2007 (Estudios)

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Luis Felipe Ragel Sánchez

LA INOPONIBILIDAD*

Los redactores del Código civil desconocían los términos “oponibilidad” e “inoponibilidad”. Cuando aludían a esas materias utilizaron unas expresiones diferentes, que no siempre tienen el mismo alcance: “hacen prueba”, “se contará la fecha”, “tener eficacia frente a terceros”, “no perjudicará a terceros”, etc.

Los codificadores usaban la palabra “oponer” como sinónimo de “excepcionar”, de colocar un obstáculo a la pretensión de un demandante, que en este caso concreto consistía en la alegación de unos hechos que enervaban o contrarrestaban las acciones ejercitadas en un procedimiento1. Al parecer, la palabra “oponibilidad” se utilizó por primera vez en 18652, pero esa novedad no se tuvo en cuenta por los redactores del Código civil español.

Sólo en una fecha tan tardía como 1983 se introdujo en el artículo 218 (dedicado a las resoluciones judiciales relativas a cargos tutelares y curatela) por primera vez en nuestro Código civil la expresión “no serán oponibles a terceros” en su sentido extraprocesal, que podemos considerar moderno.  

Los términos “oponibilidad” e “inoponibilidad” no gozan de un consenso doctrinal sobre su significado y alcance. Esa falta de acuerdo tiene una lógica explicación: el legislador no se ha preocupado de dedicar algunos preceptos para configurar el régimen general de la inoponibilidad, como hace con la nulidad de los contratos, y esa carencia de base normativa, como ocurre con cualquier figura que se encuentre en esa situación, siempre da lugar a inagotables discusiones doctrinales.

La Ley Hipotecaria, en su artículo 32 recoge el conocido supuesto de inoponibilidad del título no inscrito o anotado, pero se limita a señalar que “no perjudican a tercero”, lo que ha propiciado caudalosos Ebros de tinta de las teorías monista y dualista cuando se pone ese precepto en relación con el artículo 34 de la misma ley.

El hecho de que la inoponibilidad del artículo 32 de la LH haya sido el supuesto más estudiado por la doctrina no debe condicionar o supeditar el estudio general que se puede hacer de la figura. La inoponibilidad del artículo 32 debería adaptarse a la configuración general que se haga de la figura y no al revés.

Algunos plantean incluso la inconveniencia de reconocer esta figura sustantiva. Precisamente por partir del planteamiento erróneo de identificar toda la inoponibilidad con la inoponibilidad particular de los artículos 32 de la LH y 1473 del Cc., opina RUBIO GARRIDO, “se puede replicar que si entre nosotros la inoponibilidad no ha suscitado nunca gran interés, ha sido porque en nuestro ordenamiento no tiene cabida 3. Y añade: “La llamada protección adicional de la inoponibilidad es redundante: basta reparar en la ordinaria prevalencia de un derecho previo o en la protección que la ley dispensa a un determinado adquirente de buena fe, para que, lo que en Francia e Italia se explica en términos de inoponibilidad, quede cumplidamente explicado entre nosotros4.

El estudio de nuestra figura está aún en una fase incipiente en nuestro país, aunque PAU PEDRÓN se equivocaba al manifestar en 2001 que “no hay, en nuestra bibliografía, una sola monografía ni un solo artículo sobre la oponibilidad”5. También erraba cuando añadía que los autores “han prescindido del concepto de oponibilidad”6. Antes de que este autor tratara sobre la oponibilidad ya se habían realizado al menos dos aportaciones doctrinales monográficas por parte de profesores de Derecho civil7, y la cuestión se venía tratando desde mucho antes en las obras generales de nuestra disciplina8.

Lo cierto es que las leyes, la jurisprudencia y la doctrina cada vez se van ocupando más de la oponibilidad y la inoponibilidad.

Así, por ejemplo, sin introducir un análisis de la figura de la inoponibilidad no se puede afrontar con garantías las importantísimas cuestiones de la personalidad jurídica de la sociedad civil, o la responsabilidad por deudas después de producirse la disolución del consorcio conyugal, la comunidad hereditaria o la comunidad ordinaria.

Lo mismo sucede en las explicaciones de clases en nuestras Facultades. Ya en el Derecho de la persona debemos exponer a los alumnos en qué consiste la inoponibilidad cuando nos referimos a los efectos de los actos inscribibles que no han accedido al Registro Civil.

La inoponibilidad nació de un parto doble en el país de la eficacia indirecta de los actos, situaciones y contratos. Su hermana jurídica es la oponibilidad, con la que tiene rasgos semejantes que denotan su origen común, pero resultan tan inconciliables, que se puede describir a cada una de ellas tanto por sus rasgos positivos como por el contraste que presenta frente a la otra.

 

Hablamos de oponibilidad de un acto jurídico cuando los terceros deben contar él en lo venidero, tendrán que actuar conforme a esa realidad, sin posibilidad de eludirla jurídicamente.

Así, por ejemplo, los terceros no quedan obligados por los estatutos de una sociedad anónima, pero tienen que aceptar la existencia de esa persona jurídica y, por lo tanto, la realidad del pacto de constitución de la misma. Si son acreedores, tendrán que dirigirse contra la sociedad y sólo podrán dirigirse contra los socios en los casos tasados en que se les permite esa posibilidad.

En rigor, la oponibilidad se caracteriza por imponerse al tercero la realidad del acto jurídico. El tercero debe soportar esa realidad, contar con ella necesariamente a la hora de ejercitar sus derechos. Cuando las partes contratantes oponen el contrato al tercero no pretenden vincularle sin su voluntad extendiendo a él las deudas y los compromisos adquiridos, sino hacerle respetar los efectos que dicho contrato ha producido entre ellos (v.gr., una compraventa y la subsiguiente transmisión de dominio).

Así, el acreedor que pretenda embargar bienes de su deudor tendrá que respetar las enajenaciones onerosas que éste haya realizado y sólo podrá dirigir la ejecución sobre las cosas que pertenezcan al demandado en el momento del embargo; todo esto lo decimos dejando a salvo, claro está, la posibilidad de impugnar tales enajenaciones por fraude de acreedores, doctrina claramente sostenida por la sentencia del T.S. de 17 noviembre 2004.

Como hemos puesto de relieve en otro lugar y después de estudiar todo el régimen de la figura9, “la inoponibilidad consiste en una facultad específica concedida por la ley a una persona, por el hecho de ser ajena a una actuación perfectamente válida, para que, sin necesidad de impugnarla, pueda actuar en defensa de sus intereses como si tales actos no se hubieran producido”10.

Glosaremos brevemente esta definición.

1º) La inoponibilidad es una facultad. El tercero no está obligado a ejercitar la inoponibilidad, porque siempre tiene la opción entre la inoponibilidad y la utilizabilidad, que consiste en actuar conforme a la nueva realidad, es decir, podrá acogerse voluntariamente a los efectos de la oponibilidad. La inoponibilidad protege el interés particular del tercero y sólo puede ser esgrimida por él por vía de acción o de excepción. No puede ser acogida de oficio por el juez, porque no hay interés público que proteger.

2º) Concedida por la ley. Es un milagro jurídico, pues permite actuar como si no existiera algo que realmente existe, permite prescindir de esa realidad, descartarla. Para conseguir ese milagro se utiliza una técnica de ficción jurídica11; por eso podemos decir que la figura inversa, la oponibilidad, jugará en todos los demás casos. Los actos serán oponibles salvo que la propia ley diga que no lo son. La regla general es la oponibilidad y la excepción es la inoponibilidad.

Cabe realizar muchas matizaciones a este aserto12, como luego veremos. Debe tenerse en cuenta que existen muchos supuestos legales que no consagran con claridad la posibilidad de ejercitar la inoponibilidad pero puede defenderse con fundamento que ésa es la regla que la ley ha tratado de establecer, aunque haya empleado una técnica defectuosa13.

3º) El tercero pretende actuar como hubiera podido hacerlo en la etapa anterior a la actuación ajena. La ley le protege porque le permite remover jurídicamente el obstáculo que supone el acto nuevo. Es como un regreso al pasado en beneficio del tercero protegido.

4º) El tercero no pretende que el acto nuevo sea ineficaz, sino que no sea esgrimible frente a él. El acto inoponible despliega todos sus efectos directos, vincula completamente a los que los realizaron. Sin embargo, hay un tercero protegido por la ley que tiene la facultad de eludirlo y actuar como si ese acto no existiera. La validez del acto no está afectada, pero el tercero puede descartar su efecto indirecto, evitando así el perjuicio que le ocasionaría actuar conforme a la nueva realidad.

Aunque no se incluye en la definición que hemos formulado, el fundamento de la inoponibilidad siempre es el mismo: la indemnidad de los derechos adquiridos por el tercero con anterioridad. Pero también se protegen los derechos adquiridos por el tercero con posterioridad, cuando desconocía la realidad y el acto jurídico no había accedido al Registro correspondiente en el momento de la adquisición; por la combinación de los criterios de la anterioridad y la protección de la apariencia se llega a la conclusión de que, para el tercero protegido, la fecha del acto ajeno es la fecha del momento en que ese acto se le da a conocer o la fecha de su acceso al Registro.

Diversas cuestiones relacionadas con la figura en estudio son discutidas por la doctrina.

Lo primero que se discute es que la oponibilidad se asimile a la eficacia indirecta de los actos jurídicos14. PAU PEDRÓN identifica la oponibilidad con la eficacia plena de la situación jurídica frente a terceros15 y define la eficacia indirecta como repercusión del acuerdo en la esfera de los terceros, citando en ese sentido los casos de menoscabo del crédito ajeno por un negocio y la incidencia del negocio afectado por algún tipo de ineficacia16, pero no incluye el supuesto más frecuente de eficacia indirecta, a nuestro juicio: el acto que altera el estado de cosas

sin menoscabar el crédito ajeno (v.gr., enajenación de un inmueble del deudor sin que ello suponga que caiga en insolvencia) pero que incide en dicho crédito puesto que el acreedor ya no podrá embargar el inmueble enajenado en caso de impago de la deuda y tendrá que ejecutar sobre otros bienes y derechos diferentes: tendrá que contar con la actuación ajena, no podrá obviarla.

Desde el punto de vista de los efectos de los actos jurídicos (contratos, resoluciones judiciales, actos administrativos, etc.) se pueden establecer muchas clasificaciones, pero una de las más conocidas y aceptadas por los autores es la distinción entre eficacia directa y eficacia indirecta17, y así ha sido trasladada a los modernos manuales de nuestra disciplina18.

Una segunda discrepancia se produce con ocasión de la amplitud de la figura que estudiamos. Un sector de la doctrina defiende una concepción muy amplia, que cubre todos los casos señalados con el mismo manto de la inoponibilidad, como sinónimo de indemnidad de derechos o irrelevancia de actuaciones, y englobando todos los supuestos en que se prevé que determinada actuación no perjudica los derechos de terceros19, lo que incluiría en su ámbito casos tan dispares como la acción pauliana20, el contrato incompleto o inexistente, y los verdaderos y estrictos casos de inoponibilidad.

A nuestro juicio, ese concepto tan amplio convierte a la figura en un monstruo jurídico, inabarcable y desprovisto por completo de sistema, pues sólo podrían decirse vaguedades acerca de figuras tan heterogéneas. Unos supuestos tendrían que concretarse impugnando la eficacia del acto (acción pauliana), mientras que en otros casos bastaría con no querer aprovecharse de la actuación ajena para que no afectase (caso del contrato incompleto).

A nuestro juicio, cuando las leyes aluden a ciertos actos jurídicos, con la prevención de que “no perjudicarán a tercero”, están englobando supuestos muy dispares, algunos son de inoponibilidad y otros no lo son. Sólo desde una perspectiva estricta tiene sentido hablar de inoponibilidad.

También se discute sobre el objeto de la inoponibilidad21. Escribí hace trece años que “la inoponibilidad puede referirse a elementos jurídicos tan diversos como un hecho, un acto, un derecho subjetivo o una situación22, lo que no me impidió acotar el ámbito de mi indagación a los actos jurídicos.

Asimismo, se discute sobre si tiene sentido decidir qué fenómeno es el más frecuente o normal, la oponibilidad o la inoponibilidad. Opina PAU PEDRÓN que se ha planteado en la doctrina un falso dilema al cuestionar si la regla general es la oponibilidad o la inoponibilidad, porque ambos conceptos son complementarios23.

Sin embargo, que sean complementarios no elimina la idea de que uno sea la regla y otro la excepción. En materia de contratos la regla es la eficacia y la excepción es la ineficacia, aunque sean complementarias: lo que no es eficaz será ineficaz. Por otra parte, el mismo PAU PEDRÓN reconoce que “las situaciones jurídicas inoponibles son supuestos anómalos24, lo que significa que los supuestos oponibles son los normales, los regulares.

Acaso por apreciar la cuestión desde un exclusivo punto de vista inmobiliario registral, parece configurar la oponibilidad como el supuesto menos frecuente la sentencia del T.S. de 17 octubre 1989, al expresar que "la oponibilidad de un negocio jurídico o de sus consecuencias (relación negocial) frente a terceros, exige o bien que dicho negocio se acoja a la publicidad registral (cognoscibilidad legal), o bien que sea efectivamente conocido por los terceros y que se pruebe el hecho de ese conocimiento".

Hemos hablado de una regla general, no de una regla absoluta. Con un supuesto muy conocido se comprenderá lo que queremos decir.

El artículo 1218 del Cc. confirma la regla general de la oponibilidad del acto jurídico, que en este caso está recogido en un documento público25. Según un sector doctrinal, el "hecho que motiva su otorgamiento" a que se refiere el artículo 1218 es precisamente el "acto o contrato que se consigna en el mismo"26: en consecuencia, el contrato y su fecha son oponibles a terceros.

Sin embargo, la oponibilidad que parece proclamar el artículo 1218.I del Cc. no se aplica a todos los supuestos. Ésta es también la doctrina contenida en la sentencia del T.S. de 10 mayo 1989, que confirmó que es perfectamente posible que un documento público, a pesar de la formulación del artículo 1218, no sea oponible a ciertos terceros.

A título de ejemplo, señalaremos algunos de los supuestos de documentos públicos que son inoponibles.

La compra de un bien inmueble formalizada en escritura pública que no se inscribe en el Registro de la Propiedad es inoponible frente a un segundo comprador de buena fe del mismo inmueble que inscribe su título y cumple los demás requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria27, o que toma posesión de la finca (art. 1473.III del Cc.)28.

Tampoco sería oponible el acto documentado en escritura pública frente a ciertos terceros que ostenten un derecho anterior frente a uno de los otorgantes. Así sucede, por ejemplo, con las capitulaciones matrimoniales que disuelven y liquidan el régimen de gananciales y que, en virtud de los artículos 1317 y 1401 del Cc., son inoponibles frente a los acreedores consorciales. Incluso si el tercero adquiere sus derechos con posterioridad a la modificación del régimen económico matrimonial que no ha tenido acceso al Registro civil, y la desconoce efectivamente, también estará protegido por la inoponibilidad (art. 77 de la Ley del Registro Civil).

Y así habría que continuar estableciendo tantas excepciones como casos de inoponibilidad frente a los actos formalizados en escritura pública existan29.

En algunos casos, la ley exige un requisito adicional para la oponibilidad del acto. Así sucede con el matrimonio: el soporte documental público no basta, sino que es preciso cumplir el requisito de la constancia de ese acto jurídico en el Registro civil (art. 61 del Cc.).

Otra discrepancia se puede observar en cuanto a la naturaleza jurídica de la figura que estudiamos. Un sector de la doctrina sostiene que la inoponibilidad es una particular forma de ineficacia30 y, más concretamente, una ineficacia relativa31, pues el acto sería eficaz para todos menos frente al tercero legitimado por la ley para desconocer su eficacia indirecta.  

No compartimos esa opinión y preferimos seguir a DE CASTRO, que descarta que la inoponibilidad sea un supuesto de ineficacia, porque no deriva de la intrínseca impotencia del negocio y no ofrece el carácter propio de un mecanismo de ineficacia.

El acto ajeno, realizado con posterioridad a la adquisición de derechos por el tercero, despliega todos sus efectos frente a las partes, que seguirán estando vinculadas por el mismo, a diferencia de lo que sucede a consecuencia del ejercicio de la acción de ineficacia con la que más se confunde nuestra figura, la acción pauliana.

Cuando se habla de ineficacia relativa se hace referencia a la legitimación activa para impugnar el acto, que está limitada a una persona, que en algunos supuestos es ajena al  acto o tercero (casos de la anulabilidad del contrato de disposición de bienes gananciales realizado por un cónyuge e impugnado por su consorte, acción pauliana ejercitada por el acreedor, lesión de la legítima ejercitada por el legitimario). Pero una vez declarado ineficaz, el acto no surtirá entre las partes los efectos que hubiera surtido de no mediar la impugnación.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la inoponibilidad. El reparto de los bienes gananciales realizado entre los cónyuges no es ineficaz, ni siquiera parcialmente, y seguirá vinculando plenamente a los que lo acordaron. Únicamente sucede que hay un tercero protegido, el acreedor ganancial, que puede actuar conforme a la situación anterior a dicho reparto, si él lo solicita. Si no lo solicita, deberá actuar conforme a la situación actual y estará utilizando la actuación ajena.

Hay que tener imaginación y conocimiento para comprender la inoponibilidad, porque es una filigrana jurídica. Por eso cuesta tanto explicárselo a los alumnos.

Pero casi todas las cosas importantes requieren de imaginación y conocimiento.

Notes de base de page numériques:

1 Un caso paradigmático es el artículo 1198 del Cc. sobre la compensación en la cesión de crédito.
2 DAUZAT, DUBOIS y MITTERAND, Nouveau Dictionnaire Etymologique et Historique, Paris, 1978.
3 RUBIO GARRIDO, La doble venta y la doble disposición, Barcelona, 1994, p. 166, nota 352.
4 RUBIO GARRIDO, ob. cit., p. 171, nota 361.
5 PAU PEDRÓN, Esbozo de una teoría general de la oponibilidad, Madrid, 2001, p. 16.
6 PAU PEDRÓN, ob. cit., p. 21.
7 GONZÁLEZ PACANOWSKA (“Notas sobre la oponibilidad de los contratos”, Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo, vol. 2º, Barcelona, 1993, pp. 1467 ss.) y RAGEL SÁNCHEZ (el capítulo más extenso de mi libro Protección del tercero frente a la actuación jurídica ajena: la inoponibilidad, Valencia, 1994, pp. 135 a 208, está dedicado a “La regla general matizada de la oponibilidad”).
8 DE CASTRO (El negocio jurídico, Madrid, 1971, p. 531), DELGADO ECHEVERRÍA (Derecho de obligaciones, Elementos de Derecho civil de J.L. LACRUZ, t. II, vol. 2º, Barcelona, 1977, p. 271), PUIG BRUTAU (Fundamentos de Derecho civil, t. II, vol. I, Barcelona, 1978, p. 262), DÍEZ-PICAZO (Fundamentos de Derecho civil patrimonial, Madrid, 1983, p. 280), LACRUZ (Derecho inmobiliario registral, Elementos de Derecho civil de J.L. LACRUZ, t. III bis, Barcelona, 1984, p. 164) e incluso RAGEL (Manual de Derecho civil: Derecho de obligaciones y contratos, Cáceres, 1997, p. 197).     
9 Protección... cit., p. 245.
10 Esta definición ha sido reproducida textualmente por el Fallo del Plenario de la Cámara Nacional Argentina en lo Civil de 2 de octubre de 2001 (Honorarios); más concretamente, la doctora Elena I. HIGHTON DE NOLASCO. También la reproducen VAQUER ALOY [“Inoponibilidad y acción pauliana (la protección de los acreedores del donante en el artículo 340.3 de la Compilación del Derecho civil de Cataluña), ADC-1999, pp. 1491 ss.; en concreto, p. 1519, nota 70), PÉREZ GARCÍA (“La ineficacia de la liquidación de la sociedad de gananciales: estudio jurisprudencial”, ADC-2002, pp. 225 ss.; en concreto, p. 230, nota 17) y GUTIÉRREZ BARRENENGOA (La determinación voluntaria de la naturaleza ganancial o privativa de los bienes conyugales, Madrid, 2002, p. 156).
11 Están de acuerdo con esta idea LINARES GIL (“Inoponibilidad de las donaciones en el Derecho civil catalán”, RJC-1998, p. 67) y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (El principio de relatividad de los contratos en el Derecho español, Madrid, 2000, p. 167). En contra se manifiesta VAQUER ALOY (ob. cit., p. 1552). También GARCÍA GARRIDO (“Los efectos del contrato en relación con los terceros: la experiencia ibérica”, Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi nella prospettiva storico-comparatistica, a cura di Letizia Vacca, Torino, 1999, pp. 245 y 246) se opone, al considerar que “en los supuestos doctrinales, como el de la inoponibilidad, se trata de equiparaciones analógicas para aplicar a casos semejantes o contrarios determinadas reglas o principios jurídicos”; sin embargo, no considero que la inoponibilidad sea un mero supuesto doctrinal: viene establecida en preceptos tan importantes como los artículos 61, 218, 1317 y 1401 del Cc., por no citar los que mencioné en Protección del tercero... cit., pp. 26 a 31.  
12 Me remito a mi obra Protección... cit., pp. 135 ss.
13 A mi juicio, existen supuestos de inoponibilidad en sentido estricto camuflados en preceptos que no aluden al perjuicio de terceros, como los artículos 79, 156, 464, 647, 649, 1295, 1320, 1401, 1473, 1510, 1540, 1571, 1669 y 1738 del Cc.
14 Considera PAU PEDRÓN (ob. cit., p. 24) que “no resulta acertada la asimilación que se hace de la oponibilidad a la eficacia indirecta del negocio jurídico”, citándome en la nota correspondiente únicamente a mí. Es curioso que PAU no señale que DUCLOS (L’opposabilité: essai d’une theorie generale, Paris, 1984, p. 22), citado por él en otras muchas cuestiones, define la oponibilidad como cualidad reconocida a un elemento del orden jurídico por la que irradia indirectamente fuera de su círculo de actividad directa. He de añadir, en primer lugar, que la cita no es exacta porque no me refiero al negocio jurídico sino al acto jurídico. Y, en segundo lugar, PAU no aclara si mi desacierto proviene de aludir al negocio jurídico (que no lo hago) o al emplear los términos eficacia indirecta como equivalentes a oponibilidad.
15 Así, la asimila con “la incidencia efectiva de las situaciones jurídicas en el ámbito de los terceros (ob. cit., p. 35), con “la plena eficacia frente a terceros de la situación jurídica” (ob. cit., p. 37), y con “la eficacia frente a terceros” (ob. cit., pp. 52 y 73).
16 PAU PEDRÓN, ob. cit.¸p. 25.
17 Lo hacen, por ejemplo, DUCLOS (ob. cit., p. 25)  y GONZÁLEZ PACANOWSKA (ob. cit., p. 1470).
18 Así, MARTÍNEZ DE AGUIRRE (Curso de Derecho civil, II: Derecho de obligaciones, Madrid, 2000, pp. 403 y 404) me cita amablemente a la hora de distinguir entre la eficacia directa del contrato, la extensión de la eficacia directa del contrato y la eficacia indirecta del contrato.
19 Una de las más famosas e importantes es la efectuada por el artículo 32 de la Ley Hipotecaria, pero también pueden citarse, a modo de ejemplo, expresiones semejantes contenidas en los artículos 61, 64, 89, 318, 405, 410, 472, 606, 1124, 1218, 1219, 1227, 1230, 1317, 1335, 1526, 1549, 1734, 1865 y 1949.
20 GONZÁLEZ PACANOWSKA, ob. cit., p. 1478.
21 Sostiene PAU PEDRÓN que el campo propio de la oponibilidad son las situaciones jurídicas (ob. cit., pp. 35 y 63) y rechaza que el título sea oponible a terceros; en concreto, no son oponibles la compraventa o la sentencia de incapacitación, pero sí lo son el dominio o la situación de incapacidad (ob. cit., p. 62). Tampoco considera oponibles los negocios (ob. cit., p. 66), citando en tal sentido a DECOTTIGNIES, para quien el contrato es medio de prueba, pero no cabe hablar de oponibilidad del contrato (ob. cit., pp. 142 y 143). Por el contrario, reputa oponibles los derechos (ob. cit., pp. 67 y 104) y la información (ob. cit., p. 86). Creo que cuando PAU PEDRÓN señala que no es oponible el título no quiere decir que sea inoponible sino que no cabe plantear cuestión de oponibilidad o inoponibilidad al respecto. Tan importantes ideas, sin embargo, se exponen como un axioma, como si fueran tan evidentes que no necesitasen demostración. Resulta sorprendente y enigmático que la oponibilidad pueda predicarse respecto de la consecuencia y no pueda hacerse respecto de la causa, es decir, el acto jurídico que originó aquella situación jurídica oponible.  
22 RAGEL, Protección ... cit.,, p. 14.
23 PAU PEDRÓN, ob. cit., p. 39. En la nota correspondiente a pie de página, este autor sólo me cita a mí. De nuevo deja sin reflejar que DUCLOS (ob. cit., passim) parte de la consideración de la oponibilidad como principio y la inoponibilidad como excepción.
24 PAU PEDRÓN, ob. cit., p. 40.
25 RODRÍGUEZ ADRADOS (El documento notarial... cit., p. 63) y PRADA GONZÁLEZ (“La forma de los actos jurídicos privados y la seguridad jurídica”, Seminario sobre seguridad jurídica, Madrid, 1987, p. 119).
26 CASTÁN TOBEÑAS (Derecho civil español, común y foral, t. 1, vol. 2º, Madrid, 1971, p. 779) y RODRÍGUEZ ADRADOS (“El documento en el Código civil”, RDN-1989.I, p. 270).
27 RODRÍGUEZ ADRADOS (El documento notarial...cit., pp. 63 y 64) reconoce esta excepción a la regla general de oponibilidad del documento notarial.
28 También GONZÁLEZ PACANOWSKA (ob. cit., p. 1477), VAQUER ALOY (ob. cit., p. 1557) y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (ob. cit., p. 169)  ven en el artículo 1473 un supuesto de inoponibilidad. Radicalmente en contra se muestra RUBIO GARRIDO (ob. cit., pp. 164 a 173), que nos ilustra sobre el sentido correcto de la inoponibilidad; para este profesor, “este tercero adquiere, no porque el contrato anterior le sea inoponible y pueda desconocerlo, sino que, por haber adquirido, puede desconocer aquel contrato y la transmisión por él operada” (ob. cit., p. 172); se trata de un hábil juego de palabras que, basándose en imposición legal de la consecuencia, elude explicar la causa del fenómeno recogido en el artículo 1473.  
29 Aunque la sentencia del T.S. de 2 abril 2001 señala que la disposición del artículo 1218.2º del Cc. encuentra una rigurosa limitación en lo relativo a aquellos actos de liberalidad que puedan afectar a la legítima de los herederos forzosos, he de precisar que no se trataría de un supuesto de inoponibilidad, porque el acto que defrauda la legítima vulnera preceptos legales y puede ser impugnado por el legitimario. Por otra parte, el legitimario –a diferencia del heredero voluntario- es un tercero respecto de los actos realizados por el causante y, por lo tanto, el precepto que habría de aplicársele, en su caso, sería el artículo 1218.I, no el 1218.II.
30 DÍEZ-PICAZO (ob. cit., p. 393), DELGADO ECHEVERRÍA (ob. cit., p. 271) y GONZÁLEZ PACANOWSKA (ob. cit., p. 1478).  
31 La idea de ineficacia relativa de la inoponibilidad la formuló MESSINEO (Il contratto in genere; Trattato di diritto civile e commerciale, vol. XXI, t. 2, Milano, 1972, p. 425).

Notes de bas de page astérisques:

* Ponencia presentada en el Seminario Permanente "Nulidad", Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 19 de abril de 2007.

Pour citer cet article :

Luis Felipe Ragel Sánchez. «LA INOPONIBILIDAD*». principal, NUL. Estudios sobre invalidez e ineficaciaNulidad de los actos jurídicos
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