2007 (Comentarios)

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Mª Ángeles Parra Lucán.

Nulidad de la donación de inmuebles oculta bajo escritura pública de compraventa simulada

SENTENCIA DE 11 DE ENERO DE 2007 (Pleno)

SENTENCIA DE 11 DE ENERO DE 2007 (Pleno)

OBJETO Nulidad de la donación de inmuebles oculta bajo escritura pública de compraventa simulada.

PARTES Juan Francisco (demandante y recurrente en casación) contra Carlos Ramón, Ana y Nieves.

PONENTE Excmo. Sr. D. Antonio Gullón Ballesteros.

FALLO Ha lugar el recurso.

DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS

Arts. 622, 633, 1261, 1274, 1275, 1276 CC.

Esta Sala considera que la nulidad de la escritura pública de compraventa impide que se considere válida la donación de inmuebles que se dice encubría. Aunque se probase que hubo «animus donandi» del donante y aceptación por el donatario del desplazamiento patrimonial, lo evidente es que esos dos consentimientos no constan en la escritura pública sino en los autos del pleito seguido sobre la simulación.

El art. 633 cuando hace forma sustancial de la donación de inmuebles la escritura pública no se refiere a cualquier escritura, sino a una específica en la que deben expresarse aquellos consentimientos, y ello es totalmente diferente de que se extraigan de los restos de una nulidad de la escritura de compraventa como resultado de una valoración de la prueba efectuada por el órgano judicial. En consecuencia, una escritura pública de compraventa totalmente simulada no cumple los requisitos del art. 633, pues el negocio disimulado de donación que se descubra no reúne para su validez y eficacia aquellos.

Esta tesis no puede ser sustituida por la de la validez cuando la donación se califica como remuneratoria. El art. 633 no hace ninguna excepción de lo que preceptúa para ninguna donación, además de que la remuneratoria no tiene ningún régimen especial, es el móvil remuneratorio el que guía el «animus donandi» del donante nada más; móvil indiferente jurídicamente para el Derecho, que no causa, del negocio jurídico.

La no aplicación de la forma sustancial a la donación remuneratoria no puede basarse en su tratamiento legal por la normativa de los contratos en la que impera el principio de la libertad de forma. El art. 622 sólo ordena que las remuneratorias se sometan a las normas de la donación en lo que «excedan del valor del gravamen impuesto", es decir, aquella normativa de los contratos regirá hasta la concurrencia del gravamen. El precepto es absolutamente inaplicable a la donación remuneratoria, en cuanto que por definición (art. 619) no se impone ningún gravamen al donante, sino que se remuneran servicios ya prestados que no constituyan deudas exigibles. Ciertamente que la doctrina científica ha discutido sobre el alcance de las incompresibles palabras del legislador respecto a las remuneratorias, pero las diferentes posiciones que se propugnan no pasan de consideraciones doctrinales en modo alguno unánimes. En el terreno de la aplicación del derecho, no es posible la conjugación de los arts. 619 y 622, en otras palabras, no cabe confundir una donación remuneratoria con una donación modal. Es en ésta en la que efectivamente puede imponerse un gravamen al donatario, pero no en la remuneratoria.

El criterio favorable a la validez de la donación disimulada propicia por sí mismo fraude a los acreedores y legitimarios del donante, en cuanto les impone la carga de litigar para que se descubra la simulación, a fin de que se revele el negocio disimulado, y una vez conseguido, combatirlo si perjudica a sus derechos (acción rescisoria) o para que sean respetados (acción de reducción de donaciones por inoficiosidad).

El 19 de febrero de febrero de 1989 dos familias amigas comen juntas. Tras la comida, los hijos adolescentes salen a jugar con sus escopetas de aire comprimido. Uno de ellos es alcanzado en el ojo por un disparo del otro. Tras diligencias penales previas, los padres del lesionado, en su calidad de representantes legales, interponen demanda de responsabilidad civil contra los padres del compañero de juegos de su hijo dictándose finalmente, tras los oportunos recursos, una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 30 de junio de 1995. El resultado de todas estas actuaciones fue una condena a indemnizar dos millones y medio de pesetas en concepto de daño moral más los gastos farmacéuticos y los derivados de la intervención quirúrgica a la que iba a ser sometido el lesionado para colocarle una prótesis.

El accidente tuvo lugar en febrero de 1989 y el 14 de abril de ese mismo año los padres demandados otorgaron una escritura de compraventa a favor de su hija Nieves por la que le vendían tres fincas de su propiedad.

En 1997 los padres del menor lesionado presentan querella por presunto delito de alzamiento de bienes, abriéndose diligencias previas que fueron sobreseídas libremente.

Es entonces cuando, ya mayor de edad, y con el propósito de hacer efectiva la indemnización concedida por sentencia firme, el lesionado inicia las actuaciones que dan lugar a la sentencia objeto de este comentario. Interpone demanda en la vía civil contra los padres y la hija solicitando la declaración de nulidad radical por simulación del contrato de compraventa formalizado en la escritura pública de 14 de abril de 1989 con la consiguiente restitución de las prestaciones y, subsidiariamente, que se declarase rescindido tal contrato por haberse realizado en fraude de acreedores, y se declarase la complicidad en el fraude de la hija, con la restitución de las prestaciones. En cualquier caso se solicitaba la cancelación de las inscripciones registrales.

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Molina de Segura desestimó la demanda por sentencia de 18 de enero de 1999. Consideró que, si bien la compraventa fue simulada, ocultaba una donación remuneratoria, cuyo motivo fue el de favorecer a Nieves en recompensa por el sacrificio que suponía aportar su sueldo para el sostenimiento de la familia. Por lo que respecta a la acción rescisoria ejercitada subsidiariamente, se desestimó por haber transcurrido el plazo de cuatro años desde que se dispuso de las fincas en favor de aquélla, fijando como dies a quo la fecha del otorgamiento de la escritura pública (14 de abril de 1.989).

La sentencia fue apelada por el actor y confirmada por la Audiencia por sentencia de 26 de octubre de 1999, excepto en el particular relativo a costas, que no impuso a ninguna de las partes en ambas instancias. Compartió la Audiencia el criterio de la sentencia apelada de que la compraventa simulaba una donación remuneratoria, válida y lícita. Igualmente lo hizo en cuanto a la caducidad de la acción rescisoria pues el plazo debía computarse desde la fecha de la escritura (abril de 1.989) o incluso desde su inscripción en el Registro de la Propiedad (junio de 1.989), sin que pudiese diferirse a la fecha en que recayó sentencia en el anterior litigio civil "pues el principio de seguridad jurídica —dice el fundamento jurídico cuarto, según cita la sentencia del Tribunal Supremo— impide que pueda quedar sometido el inicio del cómputo a otras circunstancias externas al propio contrato que se pretenda revocar; como recoge la sentencia apelada dicha interpretación del día inicial concuerda también con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Hipotecaria".

Contra la sentencia de la Audiencia interpone recurso de casación el actor Juan Francisco por los motivos siguientes:

— El primero, al amparo del art. 1692.3º LEC 1881, por considerar infringido el art. 248.4º LOPJ.

— El motivo segundo, formulado al amparo del art. 1.692.4º LEC 1881, por infracción de lo arts. 1261.3, 1275, 1276 y los arts. 618 al 655 CC.

— El motivo tercero, al amparo del art. 1692.4º LEC 1881, por infracción de los arts. 1111, 1290 y siguientes y los arts. 1969 y 1971 CC.

— El motivo cuarto, amparado en el art. 1692.4º LEC 1881, por infracción de la doctrina jurisprudencial que declara la nulidad de la donación de inmuebles hecha bajo la forma de compraventa simulada.

— El motivo quinto, formulado al amparo del art. 1692.4º LEC 1881, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia que se cita.

Se desestiman expresamente los dos primeros motivos del recurso. Sin entrar a conocer de los motivos tercero y quinto se estima el motivo cuarto, y con él el recurso de casación, casando y anulando la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia con fecha 26 de octubre de 1999, y con revocación de la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Molina de Segura de fecha 18 de enero de 1999, el Tribunal Supremo declara que es nula por simulación absoluta la escritura pública de compraventa de 14 de abril de 1989, otorgada por los demandados Carlos Ramón y Ana en favor de su hija Nieves, condenando a dicha demandada al reintegro de las fincas al patrimonio de sus padres, y ordenando la cancelación de las inscripciones registrales que, en favor de Nieves, haya causado la referida escritura pública de compraventa. Sin condena en las costas de la primera instancia, apelación y de casación a ninguna de las partes.

PRELIMINAR.— Don Juan Francisco demandó por las reglas del juicio declarativo de menor cuantía a don Carlos Ramón, a su esposa doña Ana, y a la hija de ambos, doña Nieves. Solicitaba el actor que la sentencia declarase la nulidad radical por simulación del contrato de compraventa formalizado en escritura pública de 14 de abril de 1.989, por la que el matrimonio demandado vendía a su hija las fincas registrales NUM003, NUM001 y NUM002, descritas en el hecho segundo de la demanda, con la consiguiente restitución de las prestaciones. Subsidiariamente, que se declarase rescindido el susodicho contrato de compraventa, por haberse realizado en fraude de acreedores, ya se entienda que la transmisión lo ha sido a titulo oneroso o a título lucrativo, y se declarase asimismo la complicidad en el fraude por parte de doña Nieves, con la restitución de las prestaciones. En cualquiera de los dos casos, que se declarase (sic) la cancelación de las inscripciones correspondientes practicadas en el Registro de la Propiedad.

Se basaba la demanda en que el actor, cuando era menor, sufrió la privación total de la visión del ojo izquierdo, con disminución de tamaño del mismo, al haber sido alcanzado por el disparo de una escopeta de aire comprimido, efectuado por el también menor Paulino, hijo del matrimonio demandado, en el mes de febrero de 1.989. Tras diligencias penales previas, los padres del actor, en su carácter de representantes legales, interpusieron demanda contra don Carlos Ramón y doña Ana, padres del menor Paulino, que dieron lugar al declarativo de menor cuantía 18/90, seguido en el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Molina de Segura, en el que recayó sentencia por la que condenaba a los demandados a indemnizar al menor Juan Francisco de los daños y perjuicios sufridos por éste, cuya cuantía se fijaría en ejecución de sentencia. La misma, de fecha 2 de mayo de 1.991, fue revocada parcialmente en grado de apelación por la de la Audiencia de 20 de diciembre de 1.991, condenando a los demandados a indemnizar al menor lesionado en 2.500.000 ptas por daño moral, previa apreciación de concurrencia de culpas, a las que se sumarían aquellas cantidades correspondientes a gastos médico—farmacéuticos y de la operación quirúrgica a que sea sometido el lesionado para implantación de una prótesis, cantidades estas últimas que se determinarían en ejecución de sentencia. La sentencia de la Audiencia fue confirmada por esta Sala, en la suya de 30 de junio de 1.995, al desestimar el recurso de casación interpuesto por el padre de don Juan Francisco.

Por considerar fraudulenta la enajenación de las fincas llevada a cabo por don Carlos Ramón y su esposa, don Salvador, padre de Salvador, interpuso contra ellos querella criminal por presunto delito de alzamiento de bienes, que dio lugar a las Diligencias Previas 432/97, seguidas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Molina de Segura, que fueron sobreseídas libremente.

Los demandados en el presente procedimiento civil solicitaron la desestimación de la demanda por prescripción de las acciones de nulidad y rescisoria ejercitadas, o, en el caso de que se entrase en el fondo del asunto, por "tener plena validez y eficacia la transmisión llevada a cabo en escritura pública de 14 de abril de 1.989 (considerándose ésta como de compraventa o donación remuneratoria)".

El Juzgado de 1ª Instancia desestimó la demanda, absolviendo a los demandados de sus pretensiones. Consideró que, si bien la compraventa fue simulada, ocultaba una donación remuneratoria, cuyo motivo fue el de favorecer a doña Nieves en recompensa por el sacrificio que suponía aportar su sueldo para el sostenimiento de la familia. Por lo que respecta a la acción rescisoria ejercitada subsidiariamente, se desestimó por haber transcurrido el plazo de cuatro años desde que se dispuso de las fincas en favor de aquélla, fijando como dies a quo la fecha del otorgamiento de la escritura pública (14 de abril de 1.989).

La anterior sentencia fue apelada por el actor, y fue confirmada por la Audiencia, excepto en el particular relativo a costas, que no impuso a ninguna de las partes en ambas instancias. Compartió la Audiencia el criterio de la sentencia apelada de que la compraventa simulaba una donación remuneratoria, válida y lícita. Igualmente lo hizo en cuanto a la caducidad de la acción rescisoria pues el plazo debía computarse desde la fecha de la escritura (abril de 1.989) o incluso desde su inscripción en el Registro de la Propiedad (junio de 1.989), sin que pudiese diferirse a la fecha en que recayó sentencia en el anterior litigio civil "pues el principio de seguridad jurídica —dice el fundamento jurídico cuarto— impide que pueda quedar sometido el inicio del cómputo a otras circunstancias externas al propio contrato que se pretenda revocar; como recoge la sentencia apelada dicha interpretación del día inicial concuerda también con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Hipotecaria".

Contra la sentencia de la Audiencia ha interpuesto recurso de casación el actor don Juan Francisco.

PRIMERO.— El motivo primero, al amparo del art. 1.692.3º LEC de 1.881, acusa quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia por infracción del art. 248.3º LOPJ ya que en la sentencia recurrida no consta ningún párrafo numerado y separado que se pronuncie acerca de los hechos que se considerasen probados. Para estudiar si se han o no infringido las normas reguladoras de la sentencia o cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, es preciso, dice el recurrente, que el Tribunal se pronuncie sobre el objeto del proceso, que es el de la validez o no del negocio concertado entre los demandados.

El motivo se desestima porque es constante y reiterada doctrina de esta Sala la de que en las sentencias civiles no existe obligación de expresar los hechos que se consideren probados (sentencia de 16 de enero de 2.002 y las que cita); basta que los mismos resulten aportados con suficiencia como conclusiones fácticas decisivas a través de los fundamentos jurídicos de la resolución (sentencia de 8 de julio de 2.002 y las que cita). Por otra parte, basta la mera lectura de la sentencia recurrida para apercibirse que el tema central que estudia y resuelve es precisamente el de la calificación del negocio jurídico realizado por los demandados.

SEGUNDO.— El motivo segundo, al amparo del art. 1.692.4º LEC de 1.881, acusa infracción de los siguientes artículos del CC: 1.261.3, 1.275, 1.276, 618 a 655, ambos inclusive. En su fundamentación, el recurrente resume las declaraciones de los demandados en las diligencias previas de carácter penal que se siguieron con anterioridad a la demanda origen de este pleito, concluyendo que no hubo compraventa por falta de precio entre los esposos demandados y su hija, por lo que hubo una simulación y en consecuencia la expresión de una falsa causa. A continuación el recurrente combate la ratio de las sentencias de instancia, que sostienen que aquella simulación era relativa, pues ocultaba un negocio de donación remuneratoria. Mantiene, en contra, que tal supuesto negocio tendría una causa ilícita, pues no hubo voluntad de donar sino de perjudicarle provocando la insolvencia de los demandados, y por no reunir el requisito de forma exigido en el artículo 633 CC. Además, afirma que la donación de los únicos bienes que poseía el matrimonio demandado sería nula por contravenir el art. 634 CC e inoficiosa según el art. 636 del mismo cuerpo legal.

Hasta aquí las argumentaciones esenciales del recurso, que coinciden con la sentencia recurrida en

que la misma estimó completamente simulada la escritura de compraventa por falta de precio, y discrepan en la existencia y validez del negocio disimulado. Dice la susodicha sentencia: "En consecuencia debemos concluir con que en realidad ha existido una donación remuneratoria con una causa válida y lícita. La circunstancia de que la misma tuviera lugar a los dos meses de que el hijo y hermano de los demandados alcanzara con un perdigón el ojo del hijo del actor no es suficiente para poder presumir que el Sr. Carlos Ramón intentaba perjudicar al hoy actor pues debe tenerse en cuenta que la familia de ambos hijos era muy amiga y que el disparo se produjo cuando ambos menores llevaban una escopeta cada uno y habían salido a jugar después de haber comido juntos. Tal circunstancia bien pudo llevar al convencimiento al Sr. Carlos Ramón de que su amigo nunca le iba a reclamar cantidad alguna por el accidente; ello es así por cuanto no consta que el actor le hiciera reclamación alguna (aunque fuera verbal) antes de la celebración del contrato pues incluso dejó transcurrir 20 meses para interponer la demanda; por otro lado tampoco era clara la responsabilidad del Sr. Carlos Ramón cuando tanto la Audiencia como el Tribunal Supremo apreciaron la existencia de concurrencia de culpas en el Sr. Carlos Ramón y en el actor por la falta de vigilancia de ambos menores al no adoptar las medidas para que no pudieran llevarse cada uno una escopeta".

El motivo se desestima porque no se han infringido los arts. 1.275 y 1.276 CC, ya que, según acabamos de exponer, la compraventa ocultaba una donación remuneratoria. Que existiese o no, no puede juzgarse dado el defectuoso planteamiento procesal que hace imposible conocer cuál o cuáles son los concretos y específicos preceptos infringidos, pues cita como tales TODOS los relativos a la donación, pero no es misión de esta Sala subsanar aquel defecto analizando la completa regulación de la donación para comprobar si la sentencia recurrida la infringió o no (sentencias de 20 de junio de 2.002 y 17 de noviembre de 2.006).

TERCERO.— Una coherencia entre el recurso de casación que se examina, con la sentencia recurrida y con las peticiones de la «súplica" de la demanda, obliga al análisis del motivo cuarto en lugar del tercero, pues aquél se refiere a la nulidad absoluta del negocio, en la tesis que se postula, mientras que el último se relaciona solamente con la rescisión de dicho negocio. La petición principal de la demanda fue la declaración de nulidad y la subsidiaria la de su rescisión. Además, el motivo segundo abordaba la nulidad, a la que se vuelve en el cuarto.

Dicho motivo, al amparo del art. 1.692.4º LEC de 1.881, acusa infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias que cita, de forma parcial, que declaran la nulidad de la donación de inmuebles hecha bajo una compraventa totalmente simulada. Termina la fundamentación del motivo negando que el negocio jurídico encubra un móvil lícito y protegible. Dice el recurrente: "Efectivamente en la época de la supuesta transmisión la adquirente contaba apenas con 18 años de edad, trabajando a media jornada en una fábrica de pieles. En el supuesto hipotético que esta hubiese aportado todo o parte de su precario salario para sufragar gastos domésticos o familiares, tal cantidad es insignificante en relación a los tres bienes inmuebles transmitidos".

CUARTO.— Dada la desestimación del motivo segundo de este recurso, la Sala ha de partir para juzgar sobre el cuarto de la declaración de la sentencia recurrida; existencia de una donación remuneratoria con causa válida y lícita, oculta bajo una escritura pública la venta totalmente simulada.

La cuestión de si es válida la donación efectuada de este modo encubierto ha sido tratada en numerosas ocasiones por esta Sala con criterios discrepantes. El recurrente sólo recoge algunas de las sentencias favorables a su tesis de la nulidad.

Lo niegan las sentencias de 3 de marzo de 1.932, 22 de febrero de 1.940, 20 de octubre de 1.961, 1 de diciembre de 1.964, 14 de mayo de 1.966, 1 de octubre de 1.991, 6 de abril de 2.000 y 16 de julio de 2.004. Son resoluciones cuya ratio decidendi es el criterio negativo a que la donación de inmuebles pueda ser disimulada, no meros obiter dicta que no obedecen al establecimiento de criterios para la resolución del caso litigioso, no constituyendo por tanto doctrina jurisprudencial. La contenida en las sentencias citadas tienen unas líneas muy semejantes, que nacen de la de 3 de marzo de 1.932; la escritura pública de compraventa no vale para cumplir el requisito del art. 633 CC, pues no es escritura pública de donación, en la que deben expresarse tanto la voluntad de donar como la aceptación del donatario. La primera no prueba la existencia de la donación del modo y forma que exige el art. 633 (S. 3 de marzo de 1.932); la escritura pública se otorgó para amparar un contrato nulo, sin que en la misma constase el «animus donandi», las cargas impuestas al donatario, ni la aceptación de éste (sentencia de 1 de diciembre de 1.964); y que la aceptación del donatario no existe pues dio su consentimiento para un contrato de compra (sentencia 1 de octubre de 1.991).

Frente a estas sentencias pueden situarse otras en las que se mantiene la posición contraria, esto es, la validez de la donación de inmuebles disimulada. Son las de 29 de enero de 1.945, 16 de enero de 1.956, 15 de enero de 1.959, 31 de mayo de 1.982, 19 de noviembre de 1.987, 9 de mayo de 1.988, 19 de noviembre de 1.992, 21 de enero de 1.993, 20 de julio de 1.993, 14 de marzo de 1.995 y 2 de noviembre de 1.999. Al igual que las mencionadas en el párrafo anterior, la validez de la donación encubierta es ratio del fallo. El argumento básico de esta posición es el de que si bajo el negocio simulado existe el disimulado, la forma de aquél será la propia de este último, y si es la exigida por la ley para el tipo de negocio al que pertenece, cumple con el requisito formal correspondiente; que el Notario cuando autorizó la escritura pública estaba en verdad autorizando un contrato de donación (sentencias de 9 de mayo de 1.988 y 30 de septiembre de 1.995).

Un tercer criterio es el de que, ante las posiciones enfrentadas sobre la cuestión, ha de resolverse ateniéndose a las circunstancias del caso (sentencias de 19 de noviembre de 1.987, 23 de septiembre de 1.989, 22 de enero de 1.991, 30 de diciembre de 1.999, 18 de marzo de 2.002 y 7 de octubre de 2.004).

Esta Sala considera que la nulidad de la escritura pública de compraventa impide que se considere válida la donación de inmuebles que se dice encubría. Aunque se probase que hubo «animus donandi» del donante y aceptación por el donatario del desplazamiento patrimonial, lo evidente es que esos dos consentimientos no constan en la escritura pública sino en los autos del pleito seguido sobre la simulación.

El art. 633 CC, cuando hace forma sustancial de la donación de inmuebles la escritura pública no se refiere a cualquier escritura, sino a una específica en la que deben expresarse aquellos consentimientos, y ello es totalmente diferente de que se extraigan de los restos de una nulidad de la escritura de compraventa como resultado de una valoración de la prueba efectuada por el órgano judicial. En consecuencia, una escritura pública de compraventa totalmente simulada no cumple los requisitos del art. 633, pues el negocio disimulado de donación que se descubra no reúne para su validez y eficacia aquellos.

Esta tesis no puede ser sustituida por la de la validez cuando la donación se califica como remuneratoria. El art. 633 no hace ninguna excepción de lo que preceptúa para ninguna donación, además de que la remuneratoria no tiene ningún régimen especial, es el móvil remuneratorio el que guía el «animus donandi» del donante nada más; móvil indiferente jurídicamente para el Derecho, que no causa, del negocio jurídico.

La no aplicación de la forma sustancial a la donación remuneratoria no puede basarse en su tratamiento legal por la normativa de los contratos en la que impera el principio de la libertad de forma. El art. 622 sólo ordena que las remuneratorias se sometan a las normas de la donación en lo que «excedan del valor del gravamen impuesto", es decir, aquella normativa de los contratos regirá hasta la concurrencia del gravamen. El precepto es absolutamente inaplicable a la donación remuneratoria, en cuanto que por definición (art. 619) no se impone ningún gravamen al donante, sino que se remuneran servicios ya prestados que no constituyan deudas exigibles. Ciertamente que la doctrina científica ha discutido sobre el alcance de las incompresibles palabras del legislador respecto a las remuneratorias, pero las diferentes posiciones que se propugnan no pasan de consideraciones doctrinales en modo alguno unánimes. En el terreno de la aplicación del derecho, no es posible la conjugación de los arts. 619 y 622, en otras palabras, no cabe confundir una donación remuneratoria con una donación modal. Es en ésta en la que efectivamente puede imponerse un gravamen al donatario, pero no en la remuneratoria.

Finalmente, hay que decir que el criterio favorable a la validez de la donación disimulada propicia por sí mismo fraude a los acreedores y legitimarios del donante, en cuanto les impone la carga de litigar para que se descubra la simulación, a fin de que se revele el negocio disimulado, y una vez conseguido, combatirlo si perjudica a sus derechos (acción rescisoria) o para que sean respetados (acción de reducción de donaciones por inoficiosidad).

Por todo ello se estima el motivo.

QUINTO.— La estimación del motivo cuarto del recurso hace inútil el examen de los referentes a la pretensión subsidiaria de la demanda (tercero y quinto), pues obliga a acoger la principal, casando y anulando la sentencia recurrida, con revocación de la de primera instancia que aquélla confirmó.

En cuanto a las costas de primera instancia y de la apelación no procede imponerlas a ninguna parte, dada la naturaleza sumamente controvertida en la propia jurisprudencia de la cuestión litigiosa. Tampoco procede hacerlo respecto de las de este recurso por disposición legal (art. 1.715.2 LEC de 1.881).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por don Juan Francisco, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María del Angel Sanz Amaro contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia con fecha 26 de octubre de 1.999, la cual casamos y anulamos, y con revocación de la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Molina de Segura de fecha 18 de enero de 1.999, debemos estimar y estimamos que es nula por simulación absoluta la escritura pública de compraventa de 14 de abril de 1.989, otorgada por los demandados don Carlos Ramón y doña Ana en favor de su hija doña Nieves, condenando a dicha demandada al reintegro de las fincas a que se refiere al patrimonio de sus padres, y ordenando la cancelación de las inscripciones registrales que, en favor de doña Nieves, haya causado la referida escritura pública de compraventa. Sin condena en las costas de la primera instancia, apelación y las de este recurso de casación a ninguna de las partes. Con devolución del depósito constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.

VOTO PARTICULAR

Con el mayor respeto para el criterio mayoritario plasmado en la Sentencia, formuló el siguiente voto particular discrepante:

PRIMERO.— En primer lugar entiendo que el supuesto enjuiciado constituye una clara manifestación de simulación absoluta, pues la escritura pública denominada de compraventa de 14 de abril de 1.989 respondió únicamente al propósito de poner los bienes inmuebles de los padres (incluida la vivienda familiar) a nombre de una hija mayor de edad, con el fin de sustraer el patrimonio familiar a la posible responsabilidad civil derivada del hecho ocurrido el 19 de febrero de 1.989 en el que intervino un hijo del matrimonio menor de edad, el cual, al accionar una escopeta de perdigones perteneciente a su padre, impactó en un ojo de un amigo también menor con el que se hallaba jugando, a consecuencia de cuyo accidente el herido perdió la visión del ojo afectado.

Creo que debieron estimarse los motivos del recurso de casación primero —es patente la absoluta falta de motivación de la resolución recurrida acerca de la simulación absoluta postulada en la demanda, pues limita su contenido a la validez de la donación remuneratoria— y segundo —por infracción de los arts. 1.261.3º, 1.274, 1.275 y 1.276 CC por expresión de causa falsa, y no existir otra causa verdadera y lícita—; sin que obste para la apreciación de la simulación contractual que nos hallemos ante un Recurso de casación pues no hay cuestión sobre los indicios —que integra la «questio facti"—, sino sobre su significación jurídica, es decir, la entidad para revelar la actuación simulatoria fraudulenta (por todas, S. 7 de diciembre de 2.006, núm. 1.283), y sin que proceda reducir la apreciación del fraude de acreedores al campo de la acción rescisoria, en cuanto ésta opera en el ámbito de los contratos válidos (art. 1.290 CC), la actuación fraudulenta puede manifestarse mediante un contrato carente de validez.

SEGUNDO.— En segundo lugar, discrepo de la Sentencia en cuanto declara la nulidad de la donación remuneratoria disimulada en escritura pública de compraventa con base en que entiende que no se cumple el requisito de constancia formal de la aceptación de la donación exigida en el art. 633 CC. El tema no es pacífico en la doctrina, y no lo ha sido en la jurisprudencia de esta Sala, dentro de la que caben citar numerosas Sentencias contradictorias. La razón de mi discrepancia es que comparto la tesis de la interpretación flexible del art. 633 CC en el sentido de que la verdadera voluntad y finalidad perseguida por los contratantes es la de otorgarse una donación, y que la tesis literalista adolece de un excesivo rigor formal. Este criterio flexible es el que empezó a predominar en la jurisprudencia a partir de 1.980 en la perspectiva de la donación remuneratoria, tanto por las razones que la determinan como por la facilidad probatoria del ««animus donandi», y luego se extendió también a la donación pura, y que, por otra parte, permite, sin quebrantar ningún dogma legal, dar una respuesta satisfactoria a comportamientos sociales, que, por los motivos subjetivos legítimos que sean, no quieren que su voluntad real sea conocida por terceros.

Este criterio es mantenido entre otras muchas Sentencias en las de 7 de marzo de 1.980; 31 de mayo de 1.982; 19 de noviembre de 1.987; 9 de mayo de 1.988; 23 de septiembre de 1.989; 29 de noviembre de 1.989; 22 de enero de 1.991; 21 de enero, 29 de marzo, 20 de julio y 13 de diciembre de 1.993; 6 de octubre de 1.994; 14 de marzo de 1.995; 28 de mayo de 1.996; 30 de noviembre de 1.998; 2 de noviembre y 14 de diciembre de 1.999, y con posterioridad prácticamente sin vacilaciones por las Sentencias de 1 de febrero y 18 de octubre de 2.002, 13 de febrero de 2.003 y 7 de octubre de 2.004, sin que supongan criterio diferente las Sentencias señaladas en la Sentencia de que se discrepa de 6 de abril de 2.000 y 16 de julio de 2.004 porque se refieren  entiendo— a supuestos no asimilables con el que se enjuicia.

Por lo tanto, el criterio mayoritario de que discrepo no supone optar por una de varias líneas jurisprudenciales, sino que, a mi modesto entender, cambia la jurisprudencia más reciente de la Sala, e implanta un criterio que estimo se había superado; resultando especialmente revelador de que el criterio flexible jurisprudencial se había consolidado un somero examen de la mayoría de las Sentencias de las Audiencias Provinciales.

TERCERO.— Por último, y no obstante lo que se expuso anteriormente, la principal razón a que obedece este voto particular no es tanto la discrepancia en relación con un tema técnico y polémico, respecto del que caben posturas disímiles, y que responden a distintas formas de afrontar una interpretación de la norma legal —literalista, o flexible—, sino la inoportunidad del cambio jurisprudencial. La doctrina jurisprudencial se forma con una vocación de estabilidad y permanencia por exigirlas la certeza del derecho, y consiguientemente la seguridad jurídica, lo que no significa que deba enquistarse, pues debe responder a la evolución y desarrollo jurídico en atención a las circunstancias de los tiempos. El cambio jurisprudencial, especialmente cuando incide de modo intenso en el mundo de las relaciones jurídicas, requiere una especial ponderación de su necesidad, bien porque hay una razón nueva que lo justifica, bien porque concurren circunstancias relativas a la realidad jurídica—social que lo exigen, o aconsejan. Entiendo que, en el caso, el cambio es inoportuno porque no hay ninguna razón nueva, ya que el posible perjuicio para derechos legitimarios, aparte de ser tanto más factible con el contrato de compraventa, tiene adecuada respuesta en la nulidad del negocio disimulado (SS. 1 de abril de 2.000, 28 de febrero y 23 de octubre de 2.002 y 29 de septiembre de 2.005), y el argumento interpretativo literalista fue el que determinó durante años la contradicción jurisprudencial y parecía superado (un sólo voto particular, en el año 1.995), y, sobre todo, porque el cambio va a producir una importante afectación social, porque puede dar lugar a la inestabilidad de situaciones jurídicas creadas al amparo de nuestra jurisprudencia, que es tanto más perturbador en lo que atañe a las donaciones remuneratorias. Es éste el aspecto que más me preocupa, porque la "norma jurisprudencial", a diferencia de una modificación legal, no es, para tal doctrina, irretroactiva. Y ahí radica la trascendencia del cambio que se efectúa, porque el criterio mayoritario plasmado en la Sentencia de que discrepo, como Sentencia de la Sala 1ª en pleno o general, constituye «per se" Jurisprudencia.

CUARTO.— Por lo expuesto, debe casarse la Sentencia recurrida, revocarse la del Juzgado, y estimarse la demanda declarando nulo por simulación absoluta el contrato otorgado en escritura pública de 14 de abril de 1.989, con imposición a los demandados de las costas causadas en la primera instancia, y sin especial declaración respecto de las de la apelación y casación.

Este es el voto particular que formula el Magistrado Dn. Jesús Eugenio Corbal Fernández, y al que se adhieren el Magistrado Dn. Xavier O'Callaghan Muñoz, D. Vicente Luis Montés Penedés y D. José Antonio Seijas Quintana.— Rubricado: Eugenio Corbal Fernández.— Xavier O'Callaghan Muñoz.— Vicente Luis Montés Penedés.— José Antonio Seijas Quintana.

1. La Sentencia es del Pleno, pero tiene un voto particular firmado por cuatro magistrados.

Aunque basta para formar Sala con tres magistrados, el art. 197 de la LOPJ contempla la posibilidad de que puedan ser llamados para formar Sala todos los magistrados que la componen cuando el Presidente o la mayoría de aquellos lo estime necesario para la Administración de Justicia. La posibilidad de una convocatoria de Sala General permite debatir y unificar criterios en cuestiones que provocan discrepancias entre los magistrados, y puede servir para evitar jurisprudencia contradictoria. En el presente caso se constituye el Pleno de la Sala Primera para conocer jurisdiccionalmente de un caso concreto en el que se plantea un problema sobre el que existe jurisprudencia contradictoria: el de la validez de la donación de inmueble encubierta por una escritura de venta.

Se trata de una ocasión perdida de poner fin al que, a la vista del abundante número de resoluciones jurisprudenciales dictadas en los últimos años, parece ser el principal problema que plantea la donación. Es ponente de la sentencia que da origen a este comentario el magistrado Antonio Gullón Ballesteros, y la firman, además, los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos, Román García Varela, Francisco Marín Castán, José Ramón Ferrándiz Gabriel, Encarnación Roca Trías y Antonio Salas Carceller. Formula voto particular el magistrado Jesús Eugenio Corbal Fernández, al que se adhieren los magistrados Xavier O'Callaghan Muñoz, Vicente Luis Montés Penedés y José Antonio Seijas Quintana. Lejos de alcanzar un acuerdo la Sentencia consagra la división, y evidencia la imposibilidad, por el momento, de contar con una jurisprudencia que unifique criterios acerca de la validez de la donación de inmueble disimulada bajo la forma de escritura de compraventa.

La sentencia de 11 de enero de 2007 expone resumidamente los criterios discrepantes seguidos en distintas ocasiones por la Sala Primera y adopta el que considera preferible. El voto particular sostiene, por el contrario, que la sentencia se aparta de la jurisprudencia más reciente de la Sala e implanta un criterio superado.

Existe una opinión con arreglo a la cual, fuera de los casos en los que se trata de defraudar a terceros, debe mantenerse la validez de la donación disimulada, por ser esa la voluntad de los otorgantes y no mediar fraude para los derechos de los acreedores o los legitimarios. La exigencia rigurosa de escritura pública para la donación de inmuebles del art. 633 CC no se opondría a ello y, tras apreciar simulación, se entiende que debe prevaler el negocio realmente querido (art. 1276 CC) y se considera cumplido el requisito de forma aunque la escritura sea de compraventa y no propiamente de donación. En este sentido, en el voto particular de la sentencia se dice: "La razón de mi discrepancia es que comparto la tesis de la interpretación flexible del art. 633 CC en el sentido de que la verdadera voluntad y finalidad perseguida por los contratantes es la de otorgarse una donación, y que la tesis literalista adolece de un excesivo rigor formal. Este criterio flexible es el que empezó a predominar en la jurisprudencia a partir de 1980 en la perspectiva de la donación remuneratoria, tanto por las razones que la determinan como por la facilidad probatoria del «animus donandi», y luego se extendió también a la donación pura, y que, por otra parte, permite, sin quebrantar ningún dogma legal, dar una respuesta satisfactoria a comportamientos sociales, que, por los motivos subjetivos legítimos que sean, no quieren que su voluntad real sea conocida por terceros".

Para la opinión mayoritaria que firma la sentencia, por el contrario, la donación disimulada en escritura pública de compraventa es nula porque no se cumple el requisito de constancia formal del «animus donandi» del donante y de la aceptación de la donación por el donatario exigida en el art. 633 CC.

Parece que la tesis que queda más devaluada (y de la que se hace eco la manualística civilista como si fuera la doctrina jurisprudencial mayoritaria) es la que predica que, aunque como regla general debe negarse que la escritura de venta sea la forma adecuada para cumplir el requisito de forma que el art. 633 exige para la donación de inmuebles, debe admitirse una excepción, la de la donación remuneratoria. La sentencia, por un lado, expresamente rechaza esta tesis ("el art. 633 no hace ninguna excepción de lo que preceptúa para ninguna donación, además de que la remuneratoria no tiene ningún régimen especial, es el móvil remuneratorio el que guía el «animus donandi» del donante nada más"), y en el voto particular se advierte que, si bien la interpretación flexible del art. 633 se inició en casos en los que era remuneratoria la donación encubierta por compraventa simulada, lo determinante no es si la donación es remuneratoria, sino el criterio más general de que la escritura de compraventa basta a efectos formales. Es cierto que la doctrina que sostiene la validez de la donación tuvo su origen y se ha aplicado sobre todo en el caso de las donaciones remuneratorias (Ss. 7 marzo 1980, 31 mayo 1982, 13 octubre 1992, 21 enero 1993, 14 marzo 1995). Tradicionalmente esta tesis ha tenido su apoyo en la idea de que, como el art. 622 CC se remite para las donaciones remuneratorias a las reglas de los contratos, cuando el servicio que se remunera vale tanto o más que lo donado la donación remuneratoria está libre de la falta de forma solemne de la donación pura. En los últimos tiempos, puesto que lo cierto es que el art. 633 CC exige la forma para todo tipo de donación de inmuebles y, sobre todo, que es extremadamente difícil determinar el valor del servicio que se remunera, los defensores de esta tesis insisten en que la validez de la donación remuneratoria de un inmueble disimulada bajo la forma de una compraventa simulada resulta, sobre todo, de que siendo la donación remuneratoria queda acreditado mucho más fácilmente el animus donandi, y por aplicación del art. 1.276 CC debe prevalecer la voluntad real de las partes. En este sentido apunta el voto particular de la sentencia de 11 de enero de 2007 ("por la facilidad probatoria del «animus donandi») y, más rotundamente el voto particular de O'Callaghan a la sentencia de 26 de febrero de 2007, a la que me refiero a continuación.

Pueden hacerse, inicialmente, algunas observaciones. En primer lugar, la constatación de que queda consagrada una indeseable incertidumbre que dará lugar a sentencias contradictorias sobre asuntos similares en función no sólo de las circunstancias sino también de quién sea el ponente. Las razones prácticas por las que las personas otorgan simuladamente una compraventa son variadas. Pueden pretender únicamente defraudar a los acreedores: el "poner los bienes a nombre de los hijos", sin desear realmente una donación ni desprenderse de los bienes. Pueden perseguir favorecer a uno de los hijos o descendientes, o incluso a un tercero, bien para defraudar a legitimarios bien, sencillamente, para conseguir lo que el ordenamiento permite lograr por otras vías. Así, por ejemplo, sobre todo cuando no hay legitimarios, el vendedor-donante puede nombrar heredero al comprador-donatario libremente y sin ningún tipo de restricciones cuantitativas ni cualitativas y, sin embargo, prefiere dejar abierta la puerta para que sus hermanos, herederos legales, o incluso los herederos voluntarios (para los que la jurisprudencia discute la legitimación) impugnen la compraventa simulada. Para cada uno de estas hipótesis (simulación absoluta, simulación relativa, fraude de acreedores, fraude a la legítima, incumplimiento de forma de donación en todos los casos) es difícil aventurar las posibilidades de éxito de una impugnación de la donación simulada así como aconsejar la argumentación jurídica preferible que podría utilizarse para lograrlo.

Ello porque, detrás de este problema práctico, existe una profunda divergencia sobre un buen número de cuestiones teóricas. Al margen de otras consideraciones es curioso observar cómo en la sentencia que da origen a este comentario aparecen divididas las opiniones de los cuatro catedráticos de Derecho civil que son magistrados del Supremo, dos de ellos con el sentir mayoritario (Antonio Gullón, Encarna Roca) y dos con la opinión minoritaria recogida en el voto particular (Xavier O'Callaghan, Vicente Montés). En el fondo, existen posiciones bien diversas en el tratamiento teórico-práctico que debe otorgarse a los problemas que suscita la simulación, la función que cumple la forma y las consecuencias de su inobservancia, la trascendencia de que los particulares sigan los cauces previstos en el ordenamiento para conseguir sus fines, y lo que le importa a la sociedad que no lo hagan, tanto cuando hay personas especialmente perjudicadas en derechos reconocidos y protegidos por el ordenamiento (acreedores, legitimarios) como cuando no las hay y, o bien reclaman terceros con expectativas hereditarias que no se ven cumplidas (hermanos, sobrinos, herederos voluntarios favorecidos por un testamento que no se cambió pero que por las donaciones realizadas se ven privados de recibir una parte sustancial del patrimonio que perteneció al causante) o, simplemente, hay un interés general en que se paguen los impuestos con arreglo al negocio jurídico que las partes realmente han querido celebrar.

2. Otras sentencias del Tribunal Supremo de este mismo año 2007.

En el momento de redactar este comentario la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que se plantea el  problema de la validez  de la donación de inmuebles disimulada en una escritura de compraventa. Veamos cómo se ha abordado la cuestión.

A.— La sentencia de 26 de febrero de 2007. Ponente: Antonio Gullón Ballesteros. Voto particular de Xavier O'Callaghan Muñoz.

En el caso de la sentencia de 26 de febrero de 2007 al causante-donante, que no tiene legitimarios, le hereda abintestato un hermano. Es este el que demanda al chofer de su hermano, solicitando la nulidad de las escrituras de venta que el causante otorgó a su favor sin que mediara precio.

Antonio Gullón, ponente de la sentencia de 11 de enero de 2007 lo es también de esta de 26 de febrero. En esta segunda ocasión, y con los mismos argumentos recogidos en la sentencia de 11 de enero, se estima el recurso de casación y se declara la nulidad de una escritura de venta que ocultaba la donación de un inmueble. Se reitera que una escritura pública de compraventa totalmente simulada no cumple los requisitos del art. 633, pues el negocio disimulado de donación que se descubra no reúne para su validez y eficacia aquellos. Se añade que esta doctrina no admite excepción en el caso de las donaciones remuneratorias, porque el  art. 633 no hace ninguna excepción de lo que preceptúa para ninguna donación, además de que la remuneratoria no tiene ningún régimen especial, y es el móvil remuneratorio el que guía el «animus donandi» del donante nada más, móvil que se considera indiferente jurídicamente para el Derecho.

Xavier O'Callaghan (que se adhirió al voto particular redactado por Jesús Corbal a la sentencia de 11 de enero de 2007) formula en esta ocasión un voto particular que, no siendo demasiado extenso, merece la pena transcribir, por la claridad con la que recoge una de las formas de abordar el problema:

"Primero. En consonancia con el voto particular formulado frente a la sentencia 11 de enero del presente año sobre tema análogo, expreso mi discrepancia partiendo de una cuestión jurídica esencial: el artículo 633 del Código Civil impone la forma ad solemnitatem de la escritura pública en la donación de bienes inmuebles, lo cual es incuestionable. Si se celebra un contrato de compraventa y no hay precio, se dará la simulación absoluta del mismo, por falta de causa y se deberá declarar la inexistencia del contrato por falta de elemento esencial. Si ocurre lo mismo, pero aparece la realidad del «animus donandi», la simulación será relativa: la compraventa en escritura pública simula una donación, cuya donación disimulada es válida, pues concurren sus elementos: consentimiento (transmisión y aceptación), objeto (el mismo), causa (de liberalidad, disimulada) y forma: hay escritura pública, que exige aquella norma; escritura pública, forma esencial que se cumple, aunque sea como compraventa, pero esto es precisamente lo que configura la simulación relativa.

Lo anterior lo mantengo en todo caso de compraventa simulada y donación, válida como tal, disimulada. En la donación pura no siempre se acredita el «animus donandi». Es evidente y demostrable en la donación remuneratoria, no porque las remuneratorias se rijan por las normas generales de los contratos ya que no es cierta la extraña disposición del artículo 622 y en ello estoy de acuerdo con la sentencia de la que discrepo (fundamento primero, párrafo séptimo).

Segundo. Ciertamente, se ha dado una fluctuación jurisprudencial en este tema, que pone en entredicho, aparte otras objeciones, la fuerza vinculante de la misma. Pero también es cierto que la jurisprudencia de los últimos años se había pronunciado decididamente a favor de la interpretación flexible del artículo 633 y la validez de la donación encubierta bajo compraventa simulada, siempre, claro es, que fuera en escritura pública y no fuera con fraude de derechos de legitimarios o acreedores; criterio que era seguido por Jueces y Audiencias por mor de lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil y que había aceptado la práctica forense (han llegado asuntos a casación en que se plantean otros temas, pero se parte de la validez de la donación bajo compraventa simulada en escritura pública) y la realidad social (era una práctica constante, sin que tengan alcance en derecho los móviles subjetivos).

Tercero. El presente caso es especialmente sangrante. Una persona culta y conocedora del derecho, tras una larga conversación con el notario, celebra en escritura pública una compraventa simulada con el comprador que acepta, como verdadero donatario, como clara donación remuneratoria, como se expresa en la demanda y se recoge en la sentencia (fundamento de derecho preliminar). La donación favorece a persona que había tenido larga relación con el donante y en la sentencia se acoge el pedimento de nulidad que hace el hermano del causante (éste carecía de legitimarios) con el que ninguna relación de cariño le unía. Desde luego, las sentencias de instancia habían mantenido la validez, con cita de numerosas sentencias de esta Sala".

B.— La sentencia de 20 de junio de 2007. Ponente: Encarnación Roca Trías.

El pleito lo inicia la hija de una señora que otorgó, disimuladas bajo la forma de compraventas, varias donaciones de inmuebles a favor de nietos, y otorgó testamento nombrando herederas a dos de sus hijas, distintas de la demandante. El Juzgado estima la demanda y declara la nulidad de pleno derecho por ser totalmente simulados los contratos de compraventa. La Audiencia, tras considerar probado que existían donaciones encubiertas, desestimó la demanda que solicitaba la declaración de nulidad, por entender que la donación es válida, sin perjuicio de la inoficiosidad. La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2007 estima el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia por entender que las donaciones efectuadas por la causante de la demandante-recurrente deben ser declaradas nulas por estar efectuadas en fraude de los derechos legitimarios de la demandante.

El Tribunal Supremo en esta sentencia entiende que, al no tener en cuenta los indicios que concurren, relacionados con la intención defraudatoria de la causante y vendedora, que pretendió perjudicar los derechos de la hija legitimaria con las ventas simuladas que efectuó a favor de sus nietos y de la esposa de uno de ellos, la sentencia recurrida no aplicó correctamente el artículo 1275 CC en el sentido interpretado "de forma relativamente unánime" por la Sala Primera.

Según la sentencia de 20 de junio de 2007, declarada la simulación del contrato de compraventa por esconder auténticas donaciones, debe examinarse si la causa de éstas era o no lícita y todos los indicios llevan a la conclusión de que se efectuaron para defraudar los derechos de la legitimaria, por lo que deben declararse nulas las donaciones disimuladas.

La demandante recurrente no plantea en este pleito que la escritura de venta no es escritura de donación a los efectos del art. 633 CC. Dice la sentencia del Tribunal Supremo que la sentencia recurrida utiliza un argumento adicional para desestimar la demanda de nulidad, el de que la donación efectuada es válida a pesar de que lo documentado en la escritura pública fue una compraventa, que la propia Sala sentenciadora considera simulada, por haberse realizado una donación. Afirma la sentencia del Tribunal Supremo que, aunque esta razón no puede ser utilizada para la resolución de este recurso por no haberse planteado en los motivos ni haber sido objeto de estudio y discusión en el pleito, lo cierto es que las donaciones efectuadas por la causante deberían ser consideradas nulas por defecto de forma, porque «la sentencia de esta Sala de 11 enero 2007, confirmada por la de 26 febrero del mismo año, sienta la doctrina de que "la nulidad de la escritura pública de compraventa impide que se considere válida la donación de inmuebles que se dice encubría"». No en vano la ponente de la sentencia de 20 de junio de 2007 firmó con la mayoría la sentencia de 11 de enero de 2007.

3. La sentencia de 11 de enero de 2007 y el voto particular discrepante.

Es interesante observar que tanto la sentencia como el voto particular que se formula consideran procedente la casación de la sentencia de instancia, pero por motivos diversos. Detrás de cada una de estas opiniones hay un planteamiento teórico diferente, tanto por lo que se refiere a la forma en que se puede revisar en casación la existencia de simulación como por lo que se refiere a la validez de la donación de inmuebles disimulada bajo la forma de una compraventa.

La sentencia rechaza los motivos del recurso que pretendían que se declarara la nulidad de la venta por simulación absoluta y estima el motivo que solicitaba la declaración de nulidad de la donación encubierta por no concurrir el requisito de validez de forma del art. 633 CC entendida en el sentido de que no basta escritura pública, sino que para la validez de la donación es necesaria una escritura pública de donación en la que conste el «animus donandi». El fallo, sin embargo, podría inducir a error sobre los razonamientos que contiene la sentencia, pues pega un salto lógico y declara que "es nula por simulación absoluta la escritura pública de compraventa". En realidad, lo que se está diciendo, a la vista de los expresado en los fundamentos jurídicos, es que la compraventa es simulada porque no hay precio y por tanto es nula, y que la escritura de compraventa no reúne los requisitos de validez de la donación.

El voto particular entiende que, en el caso, existió simulación absoluta, pues solo se pretendió poner los bienes a nombre de la hija para sustraer los bienes de los padres a la posible responsabilidad civil derivada de la actuación del hijo en el accidente de escopeta. En realidad, añado yo, los padres no querían donar nada a la hija, sino sólo crear una apariencia de negocio, y no hay ninguna otra voluntad contractual. El voto particular discrepa de la sentencia en cuanto declara la nulidad de la donación remuneratoria disimulada bajo la forma de compraventa. En palabras del magistrado discrepante porque "comparto la tesis de la interpretación flexible del art. 633 CC en el sentido de que la verdadera voluntad y finalidad perseguida por los contratantes es la de otorgarse una donación, y que la tesis literalista adolece de un excesivo rigor formal".

La sentencia no impone las costas de la primera y de la segunda instancia a ninguna de las partes, atendiendo a la "naturaleza sumamente controvertida en la propia jurisprudencia de la cuestión litigiosa". El voto particular, en cambio, entiende que las costas de la primera instancia debieron imponerse a los demandados.

El resultado, en el caso que da pie a esta sentencia, es el mismo, el de la declaración de la nulidad de la escritura otorgada por los demandados, con la consiguiente restitución de las fincas a los padres y la cancelación de las inscripciones registrales a favor de la hija, lo que permitirá al demandante (por cierto, dieciocho años después del accidente) cobrar la indemnización. Declarada la nulidad, tanto si se sigue el camino de la sentencia como el del voto particular, ya no es necesario entrar a analizar si se dan los presupuestos de la acción rescisoria por fraude de acreedores. Podría parecer intrascendente entonces la vía por la que se llega a este resultado y admitir que, si se aprecia simulación absoluta, no es preciso mantener la rigidez del criterio formalista adoptado por la sentencia. Pero en realidad no es así. De una parte porque no siempre puede apreciarse simulación absoluta en las ventas simuladas y, en ocasiones, el vendedor-donante realmente quiere hacer una atribución gratuita al comprador-donatario. De otra porque, existiendo remedios específicos para los actos que defraudan los derechos de los acreedores (rescisión por fraude) y de los legitimarios (acciones de reducción) no es seguro que la aplicación del art. 1275 CC y la declaración de la nulidad del contrato sea la solución que unitariamente deba imponerse en todos los supuestos.

Una última observación. El art. 643 CC establece la responsabilidad del donatario respecto de las deudas de donante cuando la donación se haya hecho en fraude de acreedores. En particular, se presumirá siempre hecha la donación en fraude de acreedores cuando al hacerla no se haya reservado el donante bienes bastantes para pagar las deudas anteriores a ella. Es discutido si se trata de una aplicación de la acción pauliana o  de una acción que permite a los acreedores dirigirse directamente contra el donatario sobre todos sus bienes. Parece preferible entender que se trata de una responsabilidad del donatario con los bienes recibidos del donante y, al menos, por las deudas que a este le fueran exigibles en el momento de realizar la donación. Lo cierto es, sin embargo que, en la práctica, las donaciones fraudulentas suelen disimularse bajo la forma de una compraventa y, habitualmente, son casos de simulación absoluta, en el sentido de que el único propósito que anima a las partes es el de sustraer los bienes a la acción de los acreedores. Ello explica que los acreedores defraudados ejerzan la acción de simulación y no acudan a lo dispuesto en el art. 643 CC que, en principio, podría parecer el cauce más idóneo para satisfacer sus intereses.

A.— La simulación en el recurso de casación.

En el caso que da pie a la sentencia de 11 de enero de 2007 se trata de una compraventa simulada en la que no hay precio. Este hecho queda acreditado y así lo reconocen las dos sentencias de instancia. Estas entienden, además, que la simulación era relativa, pues ocultaba un negocio de donación remuneratoria. La sentencia recurrida concluye que en realidad hubo una donación remuneratoria con una causa válida y lícita y que no se puede presumir fraude: "La circunstancia de que la misma tuviera lugar a los dos meses de que el hijo y hermano de los demandados alcanzara con un perdigón el ojo del hijo del actor no es suficiente para poder presumir que el Sr. Carlos Ramón intentaba perjudicar al hoy actor pues debe tenerse en cuenta que la familia de ambos hijos era muy amiga y que el disparo se produjo cuando ambos menores llevaban una escopeta cada uno y habían salido a jugar después de haber comido juntos. Tal circunstancia bien pudo llevar al convencimiento al Sr. Carlos Ramón de que su amigo nunca le iba a reclamar cantidad alguna por el accidente; ello es así por cuanto no consta que el actor le hiciera reclamación alguna (aunque fuera verbal) antes de la celebración del contrato pues incluso dejó transcurrir 20 meses para interponer la demanda; por otro lado tampoco era clara la responsabilidad del Sr. Carlos Ramón cuando tanto la Audiencia como el Tribunal Supremo apreciaron la existencia de concurrencia de culpas en el Sr. Carlos Ramón y en el actor por la falta de vigilancia de ambos menores al no adoptar las medidas para que no pudieran llevarse cada uno una escopeta".

El primer motivo del recurso de casación denuncia, al amparo del derogado art. 1692.3º LEC quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia por infracción del art. 248.3º ya que en la sentencia recurrida no consta ningún párrafo numerado y separado que se pronuncie acerca de los hechos que se considerasen probados. El motivo segundo, al amparo del art. 1692.4º LEC acusa infracción de los siguientes artículos del Código civil: 1261.3, 1275, 1276, 618 a 655. En definitiva, lo que sostiene el recurrente es que el negocio celebrado por los demandados tendría una causa ilícita, pues no hubo voluntad de donar sino de perjudicarle provocando la insolvencia de los demandados. Además, se afirma que la donación de los únicos bienes que poseía el matrimonio demandado sería nula por contravenir el art. 634 CC, e inoficiosa según el art. 636 del mismo cuerpo legal.

El Tribunal Supremo rechaza el primer motivo con invocación de la doctrina jurisprudencial que niega que en materia civil sea preciso que las sentencias contengan formalmente una enumeración separada de los hechos probados. En efecto, se ha impuesto la opinión que restringe el alcance de lo dispuesto en el art. 209 LEC 2000 que, copiando del art. 248.3 LOPJ, podría entenderse en el sentido de hacer irregular la sentencia que carezca de enumeración expresa de los hechos probados y, por el contrario, se considera que basta con que a través de los fundamentos jurídicos de la sentencia se narren los hechos, sin ninguna formalidad. Otra cosa es que, desde luego, esta forma de proceder de los tribunales civiles puede dificultar el control de la calificación jurídica del contrato porque, al no separar formalmente los hechos probados de su valoración no pueden fácilmente atacarse ni la interpretación de la declaración de voluntad negocial ni la valoración de los indicios que permitan apreciar si ha existido simulación, o si el propósito de las partes era el de perjudicar a terceros.

El Tribunal Supremo rechaza el segundo motivo con invocación de la doctrina jurisprudencial que considera irregularmente formulado el recurso de casación que invoca de manera indiscriminada todos los preceptos relativos a una materia (en el caso, la regulación de la donación), sin especificar cuáles son los concretos preceptos infringidos.

Por el contrario, el voto particular entiende que debieron estimarse los dos primeros motivos del recurso de casación. El primero por ser patente la falta de motivación de la resolución recurrida acerca de la simulación absoluta postulada en la demanda, pues limita su contenido a la validez de la donación remuneratoria. El segundo, por infracción de los arts. 1261.3º, 1274, 1275 y 1276 CC, por expresión de causa falsa, y no existir otra causa verdadera y lícita, entendiendo que no obsta para la apreciación de la simulación contractual que nos hallemos ante un recurso de casación pues "no hay cuestión sobre los indicios -que integra la «questio facti»-, sino sobre su significación jurídica, es decir, la entidad para revelar la actuación simulatoria fraudulenta, sin que proceda reducir la apreciación del fraude de acreedores al campo de la acción rescisoria, en cuanto ésta opera en el ámbito de los contratos válidos (art. 1.290 CC), la actuación fraudulenta puede manifestarse mediante un contrato carente de validez".

Detrás de uno y otro planteamiento está, en el fondo, el problema de la revisión en casación de la simulación. Existe una jurisprudencia que entiende que es una cuestión de hecho, sólo impugnable en casación por el medio impugnatorio adecuado para ello (error en la valoración de la prueba, con invocación de la norma valorativa de prueba infringida), lo que ha permitido al Tribunal Supremo cuando ha querido revisar (o mantener) en casación la valoración del tribunal a quo con el argumento de que era contraria (o ajustada) al raciocinio lógico, a las reglas del criterio humano. Pero también se ha defendido que el control de la calificación jurídica de los hechos probados es revisable en casación (sin necesidad, en la actualidad, de acudir el recurso extraordinario por infracción procesal del art. 469.1.2 LEC) en la medida en que un error en la calificación de los hechos comporta infracción de una norma, tanto si se entiende que son las normas de interpretación de los contratos como si se entiende que la consecuencia de una defectuosa calificación jurídica es la aplicación de una norma a una situación para la que no está prevista.

Desde luego que en el ámbito civil, a diferencia de lo que sucede en el penal, no es exigible, como requisito cuyo incumplimiento lleve aparejado la nulidad de la sentencia, la expresa y formal relación de los hechos probados. A la dificultad de deslindar un puro elemento fáctico de uno jurídico puede añadirse el argumento de la falta de necesidad de tal exigencia por la propia naturaleza y finalidad del proceso civil. Pero lo cierto es que la heterogeneidad con que la jurisprudencia civil trata los problemas de simulación y la revisión en casación tanto de la calificación como de la valoración de los indicios que permiten apreciar si hay simulación viene favorecida por la forma en la que los jueces civiles redactan las sentencias, por la flexibilidad con la que se considera cumplida la referencia a los hechos probados y por la falta de separación de lo que son hechos probados de lo que es calificación.

Solo por poner ejemplos cercanos en el tiempo a los hechos que dan lugar a la sentencia de 11 de enero de 2007 me referiré a la ya citada de 20 de junio de 2007 y a la de 29 de julio de 2005, a su vez citada por la anterior.

En la sentencia de 20 de junio de 2007, como ya he dicho, se casa la de la Audiencia y se confirma la del Juzgado, después de decir en su Fundamento de Derecho primero: "El Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Avilés estimó la demanda. Consideró que a pesar de la falta de prueba, debía resolverse en favor de la existencia de la nulidad por indicios, entre los que se encontraba: a) la falta de prueba del estado de necesidad de la vendedora; b) que los inmuebles en cuestión se habían vendido a parientes cercanos; c) el precio vil que figura como entregado y no pagado efectivamente; d) no constaba la realidad de las obras, por lo que no se había acreditado que se hubieran realizado actos de dominio. Apelada dicha sentencia, la de la sección 5ª de la Audiencia provincial de Asturias revocó la apelada porque aun coincidiendo con la sentencia revocada en la escasez de los datos probatorios, analizándolos, llegaba a conclusiones distintas, aunque entendió que había simulación relativa, que se trataba de donaciones encubiertas, sin perjuicio de la inoficiosidad. Revocó la sentencia". El Supremo estima el recurso que denunciaba, al amparo del art. 1692.4 LEC infracción de los arts. 1275 y 1276 CC. A diferencia de lo que hace la sentencia de 11 de enero de 2007 no se invocan en esta otra sentencia de 20 de junio de 2007 ninguno de los argumentos sobre el carácter formal del recurso de casación, ni la conocida doctrina de que debe mantenerse en casación el criterio del Tribunal de instancia salvo cuando notoriamente falte un enlace preciso y directo entre el hecho demostrado y el que se trata de deducir.

La sentencia de 29 de julio de 2005, en cambio, desestima el recurso contra la sentencia que estimó las demandas y declaró la inexistencia por simulación absoluta de la compraventa y de la donación disimulada por ilicitud de la causa. Se rechaza el motivo del recurso que denunciaba infracción de los artículos 1281.2 en relación con el artículo 1282 CC porque "hay que estar a la apreciación realizada por la Sala de instancia, que sólo sería revisable en casación si se llegara con ella a un resultado ilógico o absurdo, como tantas veces ha dicho esta Sala". Se rechazan los motivos del recurso que denunciaban infracción del art. 1214 CC en relación con los arts. 1261.3, 1275 y 636 CC porque se recuerda que es doctrina que la prueba de la existencia y validez del negocio disimulado corresponde a la parte a quien interesa.

En el caso que da pie a la sentencia de 11 de enero de 2007, la sentencia de la Audiencia recurrida, aunque no contuviera de manera separada los hechos probados, consideró como tales tanto la inexistencia de compraventa no hubo precio como la existencia de una donación remuneratoria. El Tribunal Supremo, por su parte, da por buena la afirmación de la sentencia recurrida de que existió una donación remuneratoria "existiese o no, no puede juzgarse dado el defectuoso planteamiento procesal" del recurso de casación—, y rechaza la infracción de los arts. 1275 y 1276 CC. Seguramente porque, en el fondo, todo este problema le resultaba indiferente para lo que realmente quería decir el ponente. Que la donación era nula por falta de forma, porque la escritura no era de donación sino de compraventa. Aunque luego en la redacción del fallo le traicionara al ponente la realidad de los hechos del caso concreto: que había simulación absoluta, porque los padres y la hija no quisieron realmente celebrar ningún negocio, sino sólo ocultar bienes frente a la acción de responsabilidad civil lo que en el caso, como dice el voto particular, me parece evidente. Por eso en el fallo de la sentencia, como he advertido antes, termina declarándose que es «nula por simulación absoluta la escritura pública de compraventa".

B.— Nulidad de la donación de inmuebles hecha bajo la forma de escritura de compraventa

a) La sentencia de 11 de enero de 2007

Partiendo de la declaración de la sentencia recurrida, que considera probada la existencia de una donación remuneratoria con causa válida y lícita, oculta bajo una escritura pública de venta simulada, la sentencia estima el motivo cuarto del recurso de casación que, al amparo del art. 1692.4º LEC, acusaba infracción de la doctrina jurisprudencial que declara la nulidad de la donación de inmuebles hecha bajo una compraventa simulada.

Tras advertir que el recurrente sólo recoge algunas de las sentencias favorables a su tesis de la nulidad, la sentencia recuerda que la cuestión de si es válida la donación efectuada de este modo encubierto ha sido tratada en numerosas ocasiones por la Sala con criterios discrepantes. De manera resumida y sistematizada, cita, agrupadas en torno a tres opiniones, numerosas sentencias del Tribunal Supremo sobre la materia. Termina concluyendo que el art. 633, cuando hace forma sustancial de la donación de inmuebles la escritura pública no se refiere a cualquier escritura, sino a una específica en la que deben expresarse el «animus donandi» del donante y la aceptación por el donatario del desplazamiento patrimonial. No reitero aquí los argumentos que utiliza la sentencia, por ser ya habituales en la doctrina y jurisprudencia que mantienen esta postura, y me remito a la lectura del fundamento cuarto de la misma.

b) El voto particular

Por el contrario, en el voto particular se considera preferible una interpretación flexible del art. 633 CC que "permite, sin quebrantar ningún dogma legal, dar una respuesta satisfactoria a comportamientos sociales, que, por los motivos subjetivos legítimos que sean, no quieren que su voluntad real sea conocida por terceros" y, de esta forma, sostiene que se debe mantener la validez de la donación disimulada bajo la forma de escritura de venta.

El voto particular afirma que, la razón del mismo, es poner de relieve la inoportunidad de lo que considera un cambio jurisprudencial sin que exista razón para ello. Señala que el argumento literalista había quedado superado y hace referencia a que en los últimos años solo se ha pronunciado un voto particular en una sentencia de 1995. Concluye expresando su preocupación: "porque el cambio va a producir una importante afectación social, porque puede dar lugar a la inestabilidad de situaciones jurídicas creadas al amparo de nuestra jurisprudencia, que es tanto más perturbador en lo que atañe a las donaciones remuneratorias. Es éste el aspecto que más me preocupa, porque la «norma jurisprudencial», a diferencia de una modificación legal, no es, para tal doctrina, irretroactiva. Y ahí radica la trascendencia del cambio que se efectúa, porque el criterio mayoritario plasmado en la Sentencia de que discrepo, como Sentencia de la Sala 1ª en pleno o general, constituye «per se» Jurisprudencia".

El voto particular advierte que en los últimos años se ha mantenido una jurisprudencia flexible y "el argumento interpretativo literalista fue el que determinó durante años la contradicción jurisprudencial y parecía superado (un sólo voto particular, en el año 1995)". Esta referencia al voto particular debe entenderse hecha al voto que, precisamente, redactó Antonio Gullón, el ponente de la sentencia de 11 de enero de 2007, a la sentencia de 14 de marzo de 1995. En aquella ocasión, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia que entendió que, si bien el contrato de compraventa era simulado, encubría una donación remuneratoria plenamente válida de una tía al sobrino con el que convivió durante años. De esta forma se rechazaban las pretensiones del marido demandante, que veinte años antes fue nombrado heredero universal por su mujer, quien no llegó a revocar el testamento. Gullón redactó un voto particular a la sentencia en el que discrepaba de la "ratio decidendi" de la sentencia mayoritaria, opinando que, de acuerdo con otra línea jurisprudencial de la Sala, la donación de inmueble disimulada bajo compraventa no cumple el requisito formal del art. 633 CC. Otra cosa es que compartía el fallo desestimatorio, con apoyo en la doctrina que niega legitimación al actor, como heredero universal de la donante, para impugnar la donación (vid. el interesante comentario de C. Asúa a esta sentencia en el número 38 de estos Cuadernos).

c) La incertidumbre continuará en el futuro

Entiendo la preocupación expresada en el voto particular. La reflexión, sin embargo, más que centrarse en la necesidad de preferir jurisprudencialmente una determinada línea de interpretación, debe advertir la inconveniencia de que la decisión de problemas que se plantean de manera reiterada en el tiempo queden en manos de los tribunales. Cualquier solución legal expresa y clara, en cuanto confiere seguridad jurídica, sería la mejor. Pero todo ello pasa por una reforma del Derecho de obligaciones que por el momento no se vislumbra entre nosotros.

Es conocido que, para la generalidad de los civilistas, y desde luego para los tribunales civiles, es irrelevante que los particulares utilicen negocios simulados, por supuesto con el asesoramiento de profesionales a los que el sistema les encomienda la función, en su doble calidad de funcionario público y profesional del Derecho, de "asesorar a quienes reclaman su ministerio y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados pera el logro de los fines lícitos que se propongan alcanzar" (art. 1 Rn.). Aunque no fuera precisamente este el caso de fraude que la ley pretendiera atajar, supondrá una dificultad para su celebración futura la exigencia introducida en la Ley del notariado y en la Ley hipotecaria por la Ley de medidas de prevención del fraude fiscal de 29 de noviembre de 2006 de que las escrituras que transmitan a título oneroso el dominio de inmuebles identifiquen los medios de pago empleados por las partes. En cualquier caso es evidente que cuando únicamente se han visto defraudados los intereses generales el problema nunca se plateará como un pleito civil y aun en el hipotético caso de que lo hiciera se enfrentaría al control de la exigencia procesal del interés. Si, para reforzar su posición, el demandante invoca el fraude fiscal, probablemente se encontrará con la indiferencia del juez civil (así, en el caso de la sentencia de 1 de febrero de 2002, ponente Jesús Corbal Fernández: hermanos nombrados herederos testamentarios que impugnan donación remuneratoria encubierta por una venta hecha por la causante-vendedora-donante a favor del hijo del matrimonio que la cuidaba; alegado el posible fraude fiscal cometido por los demandados el Supremo recuerda la jurisprudencia conforme a la cual las hipotéticas infracciones fiscales no afectan a los derechos sustantivos civiles).

En un paso más de cercanía jurídico-privada, cuando no sólo se defraudan intereses generales, sino expectativas de personas privadas identificadas empiezan las divergencias. La cuestión es si debe prevalecer la voluntad de quien quiere favorecer a título gratuito a un tercero pero, para lograrlo, en lugar de nombrarlo su heredero, otorgarle un legado, o favorecerle con una donación, otorga a su favor una compraventa que disimula una donación. No es raro que, como en el caso anterior, quien así actúa lo haga asesorado por un profesional: "tras larga conversación con el notario", en palabras del voto particular de O' Callaghan a la sentencia de 26 de febrero de 2007, a la que me he referido ya.

Mantener la validez de la donación en este caso frente a la impugnación del hermano, heredero legal, se basa sobre todo, contra la letra del art. 633 CC, en razones de equidad, en una interpretación sentimental del Derecho, y lleva a respetar la voluntad de quien directamente decidió no hacer lo que la ley le permite por los cauces previstos para ello (aunque seguramente con mayor coste fiscal).

Por el contrario, no respetar la voluntad del causante, cuando quiso donar pero, por su fallecimiento, ya no puede reiterar la donación, puede parecer un rigor formalista excesivo. Es, sin embargo, más coherente con la propia firmeza jurisprudencial que, aquí sin fisuras, exige la escritura pública para la donación de inmuebles (por todas, con cita de jurisprudencia, la sentencia de 14 de diciembre de 1999, referida a un caso en el que la venta simulada se hizo en documento privado y la compradora-donataria pretende su elevación a público). ¿O es que merece más protección quien defrauda o utiliza vericuetos asesorado por un notario? Es evidente que no porque se otorgue escritura pública el contrato tiene una mayor veracidad, pues la mayoría de los casos de simulación se realizan en documento público.

El rigor formalista, desde luego, supone una mayor seguridad jurídica y es más coherente con la exigencia de forma prevista tanto para garantizar la formación de una voluntad meditada (defender al donante de sus impulsos generosos) como para proteger los intereses de terceros. La exigencia de forma facilita el ejercicio de las acciones de reducción y de rescisión por fraude, al permitir acreditar la existencia de donación y la porción reducible o el cálculo de la disminución de patrimonio realizada fraudulentamente. Pero también puede propiciar, en su caso, la aplicación de todas las causas de revocación de donaciones que establece la ley. Si se admite la diversidad de funciones que está llamada a cumplir, la exigencia de la forma de escritura de donación para la donación de inmuebles no debería depender caso por caso de si se ha hecho para defraudar a legitimarios o a acreedores. La primera sentencia en la que unánimemente se identifica el origen de la doctrina jurisprudencial que niega la validez de la donación encubierta bajo forma de compraventa es la de 3 de marzo de 1932 que, en el caso, entendió que no valía la donación porque no constaban los términos de la aceptación y, en particular, se discutía entre donante y donatario si la donación era modal o pura. Problemas semejantes de incumplimiento de cargas podrían suscitarse también después de la muerte del donante, pues como es sabido, tanto el beneficiario de la carga como los herederos del donante están legitimados para hacer valer las consecuencias que se derivan de su incumplimiento. Todo ello se dificulta si la escritura no es de donación.

Finalmente, cuando el propósito de la simulación es defraudar derechos de terceros, la posición de estos no siempre será la misma si se defiende la validez de la donación pese a la falta de forma de donación, pues se les impone la doble carga de ejercitar la acción de simulación y, además, con mucha incertidumbre sobre su resultado, la de ilicitud de la donación por causa ilícita (defraudar a los terceros, art. 1275 CC) o las de reducción de donaciones o rescisoria, según los casos.

El voto particular de la sentencia de 11 de enero de 2007 considera aplicable al caso el art. 1275 CC y llega al resultado de la nulidad de la donación disimulada por no existir una causa verdadera y lícita, sino solo el ánimo del fraude de acreedores.

De manera parecida, en la sentencia de 20 de junio de 2007, a la que me he referido antes, se entiende que, declarada la simulación del contrato de compraventa por esconder auténticas donaciones, debe examinarse si la causa de éstas era o no lícita y todos los indicios llevan a la conclusión de que en el caso se efectuaron para defraudar los derechos de la legitimaria, por lo que deben declararse nulas las donaciones disimuladas.

Es cierto que existe una jurisprudencia que, haciendo un uso muy amplio del art. 1275, lo aplica a los contratos que tienen la finalidad de perjudicar a terceros. En particular, la acción específica prevista en el Código para los casos en los que la donación perjudica la legítima es la de reducción de donaciones. La sentencia de 20 de junio de 2007 no solo aplica la nulidad del art. 1275 sino que llega a negar incluso, lo que parece excesivo, que la acción de reducción sea la procedente cuando, como en el caso, las donaciones tienen "causa ilícita", por haberse otorgado con "intención defraudatoria", para perjudicar a un legitimario.

Aparte de la dificultad de la prueba indiciaria, y de la falta de uniformidad que el control de los indicios de simulación ofrece en casación, no estoy segura de que siempre que se haga una donación disimulada bajo la forma de una compraventa deba apreciarse el indicio fraudulento, o si no sería mejor tener en cuenta otros datos, como la inexistencia de otros bienes suficientes en el patrimonio para pagar la legítima. En casos como el de la sentencia de 20 de junio de 2007 es posible que la donante, más que perjudicar a la demandante, o junto a ello, lo que quisiera es beneficiar a los demandados por lo que, quizás, no sea razonable, por el solo dato de la simulación, aplicar de manera indiscriminada el art. 1275 y puede tener más sentido aplicar la acción de reducción por inoficiosidad. Porque no termina de quedar claro en esta jurisprudencia en la que se mezclan la simulación, la causa ilícita y la lesión de la legítima si se consideraría también aplicable el art. 1275 CC en los casos en los que abiertamente se hubiera realizado una donación.

Pour citer cet article :

Mª Ángeles Parra Lucán.. «Nulidad de la donación de inmuebles oculta bajo escritura pública de compraventa simulada». principal, NUL. Comentarios de SentenciasNulidad de los actos jurídicos
document.php?id=462
affiliation : Universidad de Zaragoza

fonction : Catedrática de Derecho civil