, y se pacte una opción de compra, aproxima el acto jurídico celebrado bajo la apariencia de una dación en pago a un negocio fiduciario fiducia cum creditore15. En tal caso, existe unanimidad en doctrina y jurisprudencia al considerar que los negocios fiduciarios que cumplen esta finalidad, los llamados cum creditote, son equiparables a aquellos negocios que tienen la misma virtualidad que la constitución de una garantía real, dado que su eficacia práctica es la misma: asegurar el pago de un crédito con un bien inmueble. Y siendo así, la operación sometida a revisión por la acción de reintegración no sólo sería rescindible por la vía de los actos dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado -artículo 71.3.1º LC-, sino también por la constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas –art. 71.3.2º LC-, en el entendimiento de que el concepto de garantía real a que se refiere el precepto no se corresponde con un elenco tasado, ni es equivalente a los supuestos en los que se reconoce la condición de crédito privilegiado –art. 90 LC-, sino que incluye no sólo los derechos reales de garantía, sino también cualesquiera operaciones con una finalidad de garantía real, entre las que evidentemente se encuentran los negocios fiduciarios16.

El perjuicio patrimonial se presume –art. 71.2 LC-, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso.

La condonación17 de una deuda a favor de un legatario o heredero –arts. 1187 a 1191 C.c.- tiene carácter de gratuito y se entiende incluido como acto a título liberatorio del que se puede derivar perjuicio a la masa hereditaria. De hecho son múltiples la alusiones a la donación18 en la normativa del Código que regula la condonación, plantea serias dudas sobre las diferencias y similitudes entre ambas instituciones19. Solo quedarán excluído de la presunción de perjuicio las liberalidades de uso como serían los regalos de costumbre, gastos de alimentos, educación o sanidad –art. 1041 C.c.-.

Al analizar la incidencia de la condonación sobre las obligaciones mancomunadas y solidarias, se llega a la conclusión de que cuando hay mancomunidad, la condonación se limita a la parte del crédito del acreedor que condona. Por el contrario, en los casos de solidaridad de acreedores, la condonación hecha por uno de ellos, afectaría a la totalidad de la deuda.

Por otra parte, PEÑA Y BERNALDO DE QUIRÓS20 defiende que las disposiciones a título gratuito se encuentran generalmente ante contratos simulados –tema al que nos hemos referido anteriormente en el apartado 2.1 de este trabajo-, y en consecuencia, inexistentes, en razón a lo que establece el artículo 1261. Si no hay simulación, estaremos ante enajenación fraudulenta presumida en el artículo 1297 del Código civil.

El Código civil italiano, recoge en el artículo 2901 que aunque un daño futuro y eventual no constituye un auténtico daño sino más bien un peligro de daño, este es suficiente para justificar la actuación del acreedor, porque comporta “perjuicio a las expectativas del acreedor”. Sin embargo, en España parece que el requisito de la acción pauliana lo constituye un daño actual, la lesión de la garantía representada por los bienes del deudor, y debe ser determinado con relación al momento de realización del acto impugnado, y no en el momento posterior en que podrá ser ejercitada la acción ejecutiva. Esta configuración del daño como lesión actual de garantía patrimonial ha tenido eco en nuestra doctrina más reciente, aunque con excepciones tales como son aquellos supuestos de vencimiento anticipado21 donde se manifiesta la posibilidad de un perjuicio futuro que permite al acreedor exigir el crédito de forma anticipada. Por su parte, la Ley Concursal mantiene que existe una presunción legal absoluta del perjuicio respecto a los pagos o cualquier otro medio de extinción de aquellas obligaciones cuyo vencimiento fuera posterior a la declaración del concurso, independientemente de que el pago sea total o parcial. Aquí encontramos incluido el pago anticipado de un crédito garantizado con una prenda o hipoteca, aunque, se excluye la estipulación que permita al deudor el pago anticipado de un préstamo con el fin de lograr una disminución de los intereses. La justificación  a esta distinción está en los artículos 56 y 57 de la Ley Concursal que afronta con distinta óptica el privilegio de la ejecución separada de los créditos con garantía real22, en orden a limitar ese privilegio cuando se trata de primar el principio de la pars conditio creditorum, evitando que la ejecución individual de un derecho real pueda dejar a la masa concursal despatrimonializada, en el caso de que se realizara individualmente.

En el ámbito contractual, vemos que en ocasiones es posible establecer una cláusula de vencimiento anticipado en base a la cual se establezca la facultad de la entidad acreedora de dar por vencido el préstamo y de exigir de modo anticipado el pago de la totalidad de la deuda, por ejemplo, para el caso de que se promoviera contra la parte prestataria, procedimiento judicial, administrativo o notarial en que puede producirse el embargo o subasta de sus bienes. En este sentido, la Audiencia Provincial de Orense en sentencia de 3 de febrero de 199823, estima que la razón de ser de tal estipulación es la disminución de garantías que podría suponer para el acreedor a la hora de obtener el pago, tomando como presupuesto objetivo un mayor riesgo de insolvencia del deudor. De modo que, habría de conserarse, en principio válida en virtud del principio de autonomía de la voluntad contenido en el art. 1255 del CC, si no fuese contraria a una norma de carácter imperativo, cual es, la contenida en el art. 1256 del CC que impide dejar el cumplimiento del contrato al arbitrio de uno de los contratantes. Estimándose por la doctrina, que se produce tal interdicción legal cuando la causa productora del fin anticipado, depende de la discrecional voluntad de la parte con facultad resolutoria.

Observamos cómo legislación civil y la concursal, en las acciones rescisorias tienen  la finalidad de proteger los intereses legítimos de los acreedores dentro de un supuesto de hecho similar -vencimiento anticipado del crédito con garantía real que implique la insolvencia actual o inminente del patrimonio del deudor para posteriormente hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones-, aunque, a nuestro entender, con fundamentos jurídicos complementarios, ya que nada impide que en un procedimiento concursal en el que la administración concursal o subsidiariamente los acreedores insten acción de reintegración del pago por vencimiento anticipado de créditos con garantía real, del que se deriven el incumplimiento del deudor para hacer frente al resto de los créditos, se fundamente tanto en el artículo 71 con relación al 56  y 57 para tratar de primar y hacer prevalecer el principio de la pars conditio creditorum, evitando que una ejecución individual, en este caso de un derecho real, pueda dejar a la masa concursal sin patrimonio24; como a través del contenido del 1256 del Código civil -la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes- para evitar que la acción de un acreedor perjudique a la masa concursal, y consecuentemente al resto de acreedores.

Notes de base de page numériques:

1La jurisprudencia del Tribunal Supremo recoge cuatro requisitos esenciales para considerar un acto fraudulento: lº la existencia de un crédito a favor de una persona y en contra de otra; 2º la celebración por el deudor de un acto o contrato posterior con ánimo de perjudicar al acreedor;3º realidad del perjuicio y carencia de recurso legal para obtener su reparación y 4º que las cosas no se hallen legalmente en poder de 3ª persona sin mala fe. De manera que cuando falte alguno de ellos no estaremos ante relaciones obligacionales o contractuales de carácter fraudulento. Vids. STAP de Alicante de 26 de febrero de 1999. Nº 360/1999. AC 19993429-. Recoge que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige como requisitos esenciales para que el contrato se considere fraudulento. En el mismo sentido están las STSS de 24‑7‑1998 -RJ 19986139- y la de 24‑12‑1996 -RJ 19969375-, entre otras.
2 Esta presunción absoluta a favor de considerar que existe perjuicio cuando se trata de actos a título gratuito, es similar a la que establece el Código civil en el artículo 1297.1.
3 VELA TORRES, P.J.: “Tramitación procesal de la sección de calificación del concurso y efectos de la sentencia”. Rev. Dº Concursal y Paraconcursal. Nº 3. 2005. Págs.: 89 y ss.
4 Si en esos dos años, por ejemplo, el deudor hubiera pagado un crédito vencido a un acreedor, el pago supone una disminución del activo y simultáneamente del pasivo, es decir, que la cuota de satisfacción de los acreedores ordinarios será indudablemente menor, y en este sentido el acto podría calificarse como perjudicial.
5 CARRASCO PEREA, A.: “Los derechos de garantía en la Ley Concursal”. Madrid. 2004. Pág.:335.
6 LINACERO DE LA FUENTE, M.: “Las acciones de reintegración en la Ley Concursal”.  Madrid. 2005. Págs.: 136 y 137. MASSAGUER FUENTES, J.: “La reintegración de la masa en los procedimientos concursales”. Barcelona. 1986. Pág.: 133.
7 El Código civil ha mantenido que el régimen de la nulidad absoluta o inexistencia y el de la rescisión es diferente. Así, en la rescisión es preciso demostrar que solo con ella es posible cobrar por no ser suficientes los bienes del deudor -1111-, en la nulidad no. Además, en la rescisión la acción durará cuatro años y podrá paralizarse pagando a los acreedores mientras que en la nulidad la acción es imprescriptible. Por otra parte, si se estima que hay causa falsa, el contrato no producirá efecto alguno, aunque el adquiriente haya sido a título oneroso y de buena fe, pero, sin embargo, estos adquirientes quedan protegidos frente a la acción revocatoria.
8 En el mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de 5 de mayo de 1998 -RJ 19981003-.
9 LINACERO DE LA FUENTE, M.: “Las acciones de reintegración en…”., op., cit., págs.: 157 a 159.
10 CHRISTIAN BERTRAM, J.: “Las garantías de obligaciones preexistentes y la presunción del art. 71 de la Ley Concursal”. Revista @La Ley. Nº 6068. Viérnes, 23 de julio de 2004.
11 SJMER Vizcaya, Bilbao, núm. 343/2005, de 9 septiembre. JUR 2005210276. Ponente: Edmundo Rodríguez Achutegui .
12 CARRASCO PEREA, A.: “Los derechos de garantía…”, op., cit., pág.: 319.
13 SJMER Vizcaya, Bilbao, de 29 diciembre 2005. AC 20052287. Proceso en primera instancia núm. 90/2005. Ponente: Edmundo Rodríguez Achutegui.
14 SJMER Córdoba, Córdoba, núm. 45/2005, de 25 julio. AC 20051551. Ponente: Pedro José Vela Torres. Insta la administración concursal la rescisión de un contrato de dación en pago, por considerarlo perjudicial para la masa.
15 Por cuanto parece que lo que se pretende no es tanto la adquisición de unos inmuebles por «Nanta», actividad que no se adecua a su objeto social ni a su ramo de actividad, máxime si no va a poder disponer de ellos durante un largo período de tiempo, como el garantizar su crédito mediante la transferencia formal de la propiedad (titularidad fiduciaria), reteniendo el transmitente la «propiedad material» -por todas, Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1998 (RJ 1998, 5413), 26 de julio de 2004 RJ 2004, 6633) y 17 de febrero de 2005 (RJ 2005, 1413)-.
16 CARRASCO PEREA, A.: “La transmisión fiduciaria del dominio en el concurso de acreedores”.  En el libro homenaje al prof. Albaladejo. Tomo I. 2004. Págs.: 801 y ss. Tb. “Los derechos de garantía…”, op., cit., pág.: 205. ALBALADEJO GARCÍA, M.: “El llamado negocio fiduciario es simplemente un negocio simulado relativamente”. AC. 1993. Ref. XXXVI.
17 ALEMANY EGIDAZU, J.: “Subordinación contractual y subordinación concursal”. @ La Ley. Número 6004. Lunes, 26 de abril de 2004.
18 ZURITA MARTÍN, I.: “Contratos vitalicios: Forma y simulación”. @AC. 2001. Ref. XXXIX.
19 FUENTESECA, C.: “La condonación de las deudas”. Madrid. 2003.
20 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, J.M.: “Causa ilícita y fraude de acreedores (STS de 26 de abril de 1962). A.D.C. Enero-Marzo. 1961. Págs.:1089 y 1090. Considera que en los casos de enajenación en fraude de acreedores normalmente habrá simulación y se aplicará el régimen de ésta. Si no hay simulación, sino que existe realmente disposición, procederá aplicarse el régimen de la rescisión, con sus requisitos y efectos peculiares.
21 BLASCO GASCÓ, F.P.: “Prelación y pago a los acreedores concursales”.  Navarra. 2004. Pág.s: 121 y ss.
22 VILLORIA RIVERA, I.: “Las garantías reales en la Ley Concursal”. Rev. Dº Concursal y Paraconcursal. Nº 2. 2005. Págs.: 228 a 230. PRIETO ESCUDERO, M.: “El concepto de privilegio del crédito”. R.D.P. Nº 18 Enero de 2006-.
23SAP Orense núm. 52/1998, de 3 febrero. AC 1998138. Rollo de Apelación núm. 332/1997. Ponente: Ilma. Sra. Dª. Ángela Domínguez-Viguera Fernández.
24SAP Badajoz núm. 31/2004 (Sección 3ª), de 2 febrero. AC 2005355 Recurso de Apelación núm. 477/2004. Ponente: Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Narváez Bermejo.

Pour citer cet article :

María José Cazorla González. «LA INEFICACIA DEL ACTO IMPUGNADO EN EL PROCESO CONCURSAL». principal, 2006 (Especial Coloquio)NUL. Estudios sobre invalidez e ineficaciaNulidad de los actos jurídicos
document.php?id=284
affiliation : Universidad de Almería

fonction : Profª Titular de Derecho Civil