2007 (Estudios)

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María Martínez Martínez

Impugnar la transacción judicial1

(Aportación al estudio de los presupuestos para la impugnación por nulidad y anulabilidad del acuerdo homologado judicialmente de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000)2

Table des matières

Desde la reforma de la Lec/2000, los vigentes artículos 19 a 22, 414, 415 y 428 y los que con ellos concuerdan muestran un claro interés del legislador por propiciar y favorecer el logro de acuerdos entre las partes, no sólo antes sino incluso después de la interposición de un proceso judicial; también, durante la sustanciación de un recurso, incluido el de casación.

“Vale más un mal arreglo que un buen pleito” es adagio que ha de conocer todo buen abogado. No hace falta traer a colación, por conocidos, los endémicos problemas de la Administración de Justicia española que terminan provocando costes no sólo económicos para las partes. Casi siempre es bueno transigir aun si se cree tener todo el derecho a favor, pues el resultado de un pleito es siempre incierto por variadas y heterogéneas circunstancias [y aun con sentencia favorable, recuérdese la célebre maldición “pleitos tengas y los ganes”]. Muchas de ellas han sido puestas de manifiesto por Salvador Coderch, incluido el bajo nivel de seguridad jurídica de nuestro Derecho, dato que propicia la conciencia general de las bondades de la transacción3.

Hace ya años que las leyes en España parecen favorecer que los particulares puedan llegar a válidos acuerdos que eviten pleitos o les pongan fin, lo que ha sido en buena medida impulsado por la pertenencia a la Unión Europea.

El arbitraje ha sido eje de esta política. Así lo muestra la evolución desde el compromiso que regulaban los derogados artículos 1.820 y 1.822 del Código civil y 790 a 839 Lec/1881, hasta la vigente Ley de arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre que derogó la 36/1988, derogatoria a su vez, de la de arbitrajes de Derecho privado de 22 de diciembre de 1953.

Ha sido además desarrollado en ámbitos concretos para favorecer la resolución de conflictos materiales a personas consideradas débiles o, al menos, dignas de protección especial. La defensa y protección del consumidor (artículo 51 de la Constitución) propiciaron la promulgación del Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, vigente en la actualidad y por el que se regula el sistema arbitral de consumo4 y que fue redactado en cumplimento del artículo 31 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios [LGDCU] y de conformidad con la disposición adicional segunda entonces vigente de la Ley 36/1988 de arbitraje.

Desde la entrada en vigor de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios5, el artículo 31 de la LGDCU tiene un nuevo número 4 que evidencia el interés del legislador por dar preponderancia al arbitraje de consumo sobre cualquier otro, pues el precepto considera nulo cualquier pacto previo con los consumidores de sumisión a arbitraje distinto del de consumo; sólo podrá haber sumisión a arbitraje diferente, una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes contractuales6. Esta decisión legislativa evidencia, a mi juicio, que el arbitraje por sí solo no es suficientemente protector de la parte débil.

Últimamente otros ejes de la política de “salida de las controversias de los particulares del ámbito de la jurisdicción ordinaria” vienen siendo la conciliación y la mediación, esta última prevista en significativos ámbitos del derecho, incluido el de las crisis en el núcleo familiar de convivencia, sea entre cónyuges o con los descendientes, comunes o no7. La Ley 15/2005, de 8 de julio, de modificación del Cc. y la Lec/2000 en materia de separación y divorcio establecía en su disposición final tercera la obligación del “Gobierno de remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación basada en los principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea, y en todo caso en los de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y en el respeto a los servicios de mediación creados por las Comunidades Autónomas”8.

Alguno de dichos principios de la Unión Europea se encuentran en la Recomendación nº R (98) 1 del Comité de Ministros a los estados miembros de la UE sobre la mediación familiar9 y en el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil de 2002, que trata globalmente las denominadas ADR: “Alternative Dispute Resolution” y las considera una prioridad política de la UE tanto en su promoción futura como para garantizar su calidad; en ellas se incluyen tanto la conciliación y la mediación como la transacción judicial que en el Libro Verde no son sino modalidades de un mismo instrumento al servicio de los ciudadanos10.

El interés de estas políticas en materia de protección del consumidor es más acusado que en otros ámbitos y presenta problemas específicos derivados especialmente de las implicaciones transfronterizas que esta materia representa, lo que está provocando desde hace tiempo que las instituciones de la Unión Europea busquen redes europeas de resolución extrajudicial de conflictos, especialmente en sectores financieros como el de la banca, los seguros, los productos y fondos de inversión… De ello es un ejemplo la red FIN-NET11.

El Gobierno español no ha cumplido por el momento el mandato de la Ley 15/2005, pero son muchas las Comunidades Autónomas que disponen de leyes sobre la materia: por el momento, Cataluña12, Galicia13, Valencia14, Canarias15, Castilla-La Mancha16, Castilla y León17, Baleares18 y la Comunidad de Madrid19.

La introducción de la mediación en ámbitos del Derecho de la familia y la persona, especialmente sensibles para la dignidad humana, suponen una ampliación de la aplicación desde otros ámbitos como el Derecho laboral en que la conciliación y mediación han sido métodos tradicionales de llegar a acuerdos, y ello a pesar de que en lo social hay también marcadas restricciones de orden público; el artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores dispone que “los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario” y el 245 de la Ley de Procedimiento Laboral prohibe la transacción o renuncia de los derechos reconocidos por sentencias favorables al trabajador [sentencias firmes, según los Autos del TS (Social) de 11 enero 2001, 25 octubre 2001 y 7 julio 2006].

El Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria aprobado por el Gobierno español en octubre de 2006 pero retirado, por el momento, dedicaba el Título II a la “conciliación y mediación”; diez artículos para la conciliación y siete para la mediación. Preveía su intento por los particulares en cualquier fase del proceso judicial y no sólo antes, como expresamente regula el artículo 460 Lec/1881, todavía en vigor. El artículo 24.1 permitía intentar la conciliación antes del inicio de un proceso declarativo, durante su sustanciación en cualquiera de sus instancias o recursos, o incluso durante el proceso de ejecución. Una norma concordante con la amplia admisión de transacciones en cualquier momento del proceso (incluida la ejecución) del artículo 19.3 Lec/2000.

En cuanto a la mediación, también se permitía en cualquier momento de las actuaciones judiciales: conforme al artículo 34 las partes pueden suspender el litigio en cualquiera de sus fases para intentar alcanzar un acuerdo contando con la actividad mediadora de un tercero.

En el anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio del poder judicial, en materia de organización de la Administración de justicia [versión de 21 de julio de 2005], se prevé que las funciones de conciliación y mediación estén encomendadas a los proyectados Juzgados de Proximidad (artículo único, punto doce, futuro artículo 99 bis).

La transacción parece otro pilar de esta tendencia legislativa. Sin embargo, y a pesar de ser considerado en el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil de 2002 un instrumento ADR más, no ha sido objeto de atención específica hasta la Lec/2000.

La Lec/1881 no hacía referencia expresa a la transacción judicial. Su regulación completa estaba en el Código civil cuyos artículos 1.809 a 1.819, que regulan el núcleo central de la transacción, no han sido alterados desde su promulgación en 1889. Algunos de tales preceptos se refieren sea implícita o expresamente a la judicial. Hay otros preceptos en el Cc. que aluden a la transacción: el artículo 271, 3º que dice que el tutor necesita autorización judicial para renunciar derechos y para transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviere interesado; los 1835 y 1839 sobre fianza y el artículo 1713.II que exige mandato expreso para transigir.

La única referencia a la “transacción” (sin más precisiones) en la Lec/1881 cuando entra en vigor estaba en la regla 9ª del artículo 1464; era una excepción admisible en el juicio ejecutivo. Esta regla ha permanecido inalterada hasta la reforma de 2000, momento en que se han introducido notables modificaciones.

Siendo esto cierto, los artículos 790 a 839 Lec/1881 regulaban con cierta amplitud los juicios de árbitros y de amigables componedores, preceptos que complementaban los artículos 1.821 y 1.821 del Código civil sobre “el compromiso”. Los preceptos de la Lec/1881 fueron derogados por Ley de arbitrajes de Derecho Privado de 22 de diciembre de 1953, a su vez derogada por la Ley 36/1988, de arbitraje, que también derogó los dos preceptos del Código civil que regulaban el compromiso.

Aparte, y desde 1881, estaban los artículos 460 a 480, la mayoría todavía hoy en vigor aunque con textos reformados en diferentes ocasiones, que regulan el acto de conciliación y el convenio obtenido en el mismo.

La primera referencia rotunda sobre transacción en la Lec. se produjo con la Ley de Reforma del Proceso civil de 6 de agosto de 1984. Se modificó el artículo 692 de la Lec/1881 y para la comparecencia previa del juicio declarativo ordinario de menor cuantía se preveía que el juez exhortase a las partes para llegar a un acuerdo; si se lograba, debía ser firmado por el juez, los intervientes y el secretario. La ley decía que dicho acuerdo debía estar ajustado a las “normas generales para la validez de los contratos, así como a las reguladoras de la renuncia y la transacción”.

La Lec/2000 presta más atención a la transacción. Por un lado, sus artículos 414 y 415 regulan expresamente la que se denomina “transacción homologada judicialmente” y que puede obtenerse en todo juicio ordinario; normas cuyo antecedente se encuentra indiscutiblemente en el derogado 692. Sin embargo, ahora el legislador dice que el “tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto”.

Por otro lado, los vigentes artículos 19 a 25 Lec/2000 contienen regulación en general de lo que se denomina “poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones”. Una regulación nueva en la Lec. propiciadora de arreglos amistosos al ocuparse de la transacción, renuncia, desistimiento, allanamiento o de la que denomina satisfacción extraprocesal, entre otras cuestiones (artículo 22). Una figura que concreta el artículo 789 Lec/2000 para la terminación del procedimiento por acuerdo de los coherederos. La satisfacción extraprocesal de pretensiones se encontraba ya regulada en el artículo 76 de la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como ha recordado F. Cordón20.

La transacción ha sido cada vez más profusamente nombrada en normas no sólo a tener en cuenta en el ámbito civil, sino también más atentas al Derecho público.

Aparte del Derecho laboral, en que ha sido desde siempre intensamente regulada y practicada con órganos e instituciones ad hoc, hay otros ámbitos del derecho en los que puede lograrse transacción y terminar así el proceso. El artículo 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [LJC-A], lo permite expresamente siempre que el juicio “se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad”, aunque “los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la disposición de la acción por parte de los mismos”. Normas, para las administraciones públicas que se completan con los artículos 80 y concordantes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas [LRJAP].

En nuestro Ordenamiento hay regulación jurídica de otros acuerdos o convenios aprobados judicialmente. Uno es el obtenido en acto de conciliación de los todavía vigentes artículos 460 y siguientes Lec/188121. Parece asimismo una modalidad de transacción judicial, el convenio previsto en el artículo 90 del Código civil para la nulidad, separación y divorcio. La Ley 22/2003 Concursal en sus artículos 127 y siguientes prevé la aprobación judicial del Convenio y las causas tasadas para la oposición a su aprobación, así como el régimen de su eficacia, cumplimiento e incumplimiento.

La doctrina ofrece bastantes clasificaciones para el contrato de transacción en general22 tomando distintos puntos de vista. Es total o parcial, según solvente la completa controversia entre las partes o no; normal (pura) o mixta (compleja) en función de si la avenencia se produce sobre la materia misma del litigio o si afecta a un objeto o varios extraños a la discusión. Los tipos de contratos implicados en la transacción pueden ser de amplísima naturaleza: asunción de deuda; garantía hipotecaria a cambio de alargamiento de plazos; dación en pago a cambio de renuncia a acciones; arrendamientos. Puede versar sobre asunto civil, penal, laboral o administrativo (artículo 77 de la LJC-A), incluso mercantil23. La transacción puede ser definitiva (propia) o para habilitar a un tercero para resolver una controversia ajena (impropia)24, aunque, como señala Corbal, alguna jurisprudencia cuestiona esta posibilidad fuera del arbitraje que regulan las leyes específicas25.

Pero es quizás la distinción entre transacción extrajudicial y judicial la de mayor trascendencia práctica.

Aunque el artículo 1.809 Cc. parece equiparar transacción judicial y extrajudicial, la segunda proposición del 1.816 ofrece un dato aparentemente clave para su distinción: sólo procede vía de apremio cuando se trata del cumplimiento de la transacción judicial, norma hoy concordante con los artículos 517.1 y 517.2.3º, 556 y 557 Lec/2000. Otro dato para distinguirlas se encuentra, seguramente, en el artículo 1.817, párrafo segundo Cc. que impide a una de las partes oponer error de hecho a la otra cuando ésta se haya “apartado por la transacción de un pleito comenzado”.

Sin embargo, la doctrina procesalista que se ha ocupado más de concretar qué sea la transacción extrajudicial, considera que la distinción no es tan drástica. Como señala Gascón Inchausti, en ambos casos el proceso debe terminar porque ha desaparecido la controversia en que se sustentaba, ante la desaparición sobrevenida del interés26 (podría añadirse, “o que el proceso no llega a iniciarse por la misma razón”). En el mismo sentido, la profesora Tapia destaca que toda transacción, sea judicial o extrajudicial, es un contrato íntimamente ligado a un proceso27.

Posiblemente, otro dato para no mantener una radical distinción entre ambos tipos de transacción es que, de otorgarse la transacción extrajudicial en documento público, la primera copia de la escritura tiene aparejada ejecución; también la tiene la segunda copia, si es dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante, o si se expide con la conformidad de todas las partes. La misma eficacia tiene la resolución judicial que apruebe u homologue transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso (artículo 517.1 y 517.2 números 3º y 4º Lec/2000). Además, a la transacción homologada judicialmente, se puede oponer, entre otras excepciones, la transacción en documento público, como expresamente prevé el número 1 del artículo 556 Lec/2000 (aunque no suspenda el curso de la ejecución: 556.2 Lec/2000). Finalmente, la transacción que conste en documento público permite formular oposición a cualquier ejecución fundada en títulos no judiciales ni arbitrales con suspensión (artículo 557.1 y 2 Lec/2000).

Se han propuesto al menos cinco criterios para establecer cuando se está ante transacción judicial y se dice que es la transacción: a) sobre “res litigiosa”, entendiendo por tal cualquier litigio presente o futuro; b) que pone fin a una controversia pendiente en los tribunales se incorpore o no a los autos o se apruebe o no judicialmente; c) que pone fin a un pleito iniciado, se incorpora a las actuaciones y se homologa judicialmente por auto; d) que comprende también la que, para prevenir un proceso, se efectúa ante el Juez, con lo que se incluiría la avenencia en acto de conciliación del artículo 460 y siguientes Lec/1881; e) finalmente, que es el acuerdo celebrado “ante” el Juez, incorporado al proceso y aprobado por auto judicial28.

Hoy es opinión prácticamente unánime que, después de entrar en vigor la Lec/2000, sólo cabe considerar judicial la transacción aprobada u homologada por el juez29 que, como dice la Ley, debe examinar la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica (rectius, de obrar) de las partes y su poder de disposición; también los de sus representantes que asistan debidamente acreditados al acto.

En suma, es transacción judicial la homologada judicialmente, que prevén los artículos 19 y 414 y concordantes de la Lec/2000 y contenida en una resolución judicial, un auto, conforme al artículo 206.2.2ª Lec/2000.

Otros tipos de transacción judicial se pueden acaso encontrar en el convenio obtenido en acto de conciliación conforme a los todavía vigentes artículos 460 a 480 LECiv de 1881 (y estaban en los artículos 24 a 40 del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria sobre conciliación y mediación, retirado del Congreso, por el momento). Según Corbal, no siempre el acto de conciliación con avenencia es transacción, pues pueden no darse sus requisitos, como en el supuesto de la STS de 22 de febrero de 1952, pues el acto de conciliación no tenía por finalidad transigir sobre derechos, sino ponerse de acuerdo sobre el medio de dar cumplimiento a la cláusula de una escritura.

Como ya indiqué, el artículo 109 de la Ley Concursal de 2003 prevé la aprobación judicial del Convenio por el juez de lo mercantil. Entiendo que, por compartir muchos de sus caracteres, puede considerarse también una modalidad de transacción judicial el convenio previsto en el artículo 90 del Código civil para la nulidad, separación y divorcio. Lo mismo, la transacción que se obtenga conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la LJC-A y 80 y concordantes de la LRJAP.

La transacción judicial que cumpla los requisitos del Reglamento 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 (en vigor en España desde el 21 enero 2005) puede convertirse en título ejecutivo europeo con los efectos que el Reglamento prevé (artículos 26 y 33); señaladamente, la falta del requisito de exequatur para la ejecutividad en los estados miembros de una transacción judicial obtenida en otro estado30.

En la reforma de la LOPJ que se prepara, está previsto que sean los Secretarios Judiciales los que tengan encomendada la homologación de las transacciones judiciales en lugar de los jueces.

Algunos autores han hecho hincapié en el análisis de la frase que contiene el párrafo segundo del artículo 1.817 Cc. La norma impide a una parte la posibilidad de oponer error de hecho a la otra cuando ésta se “haya apartado por la transacción de un pleito comenzado”. El texto no se ha alterado desde la entrada en vigor del Código en 1889. El estudio más atento al tema es quizás el de Ruiz-Rico Ruiz31 publicado el año 1991 y con la reforma de la Lec en 1984 muy presente. Termina concluyendo que en la transacción prevista en la comparecencia previa del juicio ordinario de menor cuantía (el derogado 692 Lec/1881 en su texto posterior a 1984) sólo se podía plantear la impugnación por error in caput no controversum, cuestión no conocida por el juez [“lo que no está en los autos no está en el mundo”], pero no el error de hecho sobre cuestión controvertida en el proceso. En relación al error se ha distinguido entre el que puede recaer sobre el objeto de la controversia (caput controversum) o sobre otros presupuestos básicos del objeto del negocio que se dejaron de discutir al lograr la transacción concreta (caput no controversum)32. A estos puntos de vista para valorar el error, clásicos en la transacción, haré referencia al tratar la posible anulabilidad por error vicio del consentimiento.

Después de entrar en vigor la Lec/2000, los artículo 413 y siguientes prevén el trámite de audiencia previa en el juicio declarativo que puede terminar con la homologación de la transacción de las partes por el juez que intervenga en el proceso. Concordante con la norma, el artículo 19 extiende la posibilidad a todo momento de cualquier proceso. Como señalé antes, el artículo 19 excluye de la posibilidad de transacción todo lo prohibido por la ley o limitado por razones de interés general o en beneficio de tercero (ver también el 751 Lec/2000) y el 414 limita la actuación del juez a examinar la capacidad jurídica y el poder de disposición de las partes (o sus representantes, en su caso). Ya no dice, como hacía el derogado 692, que dicho acuerdo deba estar ajustado a las “normas generales para la validez de los contratos, así como a las reguladoras de la renuncia y la transacción”.

Seguramente por esta referencia en el precepto, Ruiz-Rico entendía que ello permitía hablar de una “resolución judicial (al mismo tiempo contrato y resolución judicial) no simplemente homologadora, sino “autorizativa” de una transacción, gestada en presencia del juez y con su activa participación”33, aunque quizás esta conclusión era un exceso verbal aun con el precepto en vigor34.

Hoy el artículo 22 Lec/2000 hace referencia, además, a los denominados “supuestos de satisfacción extraprocesal del objeto del proceso”.

En estos casos (del que la transacción extrajudicial es caso paradigmático, según la doctrina35), el proceso termina también con un auto (la misma resolución judicial que para la transacción homologada judicialmente de los 19 y 414); auto de terminación del proceso que tendrá los mismos efectos que una sentencia absolutoria firme, sin que proceda condena en costas (artículo 22.1.II) 36. Gascón Inchausti ha planteado si quizás en estos casos, por el juego del efecto de cosa juzgada de las resoluciones judiciales, la transacción extrajudicial que provoque satisfacción extraprocesal al amparo del artículo 22, aunque no sea homologada judicialmente (no lo prevé el precepto) puede provocar parecidos efectos a la transacción homologada, dada la fuerza de cosa juzgada del auto (aunque no del acuerdo, dice, sin atender, creo, al 1.816 Cc.)37. Termina por concluir que no es así aunque entiende que cuando hay transacción se produce novación (entiendo extintiva) y sólo cabe exigir resolución en caso de incumplimiento38.

La posibilidad en la práctica de obtener un auto judicial que ponga fin al proceso con “efecto de sentencia absolutoria firme” conforme al artículo 22.1 Lec/2000 sugiere un tercius genus para la transacción que podría amparar el propio artículo 1.817 Cc: es claro que hubo transacción entre las partes y que ha llegado a tener tal influencia en el proceso que le ha puesto fin, aunque no haya llegado a homologarse. Pero es más que discutible que tenga una eficacia superior por el mero hecho de que hubiese un pleito comenzado que las partes no siguieron.

Cabe pensar ante eventuales impugnaciones a posteriori de la transacción celebrada en tales casos que las partes contractuales tendrán más fácil la demostración de ciertos hechos controvertidos que en otras transacciones entre particulares; señaladamente los hechos que, antes de apartarse del pleito, hubiesen reconocido en sus respectivos escritos de demanda, contestación y eventual reconvención y también los documentos en que fundamentaron tales hechos (contenidos de hechos, fundamentos de derecho y propuesta de medios de prueba que son imprescindibles en dichos escritos al amparo del artículo 399 números 3 y 4 Lec/2000).

Según el artículo 415 Lec/2000, la resolución judicial que homologa la transacción es un auto del juez con efecto de cosa juzgada; es un título ejecutivo, documento público e inscribible directamente en el Registro de la Propiedad conforme a la Ley Hipotecaria. Se considera “fórmula intermedia” por la Dirección General de Tributos al objeto de valorar en el ámbito del derecho fiscal, las indemnizaciones que establezca. Tiene relevancia especial frente a la Hacienda Pública, pero no la misma en el ámbito laboral.

Como hizo notar la doctrina procesalista recién publicada la Lec/200039, el artículo 415 no alude expresamente al tipo de resolución que debe contener el acuerdo homologado judicialmente. Tampoco se indica en el artículo 19, cuyo número 4 alude al auto de suspensión del proceso que pueden solicitar las partes para intentar el acuerdo durante no más de sesenta días y siempre que no perjudiquen al interés general o a tercero. Para el allanamiento, el artículo 21 prevé que conste en auto, lo mismo que los supuestos de satisfacción extrajudicial del proceso del artículo 23.

La solución está en el artículo 206.2.2ª Lec/2000: la aprobación judicial de transacciones y convenios se hará mediante auto [concuerda con el 245, letra b) LOPJ].

Entre los tipos de resolución judicial, el auto es un tanto residual a la vista de los términos del 206.2.2ª y del 245.1 de la LOPJ: “se dictarán autos cuando se decidan recursos contra providencias, cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención y acumulación de acciones, sobre presupuestos procesales, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones y convenios, anotaciones e inscripciones registrales, medidas cautelares, nulidad o validez de las actuaciones y cualesquiera cuestiones incidentales tengan o no señalada en esta ley tramitación especial. También revestirán la forma de auto las resoluciones que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria”.

No obstante, tiene que ser motivado y tiene estructura análoga a la de las sentencias, con parte dispositiva o fallo (artículos 207 Lec/2000 y 248.2 LOPJ). Cuando ponen fin a un proceso por satisfacción extrajudicial de su objeto tienen caracteres singulares: el 22.3 Lec/2000 dice que el auto tendrá efecto de sentencia absolutoria firme.

Transcurridos los plazos previstos para recurrir dicha resolución sin haberse impugnado, quedará firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso a lo dispuesto en ella (artículo 207.4 Lec/2000).

Los autos judiciales se pueden subsanar y complementar, lo mismo que las sentencias (artículo 215 Lec/2000 y 240 LOPJ).

Contra el auto se puede interponer recurso de reposición (artículo 451 Lec/2000) y de apelación si es definitivo, como frente a las sentencias (artículo 455 Lec/2000).

Sobre la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisión, no hay acuerdo unánime en la doctrina procesalista. Aunque es mayoritaria la tesis de la imposibilidad de revisión de resoluciones judiciales que no sean “sentencia firme” (por eso no cabe revisión de autos firmes)40 y la misma conclusión se deduce de alguna jurisprudencia del TS41, hay quien mantiene la posibilidad de pedir revisión de autos cuando decidan definitivamente el proceso42. Argumento a favor de la tesis mayoritaria es que los artículos 509 y siguientes sólo aluden a “sentencia firme”; pero no es menos cierto que el artículo 207 Lec/2000, necesario para conocer cuándo una sentencia es firme, habla sólo de “resoluciones firmes” y parece equipararlas (a diferencia del concordante 245 LOPJ que alude solamente a sentencias firmes). Una equiparación que permite deducir también el artículo 415.2 Lec/2000 cuando dice que el acuerdo homologado judicialmente podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencia.

Es difícil ofrecer una conclusión categórica sobre el particular. Cuando se leen las opiniones de procesalistas, aunque mantengan que sólo se puede interponer revisión frente a sentencias, admiten excepciones, sobre todo si con otro tipo de resolución se pone fin a un procedimiento y si se da alguno de los cuatro graves motivos del recurso de revisión: falsedad de documentos, condena por falso testimonio a testigos, cohecho, violencia o maquinación fraudulenta... Advierten, asimismo, que la rigidez en la inadmisión de la revisión más que para las resoluciones que sean sentencia, provocaría la completa eficacia de resoluciones manifiestamente injustas43. No obstante, no existe para el auto que homologa la transacción una norma análoga a la del artículo 43 de la Ley de arbitraje 60/2003: “el laudo firme produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes”.

Dice el artículo 1.816 Cc. que “la transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada; pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción judicial”.

Para el contrato de transacción, en general, se viene manteniendo su paralelismo con la sentencia. Con algo de exceso verbal, se dice que, para las partes, es como si se hubiera dictado sentencia [Gullón; Peláez], pero se recalca también que no parece que haya de darse más relevancia a la expresión “cosa juzgada” (tradicionalmente acuñada) que la de la general fuerza obligatoria de los contratos del artículo 1.091 [Carrasco] o de los artículos 1.256 y 1.278 del Cc. La única fuerza vinculante mayor de la transacción frente a otros contratos se encuentra en que el Cc. limita la impugnación por error.

Y hay acuerdo generalizado en que no se trata de la “cosa juzgada material” de los artículos 222 y concordantes de la Lec/2000 y no parece que haya de entenderse que la transacción es vinculante para el juez. Al no haber juicio, no se da el presupuesto de la regla tradicional res iudicata pro veritate habetur [Lacruz]. La doctrina entiende, en general, que la autoridad de cosa juzgada a que alude el Cc. genera para los transigentes la obligación de no plantear nuevamente la controversia superada mediante el acuerdo y, de incumplir alguno esta obligación al llevarla ante tribunal, el otro podrá oponer en el escrito de contestación a la demanda la excepción de transacción, aunque sin el efecto de preclusión generalizada del artículo 400.2 Lec/200044.

Entendido así, el efecto de cosa juzgada del artículo 1.816 del Cc. es predicable tanto de la transacción extrajudicial como de la homologada. El artículo 1.816 concordaba con el 1.252 Cc. derogado por la Lec/2000: “para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que, entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”.

Montero Aroca en 1995 (tras la reforma de 1984) tachaba de “grave error”, incluso referida a transacciones judiciales, la afirmación del 1.816 Cc. al decir que “la transacción tiene para las partes la autoridad de cosa juzgada”. Mantuvo que las transacciones judiciales producían el efecto de terminar el proceso sin sentencia y que el auto que la asumía era título ejecutivo, pero que no producía cosa juzgada. Obtenía las siguientes conclusiones:

a) Fundamento de la vinculación de las partes a lo transigido es la autonomía de la voluntad, no una inexistente decisión judicial imperativa.

b) Puede ser declarada nula, anulada, rescindida o resuelta por las mismas causas que los contratos y no por la vía del recurso de revisión (citaba en contra la STS de 10 de abril de 1985 [RA 1690].

c) No puede oponerse como excepción por el cauce del 544.II Lec/1881, ni puede apreciarse de oficio [excepción de cosa juzgada].

d) Si se alega en un proceso posterior sirve para determinar el contenido de la sentencia sobre el fondo, no para excluir una decisión sobre ese fondo, lo que supone que no tiene la eficacia negativa de la cosa juzgada.

e) Alegada por el actor para determinar el contenido de la sentencia de fondo, es posible que el demandado discuta su validez y eficacia, y que el juez tenga que negar una u otra en la sentencia45.

Se pueden mantener las mismas conclusiones después de la Lec/2000. El artículo 207 alude a la “cosa juzgada formal” (resoluciones contra las que no cabe recurso), el 222 a la “cosa juzgada material” y el artículo 447 a las resoluciones que carecen de tal efecto; son casos especiales aunque, en el número 4, un tanto impreciso, dice que “tampoco tendrán efectos de cosa juzgada las resoluciones judiciales a las que, en casos determinados, las leyes nieguen esos efectos”. Su tenor no impide considerar posible un procedimiento declarativo donde se cuestione la invalidez de la transacción aunque haya sido homologada por un Juez o Tribunal.

Cuando el artículo 1.816 Cc. habla de “vía de apremio” utiliza términos arcaicos: hay que entender que sólo la transacción homologada judicialmente tiene fuerza ejecutiva46.

Es título que tiene aparejada ejecución (517.2.3º Lec/2000) y debe ser acompañada, si es necesario para constancia de su concreto contenido, de los correspondientes testimonios de las actuaciones. Por ello, De la Oliva dice que es un “título ejecutivo complejo”. Dice que el 517 introduce dos conceptos: “acción ejecutiva” y “título que lleva aparejada ejecución” y explica cómo no cabe tener acción ejecutiva sin título ejecutivo, pero sí se puede disponer de éste y carecer de aquélla47. Posiblemente, se puede encontrar un ejemplo en el artículo 518 Lec/2000 pues se puede disponer de un título ejecutivo y carecer de acción ejecutiva porque haya caducado.

Entendida así la “ejecutoriedad” de la resolución que homologue transacción, no difiere de otros títulos ejecutivos: también lo es la primera copia de la escritura pública en que conste un acuerdo extrajudicial (517.2.4º Lec/2000).

No se puede ejecutar hasta pasados veinte días (artículo 548 Lec/2000). Se le puede oponer transacción extrajudicial siempre que conste en documento público [artículos 556, párrafo segundo y 556.6º Lec/2000]. La acción ejecutiva basada en auto de homologación judicial de transacción caduca a los cinco años (518 LECiv) [AAP Cáceres, Sección 1ª, de 14 febrero 2007 (JUR 2007, 80748)].

Dado que la transacción judicial se puede obtener en cualquier momento del proceso (deducible del artículo 19.2 Lec/2000), puede ser durante la sustanciación del recurso de apelación en el ámbito civil48, incluso en la apelación de juicio de faltas49 o durante la tramitación del recurso de casación50.

Conforme al artículo 317.1º y concordantes de la Lec/2000 y el 1.216 Cc. el auto en el que se homologa la transacción (206 Lec/2000) es documento público. Dice el artículo 1.216 que “son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley”. Y conforme al artículo 317, párrafo primero, número 1º, a efectos de prueba en el proceso, se consideran documentos públicos “las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales”.

El artículo 317 tenía su concordante en el derogado 596 Lec/1881 que, dentro de la regulación de los medios de prueba, era más categórico que el vigente 317. El precepto decía “bajo la denominación de documentos públicos y solemnes se comprenden” y en un total de 7 números no incluía expresamente y por separado “las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie” y “los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales” como hace ahora el número 1º del 317; no obstante, en el número 7º, el 596 incluía “las ejecutorias y las actuaciones judiciales de toda especie”.

Se constatan otras diferencias entre los textos del derogado 596 Lec/1881 y del 317 Lec/2000, por ejemplo, el número 2º del 317 alude a “los [documentos] autorizados por notario con arreglo a derecho” y el número 1º del derogado 596 aludía a “las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho”. El orden de los documentos públicos se ha alterado y ahora, los primeros del 317 son los judiciales.

El auto que homologa la transacción (206.2.2º Lec/2000) es una de las “resoluciones judiciales” a que alude el 317.1º, posiblemente y por los términos literales del precepto, aun sin la intervención del Secretario Judicial, en principio, fedatario público en el Juzgado.

Derogados por la Lec/2000 los artículos 1.214 y 1.215 Cc., los requisitos para que los documentos públicos hagan prueba en juicio (“¿sean eficaces en juicio?”) están en los artículos 318 y siguientes.

Según el artículo 319 Lec/2000, por ser documento público (lo son los comprendidos en los números 1 a 6 del artículo 317) hace prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documente, de la fecha en que se produce y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella. Concuerda con lo dispuesto en el artículo 1.218 Cc.: “los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros”.

Por ser documento público, es título inscribible directamente en el Registro de la Propiedad conforme al artículo 3 LH. Así lo declaró la RDGRN de 5 de mayo de 2003 [RJ 2003, 4475]51.

Esta resolución es especialmente interesante puesto que argumenta sobre el carácter de documento público o auténtico del auto que homologa una transacción. Según la Dirección General, conforme al principio de legalidad, básico en el sistema registral español y dada la presunción de exactitud y validez erga omnes de que gozan los asientos del Registro (artículos 1 y 38 LH) rige una rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos a la calificación del Registrador y el artículo 3 LH exige documento público o auténtico. Argumenta que el artículo 317.1º Lec/2000 precisa que son documentos públicos “a efectos de prueba en el proceso” los testimonios de resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie expedidas por los Secretarios Judiciales. En consecuencia y, dado que conforme a los artículos 19 y 415 Lec/2000 el juez puede homologar un acuerdo transaccional previa comprobación de la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes, se cumple la exigencia del artículo 3 LH.

No obstante, la propia RDGRN dice, en su fundamento de derecho 2, que “los documentos privados no son, en vía de principio, equivalentes a los públicos por el mero hecho de que sean homologados judicialmente”. En cada caso, los títulos relativos a bienes inmuebles o derechos reales deberán constar en los tipos de documentos que legalmente sean los propios del acto o contrato que haya de inscribirse “de modo que la doctrina y preceptos hipotecarios no reputan indiferente la especie de documento auténtico presentado en el Registro, y exigen el congruente con la naturaleza del acto inscribible”.

En el caso objeto de la resolución, se considera que se cumple la exigencia del artículo 3 LH porque el acto inscribible en cuestión, “la disolución de la comunidad sobre varios inmuebles” aparece contenido en documento auténtico expedido por la autoridad judicial cual es el testimonio del auto de homologación del acuerdo transaccional y del acta de sorteo.

Las indemnizaciones establecidas en transacción homologada judicialmente se equiparan a las reconocidas en decisión judicial por la Dirección General de Tributos a los efectos de exoneración de tributación por el IRPF, conforme al artículo 7, letra d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre que no ha modificado el régimen jurídico que derogó: la Consulta 8.4.1994 la consideró “fórmula intermedia” a tales efectos.

En cambio, en el ámbito laboral la equiparación no es total y absoluta en todos los casos.

Al respecto, es de especial interés la STS (Sala de lo Social), de 23 noviembre 2005 [RJ 2006, 1206] que resuelve y estima recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Abogado del Estado en nombre del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) contra la sentencia del Juzgado de lo Social del TSJ de Andalucía.

Con detalle y de manera sencilla ofrece el TS la interpretación que ha de darse al artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores, conforme al cual el FOGASA sólo responde de las indemnizaciones reconocidas por “sentencia judicial” o “resolución administrativa” a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50 y 51 ET, punto sobre el que hubo de pronunciarse el extinto Tribunal Central de Trabajo. En la sentencia (FD 5º), con cita del artículo 1.816 Cc., se explica claramente por qué no se equiparan en ciertos supuestos en el ámbito laboral, la obligación de abono de indemnizaciones al trabajador por condena en sentencia judicial y la que es consecuencia de acuerdo, transacción o conciliación sea ante el Juzgado de lo Social o ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Como indica el TS (FD 6º), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sentencia de 12 febrero 2002 [TJCE 2002, 375] equiparó ciertos salarios de tramitación pactados en conciliación judicial con las retribuciones a que alude el 33.1 ET de conformidad con normativa europea, pero fue por circunstancias excepcionales.

El juez, al homologar la transacción, hace nacer a la vida jurídica un documento público (artículo 317.1º Lec/2000) de eficacia análoga a la del autorizado o intervenido por notario (317.2º y 1.217 Cc.). El artículo 1.216 Cc. no distingue: “son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley”.

Como se afirma en la RDGRN de 5 de mayo de 2003, citada en el apartado f), los documentos privados no son, en principio, equivalentes a los públicos por el mero hecho de que sean homologados judicialmente.

El auto de homologación no goza de mayor validez y eficacia (tampoco menos) que la genérica presunción de veracidad y licitud de los documentos autorizados por notario a que aluden los párrafos tercero y cuarto del artículo 143 del Reglamento Notarial después de la reforma [Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944 (BOE num. 25, de 29 de enero)]:

“Los documentos públicos autorizados o intervenidos por notario gozan de fe pública, presumiéndose su contenido veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

Los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial sólo podrán ser negados o desvirtuados por los Jueces y Tribunales y por las administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias”.

El artículo 17 de la Ley del Notariado (procedente de la reforma introducida por Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, BOE 30 noviembre), dice cuáles son los instrumentos públicos: escrituras públicas, pólizas intervenidas, actas y todo documento que autorice el notario, original, en certificado, copia o testimonio. Según el párrafo primero del artículo 145 del Reglamento Notarial:

“La autorización o intervención del instrumento público implica el deber del notario de dar fe de la identidad de los otorgantes, de que a su juicio tienen capacidad y legitimación, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes e intervinientes”.

Los términos del vigente 317.1º Lec/2000 permiten interpretar (puesto que utiliza la conjunción copulativa “y”) que es documento público tanto la resolución y diligencia de actuación judicial de toda especie, como los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales. O sea, que no sería necesaria la intervención del Secretario para que tenga carácter de documento público el auto de homologación. Pero para que el auto sea tal, es necesaria la intervención del Secretario Judicial, que da fe de su contenido y es el único funcionario que tiene encomendado en exclusiva el ejercicio de la fe publica judicial52.

Como ha indicado la doctrina, “la homologación supone comprobar que los acuerdos entran dentro del poder de disposición de las partes, que éstas poseen la capacidad necesaria (artículo 415.1 Lec/2000) y, además, que no existen disposiciones legales que, en razón del interés general o en beneficio de terceros, impidan el acuerdo”53.

Aunque algunos mantengan que el tribunal, para la homologación, ha de comprobar los requisitos formales y materiales del convenio54, como indica Banacloche, el tribunal no puede entrar en cuestiones de fondo y ha de atenerse a lo que le permite la ley55.

El derogado artículo 692 Lec/1881 (texto posterior a la reforma de 1984) preveía en su párrafo tercero que si las partes llegaban a un acuerdo, tras ser exhortadas para ello por el Juez, lo siguiente:

“Lo acordado por las partes en el acto de la comparecencia, que habrá de ajustarse a las normas generales para la validez de los contratos, así como a las reguladoras de la renuncia y la transacción, si las hubiere, se llevará a efecto por los trámites para la ejecución de las sentencias” [subrayado mío].

El juez no podía hacer entonces, como ahora, más control en el acuerdo de los litigantes que el de los elementos del contrato (1.261 Cc.) y el respeto a los límites de los artículos 6.2 y 1255 Cc. y, en su caso, otros preceptos de leyes específicas, como los artículos 41, 46 y 52 de la Ley de Marcas [STS 7 julio 2006 (RJ 2006, 4715)].

En consecuencia, pueden las partes decidir mediante transacción que la propiedad de una finca determinada es propiedad del demandado y si posteriormente se puede acreditar la propiedad de un tercero ajeno al pleito, habrá evicción56.

Ni siquiera es garantía de una mayor validez o eficacia del acuerdo homologado judicialmente la eventual intervención de otros funcionarios públicos como el Ministerio Fiscal. Sirve, a mi juicio, de ejemplo, la STS de 25 de mayo de 1999 [RJ 1999, 3930] que resuelve recurso de casación porque se alega error invalidante de la transacción obtenida por las partes durante la sustanciación del recurso de apelación del juicio de faltas referido a indemnización por secuelas. Aunque se desestima el recurso, la argumentación de la sentencia muestra que las transacciones judiciales en que da el “visto bueno” el Ministerio Fiscal pueden ser objeto de anulación, en este caso, por error vicio del consentimiento. Exactamente como cualquier otra transacción homologada judicialmente.

El texto del 415.1, párrafo tercero Lec/2000 parece más ajustado a la realidad: el juez examina la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados que asistan al acto.

a) Capacidad jurídica de las partes y de sus representantes debidamente acreditados. Más bien, capacidad de obrar; mayoría de edad, no incapacitación total o parcial para el convenio concreto. También de quienes puedan concurrir en representación de las partes, señaladamente el poder especial de los procuradores de los tribunales (artículos 25.2.1º y 414.2, párrafo segundo y 415.2 Lec/2000).

b) Poder de disposición de las partes y de sus representantes, o sea, adecuación a lo dispuesto en los artículos 1810 a 1812, 1814 que prohibe la transacción sobre el estado civil de las personas, sobre cuestiones matrimoniales y sobre alimentos futuros y, posiblemente, el supuesto del 1813 (ver artículo 215 del Código Penal de 1995). Asimismo, cabe el control de las más graves y llamativas infracciones de la ley, la moral y el orden público que se deducen de los artículos 6 y 1255 del Código civil.

No hay que dar otro significado al artículo 545.1 Lec/2000 cuando habla de acuerdos judicialmente homologados o aprobados y del tribunal que homologó o aprobó la transacción o acuerdo.

Con todo, la transacción homologada judicialmente, como todo documento público, goza de presunción de validez y legalidad y no habrá más remedio, si se pretende incumplir, que impugnarla como se indica en la SAP Vizcaya, de 7 septiembre 2002 [JUR 2002, 78738].

Dice el artículo 415.2 Lec/2000: “el acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción judicial” [subrayado mío].

A pesar del texto del precepto, no hay normas que expresamente aludan a las causas y formas para su impugnación.

Prestigiosos catedráticos de Derecho procesal han mantenido, después de la reforma de la Lec/2000 que no es posible impugnar la transacción homologada judicialmente por dolo, error, violencia o falsedad, dada la eficacia de cosa juzgada del auto, su carácter de documento ejecutivo y la obligación del juez, para homologar, de comprobar la concurrencia de los requisitos materiales de capacidad y poder de disposición de las partes. Por ello mantienen que sólo sería posible, si se dan los motivos del artículo 510 Lec/2000, interponer recurso de revisión57. Una idea que, a mi juicio, ya se había sugerido después de la reforma de la Lec/1881 en 1984 en relación a la transacción obtenida en la comparecencia del juicio de menor cuantía prevista en el artículo 69258.

Otros procesalistas mantienen postura contraria alegando lo dispuesto en el artículo 1.817 Cc.59, especialmente en su párrafo segundo que puntualiza aspectos de la anulación por error cuando hay finalización de un proceso por transacción.

El Código civil no parece impedir la impugnación de la transacción porque sea judicial. La Lec/2000 no modificó el texto de los artículos 1.809 a 1.819. Tampoco introdujo, al menos expresamente, una mayor constricción a la posibilidad de impugnación de la transacción judicial, a diferencia de la regulación vigente sobre el laudo arbitral en la Ley 60/2003, especialmente, artículo 43. Los motivos de anulación del laudo siguen como modelo los previstos en el artículo 34 de la Ley Modelo UNCITRAL elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de junio de 198560.

Para el contrato de transacción en general, la doctrina civilista es unánime al admitir la acción de invalidez ejercitable en el juicio declarativo que corresponda, tanto antes como después de entrar en vigor la Lec/200061.

En cuanto a la transacción judicial, Carrasco dice que cabe impugnarla por razones de fondo mediante la interposición del declarativo correspondiente, dado que el alcance de la homologación se limita al juicio de capacidad y poder de disposición, por lo que el resto de las posibles causas de nulidad no quedan afectas por la preclusión producida por la cosa juzgada62.

El Tribunal Supremo admite esta posibilidad, entre otras resoluciones, en los autos de 25 septiembre 2001 [JUR 2001, 273031] y 13 octubre 2003 [JUR 2003, 7280], aunque obiter dicta.

Para la transacción [prejudicial] obtenida en acto de conciliación, hay varias SSTS que admiten el ejercicio de la acción de nulidad por razones de fondo, antes y después de entrar en vigor el Cc. en 1889; son las siguientes: 17 diciembre 1880; 11 enero 1883; 8 febrero 1905; 11 febrero 1907 y 22 febrero 1950. En ellas, se encuentra la distinción entre el acto de conciliación en sí, como acto procesal cuya validez sólo puede impugnarse en los breves plazos que el artículo 477 ha previsto antes y después de su reforma (ocho o quince días) y la transacción o convenio obtenido por las partes en dicho acto para cuya impugnación por nulidad (u otras causas como la rescisión, dice el TS) hay que atenerse a lo dispuesto en los artículos 1300 y siguientes del Cc. (y 1290 y siguientes cuando se trata de la rescisión).

No obstante, para la impugnación del acto de conciliación en sí mismo (no del convenio) la STS de 11 noviembre 1881, aplicando el artículo 207 de la Lec que derogó la de 1881 y que establecía el mismo régimen jurídico del 477 Lec/1881, mantuvo la imposibilidad de revisar el acto de conciliación cuando se alega que el acta del mismo está equivocada pues el acta del acto conciliatorio sólo se puede impugnar por los medios establecidos por las leyes para invalidar las sentencias firmes [considerando primero].

Aparte de la transacción por acto de conciliación, se encuentra jurisprudencia sobre impugnación de transacciones casos de acuerdos sobre indemnizaciones por lesiones en los que con posterioridad se evidencian nuevas secuelas para la víctima. Se trataría de supuestos típicos de error. Por lo general, no suelen acogerse estas alegaciones de error63 pero no se excluye que exista acción para impugnar por error una transacción que ha sido homologada judicialmente.

Hay también bastante jurisprudencia menor sobre la impugnación del convenio regulador en las crisis matrimoniales aprobado judicialmente64. Opina el profesor Rivero que gran número de convenios reguladores adolecen de vicios del consentimiento, entre otras razones, por la indiscutible afección emocional que las partes sufren en el momento de su negociación, celebración y ratificación en el juzgado65.

El caso de la STS, Sala de lo Penal, de 4 de julio de 2006 [RJ 2006, 4749] evidencia que puede haberse inducido a error al juzgador con la consecuencia de fraude o estafa procesal, lo que terminará siendo relevante para las homologaciones judiciales de transacciones presentadas por las partes.

En conclusión, obtener sentencia en que se declare la invalidez de la transacción homologada por un juez ¿tiene dificultades especiales frente a cualquier otro contrato? Pueden señalarse dos datos que, en principio, harían difícil que prosperase la acción de invalidez.

a) Su constancia en un auto judicial, documento público que hace prueba frente a terceros (artículos 1.218 Cc. y 317 y siguientes Lec/2000) y título que permite despachar ejecución (artículos 517 ss. Lec/2000).

b) La limitación del Cc. a las posibilidades de impugnación por error: párrafo segundo del artículo 1.817 y artículos 1.818 y 1.819 (estos dos últimos, según Carrasco, también supuestos de error: descubrimientos de nuevos documentos e ignorancia de sentencia revocable).

Sin embargo, estas dificultades se pueden dar exactamente en los mismos términos en todo contrato de transacción sea o no homologado.

El carácter de documento público del auto de homologación se da en términos prácticamente idénticos en la primera copia de escritura pública en la que conste un contrato de transacción entre particulares. Que el auto haya sido homologado por un juez dando fe de ello el secretario judicial no dota de mayor validez y eficacia a lo que no es sino un instrumento público.

Y respecto a las limitaciones del Cc. para la impugnación por error, la doctrina ha entendido unánimemente que son de aplicación tanto en la transacción judicial como en la extrajudicial. No está claro que “apartarse por la transacción de un pleito comenzado” haya de entenderse exclusivamente para la transacción homologada. En la propia esencia y naturaleza de toda transacción está evitar un pleito o ponerle fin si se inició. El régimen jurídico de los artículos 1.817 a 1.819 Cc. se aplican tradicionalmente por igual a todo tipo de transacciones y no parece que la Lec/2000 haya modificado esta situación o haga menos verosímil esta interpretación.

Aunque estos dos últimos preceptos aluden a la “rescisión de la transacción”, es pacífica y unánimemente admitido por la doctrina desde siempre que nada tiene que ver con la prevista en los artículos 1.290 y siguientes Cc.66 y, como indica Carrasco, los supuestos de los artículos 1.818 y 1.819 son de error vicio del consentimiento, aunque el legislador provea reglas especiales67.

Nunca se ha dudado de la posibilidad de impugnar por razones de invalidez la transacción obtenida en el acto de conciliación previsto en los artículos 460 a 480 de la Lec/1881 todavía hoy en vigor y, a la vista de la reciente retirada del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, seguramente por mucho tiempo.

Conforme al párrafo segundo del artículo 476 Lec/1881, lo convenido por las partes en acto de conciliación tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne cuando no se lleve a efecto por el mismo Juez ante el que se celebró el acto de conciliación.

El artículo 477 prevé expresamente la impugnabilidad del convenio obtenido en acto de conciliación:

“Contra lo convenido en acto de conciliación podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos.

La demanda ejercitando dicha acción deberá interponerse ante el Juez competente, dentro de los quince días siguientes a la celebración del acto y se sustanciará por los trámites del juicio declarativo que corresponde a su cuantía”.

Al entrar en vigor la Lec/1881, el texto del 477 establecía un plazo de ocho días para la impugnación; en la actualidad es de quince días.

Ese plazo tan breve (antes y después de la reforma) ¿hay que considerar que es el plazo de ejercicio de la acción de nulidad por razones de fondo para la impugnación del convenio obtenido en acto de conciliación?

El TS ha tenido ocasión de pronunciarse y establecer doctrina pacífica sobre el particular y aunque se refería al plazo de ocho días, pues las sentencias se dictaron en la primera mitad del siglo XX, los argumentos se pueden mantener con el plazo de quince días que hoy establece el 477 Lec/1881 vigente.

Son las SSTS de 8 de febrero de 1905 [Jurisprudencia Civil, sentencia número 50] y de 22 de febrero de 1950 [RJ 1950, 356] que cita y reproduce los argumentos de la primera. En el considerando segundo de la STS de 1905 se puede leer lo siguiente:

“Considerando que la acción deducida lo ha sido en tiempo, a tenor del art. 1301, en relación con el 59, ambos del Código civil, porque lo convenido en los actos de conciliación es sustancialmente una transacción o pacto, al que le son aplicables todas las condiciones legales que determinan la fuerza de las obligaciones, y en este concepto pueden ejercitarse contra él las acciones que para la rescisión y nulidad de aquéllas concede el derecho civil, sin que a ello se oponga el término de ocho días que fija el párrafo 2º del art. 477 de la ley de Enjuiciamiento civil para reclamar la nulidad del acto de conciliación, porque esta nulidad debe entenderse limitada a los casos en que se haya faltado a las condiciones o solemnidades exigidas por la ley rituaria para su celebración, pero nunca extensiva a los demás vicios o causas que puedan anular lo convenido, pues de otro modo vendrían a quedar derogadas las disposiciones del Código antes citadas, doctrina de todo punto inadmisible; y, en su consecuencia, no cabe estimar la infracción que en el segundo motivo se alega”.

La sentencia resuelve sobre el ejercicio de la acción de nulidad a los trece meses de celebrado un acto conciliatorio en el que no compareció el padre de la impugnante, menor de edad cuando se celebra el acto de conciliación.

En la STS de 22 febrero 1950 reproduce estos argumentos:

“Si bien el art. 477 de la Ley procesal prescribe que la demanda en que se ejercite acción de nulidad contra lo convenido en acto de conciliación deberá interponerse dentro de los ocho días siguientes a la celebración del acto, reiteradas declaraciones de esta Sala han interpretado dicho artículo en el sentido de que tal plazo no es aplicable a todos los supuestos de anulación del convenio y así en la Sentencia de 8 febrero 1905 se dice que contra lo convenido…”

Si cabe impugnar el convenio obtenido en acto de conciliación mediante acción de nulidad ordinaria no parece razonable negar la misma acción a la transacción homologada judicialmente. Transacción prejudicial e intraprocesal, como suelen denominarse ambas respectivamente, no son diferentes a este respecto.

Como indiqué, algunos procesalistas entienden que sólo cabría impugnar transacción homologada judicialmente si concurren los motivos para la revisión de sentencias del artículo 510 Lec/2000.

Contra una sentencia firme no cabe recurso alguno y sólo cabe la revisión prevista en los artículos 509 y siguientes Lec/2000. Y aunque se ha dicho que no es propiamente un recurso, el artículo 245.3 LOPJ lo califica como tal.

La doctrina procesalista es mayoritaria al excluir de la posibilidad de revisión otras resoluciones judiciales que no sean “sentencia firme”, por ello, dicen, no cabe revisión de autos firmes68. Lo mismo se concluye al estudiar la jurisprudencia del TS: SSTS 15 febrero 1982 [RJ 1982, 683], 24 de octubre de 1988 [RJ 7632], 9 mayo 1991 [RJ 3620], 24 abril 1995 [RJ 3541].

No obstante, se ha mantenido también por algunos la posibilidad de pedir revisión de autos que decidan definitivamente el proceso69.

Los artículos 509 y siguientes sólo aluden a “sentencia firme”. Sin embargo, el artículo 207 Lec/2000, necesario para conocer cuándo una sentencia es firme, habla sólo de “resoluciones firmes” (a diferencia del concordante 245 LOPJ que alude a sentencias firmes). Por otro lado, el artículo 415.2 Lec/2000 dice que el acuerdo homologado judicialmente podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias.

Algunos aspectos de la regulación de la revisión en la Lec/2000 recuerdan bastante a lo dispuesto en el Cc. sobre impugnación de la transacción. Entre los motivos de revisión de la sentencia firme se encuentran la aparición posterior de nuevos documentos de los que no se hubiera podido disponer por fuerza mayor o por obra de la persona a cuyo favor se hubiere dictado la sentencia, la declaración posterior de falsedad de documentos, la condena a los testigos o la concurrencia de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta (artículo 510 Lec/2000, idéntico al 1.796 Lec/1881). Hay un paralelismo con las causas del artículo 1.817 Cc. cuando alude a violencia y falsedad de documentos junto a otros vicios de invalidez de la transacción o con el 1.818 cuando hace referencia al descubrimiento de nuevos documentos para decir que no serán causa para anular o rescindir la transacción, si no ha habido mala fe.

Otro está en la regulación de la consecuencia del éxito de la revisión de sentencias firmes se encuentra el término “rescisión” de la sentencia firme a que alude el artículo 516.1 Lec/2000 y “rescisión de la transacción” de los artículos 1.818 y 1.819 Cc. Pero no parece razonable dar demasiada relevancia a este dato. La lectura de las obras de comentaristas próximos a la promulgación del Cc., como Manresa y Scaevola, no sugiere paralelismo alguno en razón de los términos.

Sea título ejecutivo o lleve aparejada ejecución (como se quiera decir), el auto que homologue la transacción judicial tiene una evidente apariencia de validez y legalidad y puede ejecutarse conforme a lo dispuesto en los artículos 517 y siguientes Lec/2000 que concuerdan con el 1.816 Cc.

La competencia para su ejecución corresponde al propio tribunal que conoció del asunto en primera instancia o el que homologó o aprobó la transacción o acuerdo, según dispone el artículo 545.1 Lec/2000. Aun con las singularidades que el auto de homologación de la transacción tiene, las causas de oposición a la ejecución y de la impugnación de actos de ejecución contrarios a la ley son tasadas y están previstas en el artículo 556 Lec/2000. Entre ellas, ninguna permite alegación de invalidez de la transacción judicial. El artículo 560 alude a la oposición por motivos de fondo pero del artículo 561 se deduce que tales causas sólo pueden ser las  de los artículos 556 a 558.

El artículo 564 Lec/2000 (defensa jurídica del ejecutado fundada en hechos y actos no comprendidos en las causas de oposición a la ejecución) impide hacer valer en el juicio ejecutivo todo lo no expresamente previsto.

En consecuencia, la invalidez de la transacción judicial por razones de fondo será un hecho o acto cuya “eficacia jurídica podrá hacerse valer en el proceso que corresponda”, necesariamente, un juicio declarativo.

¿Se puede interponer recurso de apelación contra el auto que homologa la transacción? Banacloche70, contesta afirmativamente a esta pregunta y dice que es posible, como contra cualquier otro auto definitivo. Dice que el caso podría darse, por ejemplo, cuando el auto no recoja alguna de las cláusulas acordadas.

Al margen de este supuesto, resulta difícil pronunciarse sobre la viabilidad de este cauce para la declaración de la invalidez de la transacción que se ha homologado, sea por nulidad o por causa de anulabilidad.

El Auto de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 3ª), de 2 enero 2007 (JUR 2007, 59964) niega expresamente la posibilidad de que se pueda revocar mediante recurso de apelación el auto judicial que homologa una transacción, al menos en el caso que resuelve. En su fundamento de Derecho primero se lee lo siguiente: “La parte demandante mediante el recurso de apelación que ha interpuesto contra el auto dictado en primera instancia, que pone término al procedimiento tras reiterar las alegaciones en que se basa la demanda, señala la existencia de defectos apreciados en el citado auto, que expresa, destacando que estando acreditado que el demandante viene abonando desde el año 2002 los recibos de la Comunidad, éstos deberían haberse descontado del precio que se fija en la transacción, ya que afirma, se ha hecho la venta de la plaza de garaje, interesando que se dicte sentencia revocando el citado auto y de conformidad con el suplico de la demanda, pretensión que procede desestimar, ya que consta que en el acto de juicio, al que asistieron el demandante el legal representante de la demandada y sus respectivos Procuradores y Letrados, éstos manifestaron que habían llegado a un acuerdo en los términos que se recogen en el auto apelado, firmando los presentes el acto en prueba de conformidad (folio 116), acuerdo adoptado en el ámbito de la autonomía de la voluntad que es aprobado en el auto apelado, que aplica correctamente el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y cuya revocación no procede con base en las alegaciones efectuadas en el escrito de interposición del recurso de apelación, ni en todo caso la estimación de la demanda, siendo así que en virtud de dicho acuerdo no se ha practicado la prueba propuesta y admitida, constando, por otra parte, la presentación con fecha 25 de abril de 2006 de escrito del Procurador de la parte actora solicitando el dictado de Auto de conformidad con la transacción celebrada, por lo que ha de desestimarse el recurso de apelación interpuesto” (subrayados míos).

La vía para el ejercicio de la acción de invalidez, vigente la Lec/2000, es la interposición de demanda en juicio declarativo ordinario conforme a los artículos 248 y 249. Las razones de fondo para la impugnación tiene ciertas singularidades consecuencia de la naturaleza y caracteres de la transacción.

Habrá nulidad de pleno derecho si faltan totalmente consentimiento, objeto o causa; por indeterminación absoluta del objeto o su ilicitud; por ilicitud de la causa o expresión de causa falsa; por falta de forma si es requerida para la validez del contrato y por traspasar las partes los límites de la autonomía privada infringiendo norma imperativa o prohibitiva (1.255 y 6.3 Cc.). Hay anulabilidad cuando concurren vicios del consentimiento, en caso de incapacidad y cuando falta consentimiento del cónyuge de quien contrató, si era necesario71. Tiene especial significado la ausencia de poder especial para transigir. Estos motivos de fondo se estudian en el apartado siguiente.

Se dice que “transigere est alienare” y, en consecuencia se requiere capacidad jurídica y de obrar y también poder de disposición sobre las cosas y asuntos objeto de la transacción, o sea, de la controversia jurídica [Díez-Picazo]. No será necesario dicho poder de disposición y bastará capacidad para obligarse cuando el derecho controvertido permanezca íntegramente en manos de quien lo tenía antes de la transacción [Gullón].

El artículo 415 Lec/2000 dice que el juez examinará, para homologar la transacción, la capacidad jurídica de las partes (rectius, de obrar) y el poder de disposición.

Cabe distinguir entre capacidad para transigir por uno mismo y para hacerlo por otro [Viola Demestre].

Están legitimados para transigir quienes entre sí debaten sobre las posiciones jurídicas que les conciernen la situación o relación jurídico-material objeto de su disputa siempre que tengan capacidad para obligarse y la libre disposición sobre aquéllas [Lacruz]; si la transacción implica renuncia de derechos, se aplicará el artículo 6.2 del Cc. y sólo será válida cuando no contraríe el interés o el orden público ni perjudique a terceros (en general, también, límites del artículo 1.255 Cc.).

1. Persona física

Para transigir por otro, se exigen los mismos requisitos que para los actos de enajenación. Para quienes ejercen la patria potestad, el artículo 1.810 Cc. remite a las mismas reglas de las enajenaciones, esencialmente contenidas en el artículo 166 del Cc. que exige autorización judicial con audiencia del Ministerio Fiscal; en el mismo sentido, el artículo 151.1, letra i de la Ley 9/1998, de 15 de julio del Código de Familia de Cataluña. El menor emancipado necesita complemento de capacidad para transigir sobre inmuebles (artículo 323 Cc.).

Para representación legal de los menores de catorce años aragoneses sea como titulares de la autoridad familiar o como tutores, artículo 12.1, letra g) de la Ley 13/2006 de Derecho de la Persona [LDP]: autorización previa de la Junta de Parientes (regulada en los artículos 156 a 168 LDP) o del Juez. Los mayores de catorce años menores de edad pueden transigir con la debida asistencia de uno cualquiera de sus padres en ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor (artículo 20, 24 y 26 LDP). El tutor precisa, conforme al artículo 271.3º del Cc., autorización judicial para transigir asuntos en que el sometido a tutela estuviese interesado; parecidamente, artículo 212 del Código de Familia de Cataluña.

Necesita autorización judicial para transigir el representante del ausente si la controversia versa sobre propiedad o sobre titularidad de derechos reales: artículo 186 del Cc. [Gullón; De Castro]. Para la ausencia en Aragón, artículos 48.2 y 12 LDP.

Los vigentes artículos 2.025 a 2.030 LECiv/1881 establecen el procedimiento para transigir sobre los derechos de menores o incapacitados. Los artículos 100 y siguientes del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria (capítulo VIII, título III), retirado de su tramitación, preveían el procedimiento para los “actos de disposición o gravamen de bienes o derechos de menores e incapacitados y de la transacción acerca de sus derechos”.

Las SSTS de 17 diciembre 1880 y 11 enero 1883 (anterior y posterior a la entrada en vigor de la Lec/1881 y ambas anteriores a la entrada en vigor del Cc.) declaran nulo el convenio en auto de conciliación por pactar el menor de edad (menor de 25 años entonces) sin comparecer en el Juzgado su representante legal.

2. Personas jurídicas

Según el artículo 1.812 del Cc., “las corporaciones que tengan personalidad jurídica sólo podrán transigir en la forma y con los requisitos que necesiten para enajenar sus bienes”. Conforme al 35.1º Cc., sólo se aplica a las personas jurídicas de Derecho Público de forma corporativa a las que se equiparan las de base institucional como Universidades u Organismos Autónomos [Carrasco]. Se puede aplicar a corporaciones, fundaciones, asociaciones y sociedades en general de interés público o de naturaleza privada: artículo 38 Cc. [Corbal]. Son normas de interés las siguientes: artículo 77 LJC-A (Ley 29/1998, de 13 de julio); 24 TRLGSS (RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio; 60 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (RD 1637/1995, de 6 de octubre); 39 TRLGP (RD Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre); 40 LPE (Decreto 1022/1964, de 15 de abril); 83 Reglamento de la LPE (Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre); 1, 23, 28 y 79 TRRL (RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril); 109 y siguientes del RBEL (RD 1372/86, de 13 de junio).

Para las comunidades, sociedades civiles y mercantiles no hay que equiparar necesariamente transacción y enajenación de bienes sociales o comunes a los efectos de los artículos 1695.4º y 397 Cc. [Carrasco que cita STSJ Navarra 7 marzo 1996 (RJ 1996, 1942) para comunidad en propiedad horizontal); para la sociedad mercantil, el objeto social de la compañía delimitará el ámbito de poder de los administradores (117.2 RRM).

El contenido de una transacción puede tener acceso a un protocolo familiar; para su inscripción, así como la de pactos de sometimiento a arbitraje de controversias de naturaleza societaria entre los socios, se estará a las modificaciones en los artículos 114 y 175 RRM por Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares.

3. Nulidad o anulabilidad, según los casos

Todos los supuestos en que las leyes exigen a los representantes legales requisitos adicionales de autorización judicial o de la Junta de Parientes o el Consejo de Familia harán nulas de pleno derecho las transacciones verificadas sin la legitimación suficiente72.

El régimen jurídico aplicable a la emisión del consentimiento por la persona que necesita complemento de capacidad por tener la jurídica pero no la de obrar plena (menores e incapacitados) será el de la anulabilidad.

Cabe entender que hay anulabilidad en el supuesto de representación del declarado ausente si éste aparece vivo después y ratifica (confirma, convalida) lo hecho, sin la debida autorización que la ley prevé, por su representante.

Por otro lado, el artículo 1.713.II del Cc. exige mandato expreso para transigir (artículo 282 y cc. del Código de Comercio, para el factor). Se puede entender incluido en este punto el poder especial de los procuradores de los tribunales (artículos 24.2.1º, 414.2II y 415.2 Lec/2000). Como señala la doctrina, aunque frecuentemente en la práctica se entiende lo contrario, no hay razón que fundamente la exigencia de que el poder especial para transigir deba ser ad hoc para el concreto asunto objeto de transacción, así que basta con un poder especial a uno o varios procuradores para allanarse, renunciar, transigir, etc., en toda clase de litigios o en los relativos a ciertas materias o sujetos jurídicos [De la Oliva].

Sobre facultades del cónyuge en quien recaiga la administración y disposición de los bienes de la sociedad de gananciales, por ser tutor o representante legal de su consorte por imperativo legal (1.387) o por haberle sido conferida dicha administración por imposibilidad de prestar consentimiento el otro o por abandono de familia o separación de hecho (artículo 1.388) hay que atenerse al artículo 1.389.II Cc., del que se deduce la necesidad de autorización judicial cuando la transacción suponga la realización de actos de disposición sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente (1.389.II). Para el régimen económico matrimonial aragonés de consorcio conyugal, el artículo 60 de la Ley de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad de 2003 exige al cónyuge del incapacitado o declarado ausente que gestiona el patrimonio común, autorización del Juez o de la Junta de Parientes para los actos de disposición sobre inmuebles o establecimientos mercantiles (la LDP ha dado nueva redacción al precepto que se ocupa de la “concreción automática de facultades” a uno de los cónyuges).

Estos últimos supuestos, de anulabilidad, será difícil que se den en la práctica pues el juez tiene fácil constatar la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica de los intervinientes (art. 415 Lec/2000).

¿Y si se aportan documentos falsos para acreditar plena capacidad de obrar? Aunque los artículos 225 y siguientes de la Lec/2000 no recogen entre los motivos para la nulidad de actuaciones la falsedad de documentos, sí es motivo de revisión de sentencias (510.2º) y puede que se esté ante fraude o estafa procesal (artículo 250.1.2º Código Penal de 1995).

Como todo contrato, la transacción debe tener los elementos del artículo 1.261 del Código civil: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca73. No precisa forma alguna74, pero, como señala Carrasco, si se concreta en otro contrato o acto jurídico que la necesite, será necesaria la impuesta para los mismos75. A estos requisitos, para la transacción homologada judicialmente, habrá que añadir que se homologue mediante un auto judicial obtenido en un proceso en que no pueda haber tacha por nulidad de actuaciones o porque pueda provocar indefensión para alguna de las partes (artículos 225 y siguientes Lec/2000 y 238 LOPJ).

El objeto de toda transacción ha de ser posible, lícito y determinado o determinable (artículos 1.271 a 1.273 Cc.).

La “cuestión controvertida” o pretensión forma parte o está íntimamente relacionada con el objeto de la transacción. Se concreta en dos aspectos: la contienda entre los interesados como partes en el futuro contrato y la incertidumbre determinada por la duda sobre la relación jurídico-material objeto de la disputa, o sea, la res dubia [Lacruz; Luna]. No parece posible hablar de transacción válida sin situación controvertida (ya en litigio o que pueda provocarlo en un futuro) ni sin incertidumbre sobre el resultado del pleito (presente o futuro) aunque esté más o menos objetivamente fundada en razón de la información que maneja cada parte para llegar a la transacción que inciden en la fortaleza o debilidad de la pretensión del demandante y aunque pueda existir “abuso procesal” [matices que, creo, sugieren Salvador y Carrasco]. La controversia puede recaer sobre aspectos estrictamente jurídicos como el significado o alcance de una norma o sobre cuestiones de hecho cuando éstas repercuten en consecuencias jurídicas (como, por ejemplo, si un terreno es de secano o regadío) [Lacruz].

Al transigir, las partes pueden intervenir únicamente sobre la estricta cuestión controvertida (pura o simplemente) o solventar otras cuestiones ajenas en principio a la controversia (transacción mixta o compleja) [Albaladejo; Peláez; Luna] y en ambos casos han de darse los requisitos del objeto de los artículos 1.271 a 1.273 Cc. [Viola]. En todos los casos y en cuanto a la prestación de consentimiento sobre la transacción, éste deberá recaer sobre todos y cada uno de los acuerdos de la transacción para que surta todos sus efectos [STS 19 marzo 2001 (Ar. 4735)].

No parece que deba excluirse la posibilidad de que en el contenido del acuerdo transaccional homologado por el juez se introduzca disposición de derechos no insertos en el objeto del pleito, una interpretación flexible que mantuvo A. Bonet Navarro para la transacción del derogado 692 Lec/19881 después de la reforma de 198476.

Conforme a los artículos 1.255 y 1.271 del Cc. no se puede transigir sobre extremos sustraídos a la libre disponibilidad de las partes (ver artículos 816 del Cc. y 2.2 Ley 60/2003 de Arbitraje); conforme al artículo 19.1 Lec/2000, “no cabe transigir cuando la ley lo prohiba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero”. Las cuestiones civiles en que existe un interés público están excluidas de la posibilidad de transacción (artículo 751.1 y concordantes Lec/2000).

Conforme al artículo 1.814, no se puede transigir sobre el estado civil de las personas por ser derecho personalísimo; no obstante, cabe transacción sobre las consecuencias de naturaleza puramente patrimoniales derivadas de tal estado [STS 13 octubre 1966 (Ar. 4404)]. Lo mismo cabe decir sobre las cuestiones matrimoniales que desde la reforma de 1981 han visto ampliado el ámbito de disponibilidad de las partes implicadas tanto en materia de alimentos, como de pactos de convivencia77 y de liquidación del régimen económico matrimonial (ver artículos 90 Cc. y 777 Lec/2000); también, 172 Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia y 25 Ley 10/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano].

En cuanto a los alimentos futuros, no cabe renunciar a reclamarlos en caso de necesidad (151 Cc.) ni se puede transigir sobre pensiones no vencidas, pero sí se puede transigir sobre alimentos devengados y todavía no satisfechos.

No cabe transacción sobre la legítima futura, conforme al artículo 816 del Cc., por la general prohibición de celebrar pactos sucesorios del Cc. (1.271.II); una prohibición cada vez más cuestionada por la doctrina que no la considera de orden público78. Una vez abierta la sucesión por fallecimiento del causante, los legitimarios sí pueden transigir sobre su legítima79.

La doctrina ha señalado otros procesos en los que no cabe transacción: los que versen sobre capacidad de las personas y declaración de prodigalidad (la LDP suprime la prodigalidad en Derecho aragonés); los de filiación, paternidad y maternidad; los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores; y los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción (artículos 748 en relación con el 751.1 Lec/2000) [Corbal].

De interés sobre objeto lícito y facultades dispositivas del derecho de marcas, la STS 7 julio 2006 (RJ 2006, 4715).

En varios autos que conozco del TS en que se homologan transacciones judiciales en el recurso de casación de la Sala de lo Social se encuentra, como cláusula de estilo, la referencia a que los acuerdos que se presentan no vulneran los artículos 1.255 y 6.3 Cc.: autos del TS (Social) de 11 enero 2001, 25 octubre 2001 y 7 julio 2006.

El artículo 1.813 Cc. dice que “se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito; pero no por eso se extinguirá la acción pública para la imposición de la pena legal”.

Seguirá la acción, si procede por tratarse de un delito perseguible de oficio, el Ministerio Fiscal [STS 14 febrero 2007 (RJ 2007, 66081)]. La acción se extinguirá tratándose de delitos semipúblicos sólo perseguibles a instancia de parte, como la calumnia o la injuria (artículos 215 y concordantes del Código Penal). Es habitual la transacción de la acción civil con las compañías aseguradoras.

El Ministerio Fiscal sigue acusando en delitos. Si la actuación es constitutiva de falta, el artículo 969.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (redacción por Ley 38/2002, de 24 de octubre de reforma parcial de la LECr, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado [BOE 28 octubre; en vigor desde 28 abril 2003]) permite al Fiscal General del Estado impartir instrucciones sobre supuestos en que el Fiscal puede dejar de asistir a los juicios de faltas, en atención al interés público, cuando la persecución de la falta exija la denuncia del ofendido o perjudicado.

Se trata de consecuencias de la independencia entre acción civil y penal, deducible de los artículos 112, 109, 142 y 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El artículo 1.815 Cc. dice qué objetos han de entenderse comprendidos en la transacción80.

No parece añadir nada nuevo a lo dispuesto en los artículos 1.281 a 1.289 del Cc.81, 57 ss. y cc. del Código de Comercio, 6.3 Ley 7/1998, de condiciones generales de la contratación y, para la renuncia general de derechos, en el 6.2 Cc.

Sin embargo, en ocasiones, el TS ha mantenido que  el artículo 1.815 impone la interpretación restrictiva para este contrato82.

La norma evidencia una especial preocupación del legislador dada la trascendencia liquidatoria y preclusiva de este contrato (cosa juzgada del 1.816 Cc.), por lo que es razonable que la jurisprudencia exija que el elemento objetivo de la relación jurídica transigida ha de ser cierto, preciso, conocido y determinado [Lacruz].

En algún auto de la sala de lo Social del TS que homologa convenios en el ámbito del Derecho laboral se encuentran cláusulas de estilo que aluden conjuntamente a los artículos 245 Ley Procedimiento Laboral y 3.5 del Estatuto de los Trabajadores, 19 Lec/2000, 1.255 Cc. y 6.4 Cc., con expresa referencia a que no hay fraude de ley en la transacción que se homologa, ni abuso de derecho (aunque no citan el artículo 7.2 Cc.). ATS (Sala de lo social, Sección 1ª, de 1 febrero 2005 [RJ 2005, 95560].

Parece especialmente difícil la obtención de la declaración de nulidad por falta de objeto o por objeto ilícito cuando se esté ante transacción homologada. De existir, seguramente habrá simulación total o parcial de las partes y posiblemente se esté ante los supuestos de los artículos 1.305 y 1.306 Cc. Aunque sólo el 1.305 alude a objeto ilícito, también hay “causa torpe” aunque no llegue a constituir delito o falta si, mediante simulación, se logra transacción judicial sin objeto o con objeto ilícito.

Función o causa de la transacción es la composición de la controversia jurídica preexistente entre las partes, cuya solución o liquidación asumen los propios interesados evitando provocar un pleito o acabando el ya iniciado, y se realiza mediante recíprocas concesiones [Lacruz; Luna].

Son tres, pues, los elementos que han de concretar la transacción para que no le falte causa:

a) Superación de una controversia [por eso el artículo 1.819 prevé que se pueda pedir la rescisión —rectius, anulación— de la transacción si ha recaído ya sentencia firme y lo ignora alguna de las partes (Luna)];

b) Total resolución de la misma (asunción por las partes íntegramente de la solución al conflicto: “accertamento” a que alude la doctrina italiana [Santoro-Pasarelli] o “Feststellungs-vertrag” de la alemana) y

c) Existencia de recíprocas concesiones entre quienes transigen. Este último elemento no siempre es imprescindible pues hay también transacción cuando simplemente se reconoce el derecho de otro, es decir, cuando hay “recíprocos sacrificios” entre los que no tiene por qué haber equivalencia objetiva entre ellos. La existencia de recíprocas concesiones hace posible la distinción de la transacción de otras figuras como la condonación de deuda o de la renuncia abdicativa de derechos [STS 11 octubre 2000 (RJ 2000, 9193), ponente Gullón]. Según la STS 30 junio 2001, no se requiere equivalencia entre las concesiones que se hagan las partes, ni siquiera se exige que estas concesiones tengan que ser siempre de carácter económico, pues pueden ser de índole moral (RJ 2001, 4982).

Falta causa o es ilícita en los supuestos del artículo 1.275 Cc. (ver también, 1.305 y 1.306 Cc.).

No se cumple el requisito de causa en la transacción cuando no se puede realizar alguno de los tres aspectos funcionales: existencia de objeto litigioso, superación de la controversia y reciprocidad de concesiones entre las partes. Según Luna, ello puede evidenciarse ante el incumplimiento de la transacción y mantiene que hay nulidad por falta de causa cuando trata la aplicación a la transacción de la facultad de resolución del artículo 1.124 Cc.83.

Es clásica la discusión sobre la posibilidad de aplicar la resolución por incumplimiento del artículo 1.124 Cc. a la transacción y parece especialmente difícil de admitir cuando se trata de la transacción judicial. Si una de las partes incumple, la otra sólo podrá exigir el “cumplimiento forzoso” ante la autoridad judicial (sea por vía ejecutiva o declarativa) y quizás no podrá oponerse a cumplir lo que le incumba pues existe una resolución judicial que obliga al cumplimiento de la transacción homologada a ambas partes [Ogayar]. Con todo, la cuestión parece discutible y para la judicial, se encuentra jurisprudencia que admite tanto la imposibilidad de cumplir la transacción en sus propios términos84, como el incumplimiento legítimo85.

Al margen de estos supuestos, se ha declarado nulidad del convenio regulador del artículo 90 Cc. por “vicios de la causa” en la STS 5 diciembre 2002 [RJ 2002, 10433] por existir nulidad de ventas anteriores86.

El TS reconoce la posibilidad de impugnar la transacción judicial por vicios del consentimiento en SS 10 abril 1985 [RJ 1985, 1690] y 26 enero 1993 [RJ 1993, 365]. También el artículo 1.817 Cc. cuando alude a transacción que provoca apartamiento de un pleito ya comenzado, aunque excluye la alegación del error de hecho.

La formación del consentimiento en la transacción no se produce como en cualquier otro contrato a pesar de la remisión expresa del artículo 1.817.I al 1.265 Cc. Es evidente la concurrencia de elementos singulares como los que señala Salvador Coderch, ampliamente desarrollados en el Derecho anglosajón: “los costes de litigar, la inversión en preparar la defensa del caso, la asimetría de información entre las partes, la revelación de información relevante para el pleito que puede ir dosificándose mientras se negocia la transacción (la denominada discovery), la intervención de los abogados, la valoración del riesgo a la eventual imposición de costas tanto en primera instancia como en apelación y casación (artículos 394, 388 y 397 Lec/2000) o disponer de buenos medios de prueba (artículo 217 Lec/2000)”87.

Otros pueden estar relacionados con la falta de libertad y la situación anímica en que se produce la emisión del consentimiento cuando se trata del convenio regulador de la separación, nulidad y divorcio, señalada, como indiqué, por Rivero Hernández.

Con tales singularidades hay que considerar la anulabilidad por estar el consentimiento de los sujetos intervinientes viciado por violencia, intimidación, dolo y error, y éste con los límites del 1.817.II Cc.

El artículo 1817.I Cc. no recoge expresamente la intimidación entre los vicios del consentimiento a que alude, aunque, dada la remisión expresa a lo dispuesto en el 1.265 y lo razonable de la solución, está incluida como vicio del consentimiento en la transacción, también si la inflige un tercero (1.268 Cc.). Se tendrán en consideración las circunstancias de la víctima (1.267 Cc.).

Para la transacción judicial, interesa lo dispuesto en los artículos 238.2º LOPJ (texto de la LO 19/2003, de 23 de diciembre) y 225.2º Lec/2000 (en vigor desde 1 enero 2004 conforme a la Disposición final 17ª Lec/2000 y la reforma introducida por LO 19/2003) cuando dicen que los actos procesales son nulos de pleno derecho cuando se realicen bajo violencia o intimidación. El modo de proceder en estos supuestos se regula en los artículos 238.2 y 239 LOPJ y 226 y siguientes Lec/2000.

Se puede distinguir entre violencia o intimidación para la obtención del consentimiento para transigir fuera de la presencia judicial y también para el acto posterior de homologación de la transacción. Ambos supuestos están admitidos en los dos números del artículo 226 Lec/2000: el número 1 para el caso de sufrir violencia o intimidación el juez o tribunal al homologar y el número 2 para el caso de sufrirlas cualquiera de las partes que así haya accedido a transigir.

El dolo puede viciar el consentimiento de las partes en la transacción [SAP Toledo 21 abril 1993 (AC 1993, 597)]. Al margen de la correlación que suelen tener dolo y error (pues el primero suele provocar el segundo en alguna de las partes: STS 22 abril 1994 [RJ 1994, 3218]), en la transacción el dolo ha de entenderse en términos muy excepcionales pues no puede equipararse al sostenimiento temerario de la propia posición que conduzca a la otra parte a la necesidad de transigir para superar la situación controvertida [Carrasco]. El abuso procesal de alguna de las partes no es fácil de concretar y al respecto sólo se encuentran en nuestro Derecho los artículos 7 Cc. y 247 Lec/2000. Es evidente que, en general, junto a una reclamación abusiva suelen existir otras legítimas, como ha señalado el profesor Salvador Coderch. Resulta también evidente que no hay dolo en la transacción judicial cuando se han ocultado datos a la contraparte que supongan favorecer sencillamente la estrategia defensiva en el proceso.

Como se indica en la STS (sala de lo penal) de 4 de julio de 2006 [RJ 2006, 4749] en el proceso civil no hay deber de información a la parte contraria ni de aportación de documentos relevantes para el proceso, pues ello forma parte de la estrategia de cada parte y, en el civil, la carga de la prueba es claramente de quien la alegue en el proceso; otra cosa es que se puede llevar a cabo fraude procesal mediante engaño llevado a cabo con maniobras fraudulentas preparatorias del proceso y realizadas en su ámbito, que posean un grado de verosimilitud suficiente para producir el error razonable del Juez [FD 4º].

Incluso supuestos calificables de demanda temeraria quedan fuera del dolo invalidante en la transacción judicial, sobre todo a la vista de la amplia admisión por la jurisprudencia del contenido de la transacción [señalada por Carrasco].

Como sugiere la STS 22 abril 1994 [RJ 1994, 3218], puede ser relevante el dolo de quien no fue parte en el contrato de transacción88.

Puede también haber dolo en caso de falsedad de documentos cuando una de las partes o un tercero haya falsificado documentos relevantes para llevar a la otra a transigir o al propio juez a decidir: supuestos admitidos por la Sala de lo Penal del TS en SS de 4 de julio de 2006 [RJ 2006, 4749] y que considera como estafa procesal. El TS entiende que hay fraude o estafa procesal cuando se dan los siguientes requisitos [deducibles asimismo de las SSTS (penal) 30 septiembre 1997 (RJ 1997, 6842) y 13 marzo 2002 (RJ 2002, 6685)]:

1. Engaño bastante en el seno de un procedimiento judicial.

2. Con finalidad de producir error en el juez o tribunal que ha de conocer del proceso. Equiparable a esta circunstancia es que, por determinadas argucias realizadas dentro del procedimiento (ordinariamente pruebas falsas) se impulsa a la contraparte a que se allane, desista, renuncie, llegue a una transacción o determine un cambio de su voluntad procesal (estafa procesal impropia [SSTS 25 octubre 1978 [1978, 3312]; 14 abril 2005 (RJ 2005, 6949) y RJ 2003, 958].

3. Intención del autor de que el órgano judicial dicte una determinada resolución favorable a sus intereses.

4. Intención que abarque la producción de un perjuicio a tercero, con ánimo de lucro propio.

El supuesto a que alude la STS de 4 julio 2006 es paradigmático de cómo el dolo induce a error de la contraparte, puede llevarla a transigir judicialmente (se homologue o no el acuerdo) y tiene relevancia suficiente para invalidar la transacción: simulación de ser arrendatario de finca con la finalidad de ejercitar y hacer efectivo retracto como derecho preferente de acceso a la propiedad, en perjuicio del adquirente en subasta judicial, aportando documentación inveraz, en concreto, un contrato de arrendamiento extinguido por falta de pago del arrendatario. Así, el “supuesto arrendatario” logra una indemnización del adquirente en subasta judicial por renunciar a un contrato que, realmente, estaba ya extinguido.

Al margen de estas precisiones, la falsedad de documentos a que alude el artículo 1.818 Cc. es claro supuesto de error [Carrasco].

La aplicación de la teoría general sobre el error es difícilmente compatible con la causa y función propia de la transacción que, evidentemente, es evitar un litigio. La vuelta a la litigiosidad no puede permitirse de modo amplio, pues ello parece que iría contra el propio sistema; y precisamente, la impugnación por error de alguna de las partes al transigir debe admitirse de modo más estrecho que en el resto de contratos. Prácticamente todos los aspectos de la teoría general del error son polémicos en doctrina y jurisprudencia cuando se trata de aplicarlos a la transacción.

El artículo 1.817 Cc. da pie a la siguiente interpretación: sólo se puede alegar error de hecho en la transacción extrajudicial (pues el de derecho estaría incluido en la res dubia, presupuesto de la transacción) y ni ese cuando se trata de la judicial (por lo dispuesto en el artículo 1.817.II).

Seguramente para salvar esta drástica conclusión, es tradicional distinguir, para establecer la relevancia del error, en la transacción entre error sobre la cuestión controvertida (in caput controversum) o sobre cuestiones no controvertidas por las partes (in caput non controversum). El error sobre cuestión controvertida no es causa para anular la transacción, pues precisamente las partes asumen superar sus diferencias derivadas de una res dubia y a este respecto, no hay que distinguir entre error de hecho o de derecho (ninguno puede alegarse). En cambio, podría alegarse error sobre cuestión no controvertida (por ejemplo, transacción entre herederos testamentarios cuando después se conoce que el testamento había sido revocado por el testador) [Gullón].

Es, no obstante, discutible qué sea error in caput controversum, pues no es claro en la jurisprudencia si lo es y con qué consecuencias, por ejemplo, la aparición sobrevenida de nuevas secuelas en transacciones sobre indemnización de daños [ver Carrasco y SAP 9 febrero 2004 (JUR 2004, 103490)].

Los artículos 1.818 y 1.819 Cc. parecen especialmente previstos para la transacción judicial: descubrimiento de nuevos documentos (que no es causa de anulabilidad si no hubo mala fe) e ignorancia de estar decidido por sentencia firme un pleito.

A las dificultades para la admisión del error de derecho en la transacción judicial, se añade la interpretación sobre si es o no error de derecho el supuesto del artículo 1819.I Cc.

Tanto el descubrimiento de nuevos documentos (artículo 1.818 Cc.) como el de ignorancia de la sentencia firme sobre el supuesto controvertido (1.819.I) son casos específicos de error. La aparición de nuevos documentos (al margen de que permita, en ciertos casos, apreciar dolo) puede ser tanto in caput controversum como no (puede haber transacción sobre documentos conocidamente falsos) y tiene claro paralelismo con lo dispuesto en el artículo 510 Lec/2000 para el recurso de revisión de las sentencias firmes. En cuanto a la transacción posterior a sentencia (firme o no) integra supuestos de anulabilidad, aunque la norma aluda, indebidamente, a rescisión (en claro paralelismo con la rescisión de sentencias firmes de la Lec en 1881) [STS 23 noviembre 1965].

Según Cordero Cutillas, siendo cierto que la jurisprudencia admite la consideración del error como vicio invalidante del convenio regulador del artículo 90 Cc. aprobado judicialmente, se detecta la exigencia de una especial gravedad en el mismo, y se valora específicamente la excusabilidad. Así, la STS 4 diciembre 1985 no da relevancia a un error padecido por una de las partes en la valoración de los bienes, pues pudo evitarse empleando una diligencia normal y las SSTS 25 mayo y 14 junio 1963 [RJ 1963, 3058] entienden que el asesoramiento de abogados impide calificar el error en el consentimiento como excusable89. Cosa distinta será la posibilidad de exigir, en su caso, responsabilidad a los letrados por su actuación profesional.

Dado el momento procesal en que el artículo 415 Lec/2000 prevé la transacción, habrá elementos importantes para valorar el error padecido por las partes e impedir su alegación, al menos si es “in caput controversum”, pues ya ha tenido lugar la fijación de hechos y fundamentos de derecho en los escritos de demanda y contestación, así como la aportación de documentos y medios de prueba: 399, 400 y siguientes Lec/2000. Más todavía si la transacción se produce en el momento procesal previsto en el artículo 428 Lec/2000.

Hasta aquí la revisión de los presupuestos para la impugnación de la transacción homologada judicialmente. Queda, para más adelante, el análisis de las consecuencias y efectos de la impugnación exitosa. Para ello habrá que tratar, al menos, temas tan complejos como los siguientes:

a) Si hubo o no novación al transigir y, si de haberla, fue modificativa o extintiva.

b) Qué restitución procederá entre las partes y qué efectos tendrá la declaración de nulidad o anulabilidad frente a terceros, así como la restitución con éstos y si procede o no argumentar sobre si hubo pago y cobro de lo indebido.

c) La vuelta al momento procesal que corresponda, se declare o no nulidad de actuaciones. ¿Cobra firmeza la resolución judicial de instancia si se obtuvo transacción judicial durante el recurso de apelación o casación si luego se anula?

Las respuestas a estas preguntas, y otras que puedan surgir, quizás obliguen a revisar lo expuesto sobre presupuestos de impugnación de la transacción.

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Viola Demestre, I.: El contrato de transacción en el Código Civil, Servicio de estudios del Colegio de Registradores, Madrid, 2003, 442 páginas.

Notes de base de page numériques:

1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación “Validez de los actos jurídicos de Derecho Privado”, SEJ 2005-05790/JURI, cuyo investigador principal es el Catedrático de Derecho Civil, Jesús Delgado Echeverría.
2 Se revisan los presupuestos para la impugnación de la transacción homologada judicialmente. Queda el análisis de las consecuencias y efectos de dicha impugnación.
3 Salvador Coderch, Pablo, “ABC de la transacción”, InDret, Barcelona, octubre de 2002 [www.indret.com], 22 páginas. Texto consultado el 7 de noviembre de 2007.
4 BOE núm. 121, de 21 de mayo de 1993.
5 Se puede ver una crónica sobre la entrada en vigor de esta Ley en: http//.www.codigo-civil.info/nulidad/lodel/document.php?=415.
6 El nuevo número 4 del artículo 31 de la LGDCU después de entrar en vigor la Ley 44/2006 de mejora de la protección de los consumidores y usuarios dice lo siguiente:
“Los convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de consumo
previsto en este artículo, sólo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes del contrato, salvo que se trate de la sumisión a órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto específico.
Los convenios arbitrales pactados contraviniendo lo dispuesto en el párrafo precedente serán nulos.”
7 Da cuenta de la importancia de la mediación familiar en el ámbito contractual, M. T.  Pérez Giménez en “La mediación familiar: perspectiva contractual”, Aranzadi Civil, número 22, abril de 2007, páginas 15 a 29.
8 BOE núm. 163, de 9 de julio de 2005.
9 La Recomendación nº R (98) 1 del Comité de Ministros a los estados miembros de la UE sobre la mediación familiar (aprobada por el Consejo de Ministros el 21 de enero de 1998) recogía buena parte de los principios sobre mediación familiar.
10 Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 19.04.2002; COM (2002) 196 final.
11 Información de interés sobre estas materias se puede ver en http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/consumer/adr.htm y los interesantes trabajos publicados en el Número Extraordinario de diciembre de 2006 de la revista Estudios sobre Consumo, coordinado por Ruiz Muñoz bajo el título “Cuestiones transfronterizas en la protección de los consumidores en la Unión Europea”.
12 Ley 1/2001, de 15 de marzo. BOE nº 91, de 16 de abril de 2001.
13 Ley 4/2001, de 31 de mayo. BOE 157, de 2 de julio de 2001.
14 Ley 7/2001, de 26 de noviembre. BOE de 19 de diciembre de 2001.
15 Ley 15/2003, de 8 de abril. Boletín Oficial de Canarias nº 85, de 6 de mayo de 2003.
16 Ley 4/2005, de 24 de mayo. BOE nº 203, de 25 de agosto de 2005.
17 Ley 1/2006, de 6 de abril. BOE nº 105, de 3 de mayo de 2006.
18 Ley 18/2006, de 22 de noviembre. BOE nº 303, de 20 de diciembre de 2006.
19  Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid.
BOE de 27 de junio de 2007.
20 Cordón Moreno, F., en nota al artículo 22 Lec/2000, Ley de Enjuiciamiento Civil y otras normas procesales, Aranzadi (Colección Códigos Básicos).
21 Aunque, como indicaré en el apartado siguiente, hay quien no admite que el acto de conciliación tenga naturaleza de transacción judicial.
22 Digo que la transacción es un contrato porque así lo afirma el artículo 1.809 Cc., aunque, como ha señalado la doctrina, su tipificación ha sido trabajosa ya desde el Derecho romano donde pertenecía a la confusa categoría de los pacta, como señalara Luna Serrano [“La ineficacia de la transacción”, en AAMN, 1980, página 125]. Se dice que es un “contrato neutro” en cuanto a su objeto y que pertenece a la imprecisa especie de los “contratos auxiliares”. Sobre el particular, son interesantes los trabajos de Carnelutti, “La transazioine é un contrato?”, en Rivista di Diritto Processualle, 1953, I, páginas 188 y 189; Gullón Ballesteros, La transacción, Madrid, 1964, página 47 (ver 45 a 49); Tamayo Haya, El contrato de transacción, Thomson-Civitas, Madrid, 2002, páginas 38 a 42; Viola Demestre, El contrato de transacción en el CC, Servicio de estudios del Colegio de Registradores, Madrid, 2003, páginas 65 a 77 y 139 y siguientes.
23 Sobre la posibilidad de calificar la transacción como mercantil, Corbal Fernández cita jurisprudencia del TS contradictoria: a favor, 10 abril 1908, en contra, 8 febrero 1926: en “Comentario a los artículos 1809 a 1819” en Comentario del Código civil, coordinado por Sierra Gil de la Cuesta, Bosch, Barcelona, 2000, página 78.
24 Carrasco Perera, A., “Comentario a los artículos 1809 a 1819”, en Comentarios al CC, dirigidos por Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, Navarra, 2001, página 2041 y STS 10 junio 1968 (RJ 1968, 3179).
25 Corbal, Comentario…, cit., páginas 80 y 81.
26 Gascón Inchausti, F.,  La terminación anticipada del proceso por desaparición sobrevenida del interés, Civitas, Madrid, 2003, página 140.
27 Tapia Fernández, I., El objeto del proceso. Alegaciones. Sentencia. Cosa Juzgada, La Ley, Colección Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, Madrid, 2000, páginas 223, 225 y 226.
28 Clasificaciones que se encuentran en Corbal, Comentario…, cit., página 85; Ruiz-Rico Ruiz, J. M., “El error en la transacción”, ADC, 1991, páginas 1190 a 1192.
29 Lacruz, Elementos, II-2; Tapia, El objeto del proceso, página 224; Carrasco, Comentarios…, página 2045; Tamayo, El contrato…, cit., página 515; Viola, El contrato de transacción…, cit., 238 y 380. Y auto TS 12 marzo 2002 (JUR 2002, 89401).
La misma conclusión, antes de entrar en vigor la Lec/2000, y con posterioridad a la Ley de Reforma del Proceso civil de 6 de agosto de 1984 mantuvieron
Peláez Sanz, F. J., La transacción —su eficacia procesal—, Barcelona, 1987, páginas 67 y 88; Gullón Ballesteros, en el tomo II del Comentario del Código civil del Ministerio de Justicia, página 1774 y Ruiz-Rico Ruiz, J. M., “El error…”, cit., página 1192.
30 Gascón Inchausti, F., El título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, en especial, páginas 205 a 212; Garcimartín Alférez, F. J., El título ejecutivo Europeo, Cuadernos Civitas, Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006, en especial, páginas 91 a 96.
31 Ruiz-Rico Ruiz, “El error en la transacción”, ADC, 1991, en especial, páginas 1185 a 1190 y 1192 a 1197.
32 Gullón, La transacción…, cit., página 167.
33 Ruiz-Rico Ruiz, “El error…”, ADC, 1991, página 1196.
34 No parece que el juez, conforme al derogado artículo 692 pudiese imponer más que
un control de la concurrencia de los requisitos del artículo 1.261 Cc., quizás de manera análoga a la actividad de los notarios.
35 Cordón Moreno, Comentarios…, vol. I, página 244, Lorca Navarrete, Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, tomo I, Valladolid, 2000, página 243; Gómez de Liaño, Ley de Enjuiciamiento Civil, Oviedo, 2000, página 101.
36 Sobre este aparente tercius genus, antes de la Lec/2000, López Simó, “Algunos problemas de la denominada “terminación anormal” del proceso civil”, en Cuadernos de Derecho Judicial, Cuestiones de Derecho Procesal Civil (juicio de rebeldía. Terminación anormal del proceso. Recursos), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1995, páginas 53 a 105; Peláez Sanz, La transacción —su eficacia procesal—, Barcelona, 1987.
37 Gascón Inchausti, La terminación anticipada del proceso por desaparición sobrevenida del interés, Civitas, Madrid, 2003, páginas 136 a 139.
38 Una conclusión que no puede mantenerse sin matices según deduce del estudio de la jurisprudencia del TS Ragel Sánchez, CCJC, nº 20, abril-agosto 1989, páginas 519 y ss.
39 Tapia Fernández, I., El objeto del proceso. Alegaciones. Sentencia. Cosa juzgada, La Ley, Madrid, 2000, página 224 (nota 199).
40 Muerza Esparza, en Comentarios…, dir. F. Cordón, vol. I., página 1710; Muñoz Jiménez, en Comentarios…, coord. Fernández-Ballesteros, vol. 2, página 2417; De la Oliva, Comentarios…, cit., página 865.
41 SSTS 15 febrero 1982 (RAJ 683), 24 de octubre de 1988 (RAJ 7632), 9 mayo 1991 (RAJ 3620), 9 agosto 1993 (RA 9199), 24 abril 1995 (RAJ 3541).
42 Fernández López, en Derecho Procesal Civil, con De La Oliva, ed., CERA, Madrid, 1992, vol. II, página 564; Montero Aroca, Derecho Jurisdiccional, Bosch, Barcelona, 1991, tomo II, vol. I, página 459. Son opiniones anteriores a 2000.
43 Así, antes de entrar en vigor la Lec/2000, Barona Vilar, S., “El juicio de revisión”, en Efectos jurídicos del proceso (Cosa juzgada. Costas e intereses. Impugnaciones y jura de cuentas), Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, septiembre de 1995, páginas 227 a 275. La autora, pese a afirmar en un principio que la revisión sólo procede para las sentencias, recogía algunas excepciones como el supuesto de resolución que erróneamente adopta la forma de auto cuando debió ser sentencia o el supuesto de la STS de 23 noviembre 1962 (RA 4295) que estimó revisión contra auto desestimatorio de recurso de queja. Finalmente, entendía que debía considerarse como excepción a la regla general de que sólo las sentencias pueden ser objeto de revisión, “todos los autos que ponen fin al proceso” (página 234).
44 Como ha indicado la profesora Tapia, la preclusión de hechos y fundamentos de derecho del artículo 400 Lec/2000 sirve para concretar el efecto de cosa juzgada de la sentencia que recaiga en el futuro, pero no delimita exactamente el objeto del proceso
[
El objeto…, cit., páginas 27 y siguientes].
45 Montero Aroca, J., “La cosa juzgada: conceptos generales”, en Efectos jurídicos del proceso (Cosa juzgada. Costas e intereses. Impugnaciones y jura de cuentas), Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, septiembre de 1995, páginas 88 y 89.
46 Hay que estar de acuerdo con L. Ruiz de Gordejuela López, cuando dice que no se trata de la vía de apremio en sentido propio, sino de la vía más amplia de la ejecución de las sentencias: “La transacción”, en Arbitraje, mediación y conciliación, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1995, páginas 188 y 189 con cita de Gómez Orbaneja, Derecho Procesal Civil, página 411.
47 De la Oliva Santos, Comentarios…, cit., páginas 884 a 892, en especial, 887.
48 Ver auto de la AP Coruña nº 4/2007 (Sección 4ª) de 10 enero 2007 (JUR 2007,
59905).
49 STS 25 mayo 1999 (RJ 1999, 3930).
50 Ver auto TS 10 mayo 2000 (RJ 2000, 3909) y otros tres de 23 enero 2007: JUR 2007, 51916; JUR 2007, 51951 y JUR 2007, 51916
51 Sobre inscripción del contrato de transacción: Cabello de los Cobos, J., “Contrato de transacción: título inscribible (comentario a las Resoluciones de 25 de febrero, 9 y 10 de marzo de 1998”, RCDI, núm. 603, 1991.
52 La actuación y competencias de los Secretarios judiciales fueron objeto de atención especial en la reforma de la LOPJ por LO 19/2003, de 23 de diciembre [BOE 26 de diciembre; en vigor, desde 15 enero 2004]. Su desarrollo se encuentra en el Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales [BOE 20 enero 2006]. Dice la primera frase del número 1 del artículo 452 LOPJ, que “los secretarios judiciales desempeñarán sus funciones con sujeción al principio de legalidad e imparcialidad en todo caso, al de autonomía e independencia en el ejercicio de la fe pública judicial…” y el primer párrafo del artículo 453.1, que “corresponde a los secretarios judiciales, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial. En el ejercicio de esta función dejarán constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias”.
53 De la Oliva Santos, en Comentarios…, cit., Civitas, 2001, página 117; Tamayo, El contrato…, cit., páginas 532 y siguientes.
54 Tapia, El objeto…, cit., página 224 y nota 198.
55 Banacloche Palao, en Comentarios…, dir. De la Oliva, cit., página 699.
56 Posiblemente, cláusula nula como sugiere la STS de 5 de diciembre de 2002: nulidad de convenio de separación matrimonial por nulidad de compraventa anterior. Comentada por Sánchez-Rubio García, CCJC nº 62.
57 En tal sentido se ha pronunciado la profesora Tapia, El objeto del proceso…., cit. Y, más rotundamente, el profesor F. Cordón, en Comentarios…, cit., vol. I, páginas 1397
y 1398.
58 En concreto, A. Bonet Navarro afirmó lo siguiente: “en el caso de que no se haya recurrido ¿quedará consentido el acto procesal de aprobación del convenio y no podrá impugnarse posteriormente dicho convenio? La cuestión debería resolverse positivamente: es decir, impidiendo la posibilidad de impugnar las partes lo acordado en el acto de conciliación con posterioridad; todo ello por razones de seguridad jurídica. El resultado de un pleito así conseguido no puede quedar suspendido en el tiempo indefinidamente o durante los plazos señalados en el artículo 1301 Cc”; en La nueva comparecencia del juicio de menor cuantía, Librería Bosch, Barcelona, 1988, página 86, último párrafo.
59 Banacloche Palao, en Comentarios…, dir. De la Oliva, cit., página 699.
60 Gómez Jene, “ex artículos 40 a 42”, en Comentarios a la Ley de Arbitraje de 2003, coord. Arias Lozano, Pérez-Llorca abogados, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, páginas 387 y siguientes. Interesante y anterior a la Ley de 2003, Álvarez Sánchez de Movellán, P., La anulación del laudo arbitral. El proceso arbitral y su impugnación, Comares, Granada, 1996, 438 páginas.
61 Consecuencia de la lectura del artículo 1.817 con la remisión expresa que contiene al 1.265 e implícita a los preceptos concordantes: Gullón, La transacción…, cit., páginas 165 y siguientes; Ruiz-Rico, “El error…”, cit., Lacruz, Elementos…, II-2, Dykinson (2002), páginas 365 a 368; Luna, “La ineficacia…”, cit., páginas 121 a 148; Tamayo, El contrato…, cit, páginas 484 y siguientes; Viola. El contrato…,cit., páginas 356 y siguientes y 485 y su nota 76.
62 Carrasco Perera, Comentarios…, cit., páginas 2045 y 2047. No obstante, dice también que la transacción judicial no es impugnable por error ex artículo 1.817.II, ni siquiera aunque recaiga sobre “caput non controversum”.
63 Al respecto, STS de 25 de mayo de 1999 [RJ 1999, 3930] y SAP Granada (Sección 4ª), de 9 febrero 2004 [JUR 2004, 10349].
64 Revisa el estado de la cuestión Cordero Cutillas, I., El convenio regulador en las crisis matrimoniales (estudio jurisprudencial), Cuadernos de Aranzadi Civil, nº 19, Cizur Menor (Navarra), 2004, en especial, páginas 140 a 148.
65 Rivero Hernández, F., “Las relaciones paterno-filiales (título, ejercicio y contenido de la patria potestad, guarda y cuidados y régimen de visita) como contenido del convenio regulador”, Convenios reguladores de las relaciones conyugales, varios autores, 2ª edición, Pamplona, 1989, páginas 116 a 118.
66 Como señala Gullón, “el término rescisión del artículo 1.819 no es adecuado técnicamente, porque presupone un negocio jurídico válido (art. 1.290)”: Comentario al artículo 1.819 Cc en Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, tomo II, 1991, página 1780.
67 Carrasco, Comentarios…, cit., páginas 2046 y 2047.
68 Muerza Esparza, en Comentarios…, dir. F. Cordón, vol. I., página 1710; Muñoz Jiménez, en Comentarios…, coord. Fernández-Ballesteros, vol. 2, página 2417; De la Oliva, Comentarios…, cit., página 865.
69 Fernández López, en Derecho Procesal Civil, con De La Oliva, ed., CERA, Madrid, 1992, vol. II, página 564; Montero Aroca, Derecho Jurisdiccional, Bosch, Barcelona, 1991, tomo II, vol. I, página 459. Son opiniones anteriores a 2000.
70 Banacloche Palao, en Comentarios…, cit., dir., De la Oliva, página 699.
71 Delgado Echeverría, J. y Parra Lucán, Mª A.: Las nulidades de los contratos. En la teoría y en la práctica, Dykinson, Madrid, 2005, páginas 93 a 114 y 184 y ss. De especial interés, la revisión por el profesor Delgado de los Elementos de Derecho Civil, del profesor Lacruz Berdejo y discípulos, I-3, Dykinson, Madrid, 2005.
72 Luna Serrano, “La ineficacia…”, cit., página 136.
73 Luna, “La ineficacia…”, cit., páginas 112 y 122 y siguientes.
74 SSTS 29 abril 1966; 30 julio 1996 y SAP Sevilla (Sección 8ª, de 16 febrero 2004 [JUR 2004, 104604].
75 Por ejemplo, la constitución de hipoteca; Carrasco, Comentarios…, cit., página 2041.
76  La nueva comparecencia…, cit., página 85.
77 Para esta evolución, señala Carrasco, SSTS 31 enero 1985 (Ar. 210); ver también, 25 junio 1987 (RJ 1987, 1399).
78 Delgado Echeverría, Actas de las IX Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2006.
79 Vallet de Goytisolo, Comentarios Edersa, IX, página 226.
80 STS 28 febrero 2002 (RJ 2002, 3513); 7 julio 2006 (RJ 2006, 4715).
81 SSTS 25 mayo 2000 (RJ 2000, 4393); 1 febrero 2001 (RJ 2001, 1159); 5 noviembre 2004 (RJ 2004, 6658).
82 SSTS 11 febrero 1957 (RJ 1957, 702) y 5 diciembre 1994 (RJ 1994, 10493).
83 Luna Serrano, “La ineficacia…”, cit., páginas 129 y 130.
84 STS 4 abril 1991 [RJ 1991, 2634]. AAP Vizcaya nº 748/2006 (Sección 3ª), de 21 diciembre 2007 (JUR 2007, 98785).
85 STS 11 junio 1987 [RJ 1987, 4278].
86 Comentada por Sánchez-Rubio en CCJC nº 62 (2003) y por Cordero Cutillas, en El convenio regulador…, cit., páginas 145 a 148 (errata en p. 145: es del 5, no del 9 de diciembre).
87 Salvador Coderch, “ ABC de la transacción”, Indret, 4/2002.
88 Por ejemplo, el de un empleado de compañía aseguradora que redacta informes falseados que provocan la transacción de la contraparte con dolo y para inducirla a transigir.
89 Cordero Cutillas, El convenio regulador…, cit., páginas 142 y 143.

Pour citer cet article :

María Martínez Martínez. «Impugnar la transacción judicial1». principal, NUL. Estudios sobre invalidez e ineficaciaNulidad de los actos jurídicos
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affiliation : Universidad de Zaragoza

fonction : Profesora Titular de Derecho Civil