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María Martínez Martínez

Requisitos de validez y acción de nulidad de los contratos en la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio1

En el BOE núm. 299, del viernes 14 de diciembre de 2007 se publica la Ley 43/2007, de 13 de diciembre de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio2. Tiene ocho artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y tres disposiciones finales.

Entró en vigor el 15 de diciembre. Deroga las disposiciones adicionales cuarta y quinta de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva3.

Se dicta al amparo de las competencias previstas en los artículos 149.1.1ª, 6ª, 8ª y 13ª de la Constitución y corresponde a las comunidades autónomas aprobar las normas de desarrollo y ejecución en su respectivo ámbito territorial.

Se trata de una norma de aplicación a la contratación con consumidores y usuarios que no esté regulada por la legislación financiera (artículo 1), aunque regula actividades muy semejantes a las del sector financiero y de los seguros. Según la propia ley, los bienes comercializados a que se aplica pueden ser sellos, obras de arte, antigüedades, joyas, árboles, bosques naturales, animales en todo caso y, en general, todos los susceptibles de comercialización con ofrecimiento de revalorización o con garantía de restitución del precio de adquisición o cualquier otro importe.

La finalidad de la Ley se entiende mejor con la lectura de la disposición adicional segunda que, bajo el epígrafe, medidas adicionales de apoyo obliga al Gobierno a presentar en el plazo de un mes un informe sobre el balance de las medidas adoptadas hasta la entrada en vigor de esta Ley en relación al mandato aprobado por el Congreso de los Diputados, en sesión de 25 de mayo de 2006, en defensa de los afectados por los procesos concursales de las entidades Fórum Filatélico y Afinsa y a presentar un plan de trabajo por el que se analicen otras medidas adicionales, en particular la mejora de la línea ICO de anticipos a cuenta aprobada por el Acuerdo del Consejo de ministros de 27 de abril de 2007 para dichos afectados, cuya situación económica se analizará según su estado de desempleo, jubilación, discapacidad o por ser perceptores de prestaciones económicas de la Seguridad Social.

Se aplica a los contratos celebrados bajo su vigencia y también a aquellos cuya renovación expresa o tácita se produzca tras su entrada en vigor. Los contratos de duración superior a diez años que tengan un periodo de vigencia superior a cinco años deberán adaptarse a lo dispuesto en el artículo 5 en el plazo de tres años, salvo que las partes, durante dicho plazo, opten por resolver el contrato y, en su caso, negociar uno nuevo en otras condiciones (disposición transitoria única). No se aplica a los contratos de empresas que estén incursas en procedimientos concursales.

Para nuestro Proyecto “Validez de los actos jurídicos de Derecho Privado” interesa especialmente lo previsto sobre información precontractual, requisitos del contrato, garantías que amparan el ejercicio de acción de nulidad por el consumidor y el régimen de nulidad de los contratos. Hay también una norma interesante que obliga al notario que autorice las escrituras públicas de los contratos a dar fe de sus requisitos de validez.

Los artículos 3 y 4 establecen los requisitos de las comunicaciones y, en general, de la información necesaria que se debe prestar al consumidor antes de la celebración del contrato. Se declaran aplicables los requisitos exigidos en la “legislación vigente” respecto de la publicidad veraz y leal, seguramente (porque la Ley no lo indica expresamente) en referencia a la Ley General de Publicidad, legislación general de Defensa de Consumidores y Usuarios y a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Expresamente se indica que no pueden inducir a confusión al consumidor por lo que se debe evitar la utilización de expresiones propias del sector financiero como “inversión”, “ahorro”, “rentabilidad”, “interés” o equivalentes.

En todas las comunicaciones comerciales hay que informar de forma expresa, clara y destacada que los bienes a través de los que se realice la actividad no tienen garantizado ningún valor de mercado, así como del ofrecimiento de revalorización o garantía de restitución.

La oferta contractual de la empresa o profesional le vincula durante quince días naturales, durante los que no puede celebrarse el contrato ni anticiparse cantidad alguna.

A lo largo de doce letras el número 1 del artículo 3 recoge los datos que de forma veraz y suficiente la empresa o profesional debe poner a disposición del consumidor o usuario y que conformarán la información precontractual. Se deben prestar gratuitamente, por escrito o en cualquier soporte de naturaleza duradera que permita constancia, conservación, reproducción y acceso de la información y de la fecha de recepción de la misma por le destinatario, garantizándose la accesibilidad de las personas con discapacidad. Ha de recoger los siguientes datos: identificación completa y localización del responsable de la oferta, de los bienes ofertados, importe total del precio del contrato (incluidos todo tipo de gastos y costes adicionales), importe de la oferta de restitución, obligación de elevar el contrato a escritura pública (especificando que los gastos de elevación serán para la empresa y los de la primera copia del consumidor), obligación de la empresa de constituir garantías conforme al artículo 5, carácter vinculante de la oferta para la empresa durante quince días y prohibición de percibir cualquier tipo de anticipo durante dicho periodo, duración total del contrato y fechas de las obligaciones asumidas por las partes, garantías adicionales y riesgos económicos de los bienes, lenguas en que pueda formalizarse el contrato si es diferente a la de la oferta precontractual, legislación y tratamiento tributario aplicable al contrato y disposiciones relativas a las reclamaciones que puedan formularse.

Aunque no se dice expresamente, de la lectura de los artículos 4 y 5 se infiere su carácter imperativo (también del 6 que alude a la acción de nulidad). El artículo 4.2 exige escritura pública para la validez del contrato. Con los gastos derivados de la escritura debe correr la empresa o profesional y con los de la primera copia, el consumidor. Las demás copias sucesivas serán abonadas por la parte que las solicite. Lo mismo se aplica a las eventuales escrituras de modificación, aclaración, subasanación y rectificación del contrato (letra e) del artículo 3.1 y 4.3). La disposición adicional primera obliga al Gobierno a aprobar en el plazo de un mes desde la publicación de la Ley los aranceles notariales correspondientes.

El contrato debe ser único para todas las operaciones mercantiles a realizar y deben constar en él todos los derechos y obligaciones de las partes en relación con lo dispuesto en la Ley 43/2007 y en otras disposiciones de carácter imperativo que resulten de aplicación, así como las condiciones, si las hay, las causas de nulidad conforme al artículo 6 y la indicación expresa de que los bienes no tienen valor en el mercado.

El artículo 5 obliga a constituir antes de la formalización del contrato garantías específicas que deberán mantenerse durante toda la vigencia del contrato so pena de la posibilidad de instar acción de nulidad conforme al artículo 6 por el consumidor. Puede consistir en un seguro de caución, aval bancario o cualquier otra garantía prestada por bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito u otros establecimientos análogos que asegure individualmente al consumidor la cuantía total del importe de restitución ofrecido.

El número 4 del artículo 4 es una norma interesante para nuestro Proyecto. Es una norma con rango de Ley que exige al notario autorizante dar fe de los requisitos de validez del contrato. El párrafo primero del artículo 1 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado4 dice que “el Notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales”. Y el artículo 24, párrafo segundo, que “los notarios… deben velar por la regularidad no sólo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que autorice o intervenga…”. El artículo 1 del Reglamento Notarial, desde su reforma por Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 19445, señala el doble contenido del ejercicio de la fe pública notarial: “en la esfera de los hechos, la exactitud de los que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos” y “en la esfera del derecho, la autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento público redactado conforme a las leyes”.

Asimismo debe dar fe del cumplimiento de los requisitos de la oferta precontractual y de la fecha de recepción por el consumidor de la oferta. Debe incorporar a la escritura pública testimonio de constitución de las garantías específicas previstas en el artículo 5 y debe entregar al cliente un ejemplar del contrato debidamente fechado y firmado.

El artículo 6 recoge la que denomina “acción individual de nulidad” que se entiende sin perjuicio de las acciones de cesación del artículo 10 ter de la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Presupuesto de la acción de nulidad es la celebración de contratos contraviniendo cualquiera de las disposiciones de la Ley 43/2007, incluidas las relativas a la información precontractual obligatoria y a las comunicaciones comerciales. Tales contratos son nulos y está legitimado activamente para interponer la acción todo consumidor así como las entidades a que alude el artículo 11 de la Ley de enjuiciamiento Civil de 2000, es decir, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.

Aunque el artículo 6 alude a la LGDCU de 1984, cuando se sanciona y se publica en el BOE ya está en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias6.

La empresa o profesional tiene la carga de probar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley (artículo 7).

El artículo 8 tipifica como infracción muy grave el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 y 5 y prevé la imposición de sanciones por las autoridades competentes en materia de protección de consumidores y usuarios conforme a lo previsto en la legislación autonómica que resulte de aplicación.

Notes de base de page numériques:

1 Crónica realizada en el marco del Proyecto de investigación SEJ 2005-05790/JURI, “Validez de los actos jurídicos de Derecho Privado” financiado al 50% por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los fondos FEDER y cuyo investigador principal es el Catedrático de Derecho civil don Jesús Delgado Echeverría.
2 El texto de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, se encuentra publicado en http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51376-51383.pdf.
3 El texto de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, está publicado en el BOE, en: http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/20331.
Las disposiciones adicionales cuarta y quinta derogadas establecían lo siguiente:
“Disposición adicional cuarta. Protección de la clientela en relación con la comercialización de
determinados bienes.
1. Lo dispuesto en la presente disposición será de aplicación a la actividad, que se efectúe profesionalmente, llevada a cabo por cualquier persona física o jurídica que consista en la formalización de un mandato de compra y venta de bienes u otro contrato que permita instrumentar una actividad análoga, percibiendo el precio de adquisición de los mismos o una comisión y comprometiéndose a enajenarlos por cuenta del cliente, entregando a éste, en varios o en un único pago, el importe de su venta o una cantidad para el supuesto de que no halle un tercero adquirente de los bienes en la fecha pactada.
Los bienes a que se refiere el párrafo anterior serán los sellos, obras de arte, antigüedades, en todo caso, y asimismo aquellos otros bienes susceptibles de ser objeto de dicha actividad.
Los que desarrollen la actividad a que se refiere el párrafo primero del presente apartado no podrán realizar las actividades reservadas a las entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva, entidades aseguradoras o reaseguradoras o a cualquier otra entidad inscrita en los registros del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y fondos de pensiones. Asimismo, no podrán incluir en su denominación, ni en la publicidad que realicen en referencia a sus actividades, el adjetivo financiero o colectivo, ni ningún otro que induzca a confusión con aquellas actividades reservadas señaladas con anterioridad.
Igualmente, deberán someter sus documentos contables a auditoría de cuentas realizada por un profesional inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Las personas o entidades sujetas a auditoría de cuentas conforme a la presente disposición deberán remitir copia del informe de auditoría a las autoridades competentes en materia de consumo.
2. Los contratos contemplados en el apartado anterior deberán formalizarse en todo caso por escrito, que deberá reflejar de forma explícita y con la necesaria claridad los compromisos adquiridos por las partes y los derechos y obligaciones de las mismas en cada operación, incluyendo todos los elementos necesarios que determinen las condiciones del contrato. En todo caso, deberá entregarse al cliente un ejemplar del contrato debidamente fechado y firmado.
Antes de celebrar el contrato, se deberá informar al cliente de forma clara y precisa sobre la legislación aplicable al contrato, sobre las disposiciones relativas a las reclamaciones que puedan formularse, sistemas de valoración de los bienes que se comercialicen y modo de acceder a los referidos sistemas, valor nominal de los productos comercializados, valor mínimo garantizado en el mercado, así como, en su caso, garantías externas a la entidad que desarrolla la actividad regulada en esta disposición que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones y los demás extremos que se determinen de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca.
Toda la información a que se refiere el párrafo anterior, así como el informe de auditoría de cuentas y las condiciones contractuales, deberán ser puestas a disposición de los clientes con antelación suficiente al momento en que éste asuma cualquier obligación derivada del contrato.
Lo anterior será de aplicación aun cuando el contrato se haya celebrado utilizando una técnica de comunicación a distancia. En este supuesto, y con independencia del derecho del cliente a ser informado, cuando no sea posible transmitir con antelación las condiciones contractuales y la información previa a la celebración del contrato en soporte duradero, la puesta a disposición del cliente en dicho soporte se cumplirá inmediatamente después de la celebración del contrato.
En cualquier momento de la relación contractual el cliente tendrá derecho a obtener las condiciones
contractuales en papel y a cambiar las técnicas de comunicación a distancia utilizadas.
Durante todo el período de vigencia de la relación contractual el cliente deberá ser informado sobre las modificaciones de la información inicialmente suministrada y asimismo sobre su situación contractual.
3. Constituyen infracciones muy graves de las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el apartado 1 de la presente disposición, los siguientes actos:
a) El incumplimiento de la obligación de someter sus documentos contables a auditoría de cuentas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 1 de la presente disposición.
b) El incumplimiento de las obligaciones relativas a la documentación de las operaciones y a la puesta a disposición del cliente de la información, informes y condiciones contractuales a que se refiere el apartado segundo de la presente disposición.
4. Constituye infracción grave la comisión de infracción leve cuando durante los cinco años anteriores a su comisión hubiera sido impuesta al infractor sanción por el mismo tipo de infracción. Dicho plazo comenzará a computarse desde el momento en que se agote la vía administrativa relativa al procedimiento sancionador respectivo.
5. Constituyen infracciones leves de las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el apartado 1 de la presente disposición el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo b) del apartado 3 de esta disposición siempre que se trate de simples irregularidades en la observancia de las mismas que se lleven a cabo con carácter meramente ocasional o aislado.
6. Por la comisión de las infracciones muy graves señaladas en el apartado 3 de la presente disposición se impondrá al infractor una o más de las siguientes sanciones:
a) Sanción de multa por importe no inferior a 15.000 euros hasta 600.000 euros, cantidad que podrá rebasarse hasta alcanzar el quíntuplo del precio de adquisición de los bienes.
b) Amonestación pública, con publicación en el Diario Oficial de la Administración competente.
7. Por la comisión de las infracciones graves señaladas en el apartado 4 de la presente disposición se
impondrá al infractor una o más de las siguientes sanciones:
a) Sanción consistente en multa por importe no inferior a 3.000 euros hasta 15.000 euros.
b) Amonestación privada.
8. Por la comisión de las infracciones leves señaladas en el apartado 5 de la presente disposición se impondrá al infractor, las sanciones de apercibimiento o multa de hasta 3.000 euros.
9. La imposición de las sanciones mencionadas en los apartados anteriores de la presente disposición corresponderá a la Administración pública competente por razón de la materia de protección de los consumidores y usuarios.
Disposición adicional quinta.
La disposición adicional cuarta de esta ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.a, 6.a, 8.ª y 13.ª de la Constitución.”
4 El texto de la Ley del Notariado actualizado según la Ley 43/1985, de 19 de diciembre, por la que se suprime la exigencia de la legalización de la firma de los Notarios en las escrituras que hayan de surtir efecto fuera del ámbito territorial del Colegio Notarial al que pertenecen; Ley 18/1990, de 17 de diciembre; Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas, Fiscales, Administrativas y del Orden Social y Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal se puede consultar en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/In.t6.html#dt1.
5 BOE núm. 25, de 29 de enero de 2007. En Internet:
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/03/pdfs/A09175-09175.pdf.
6 BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 2007. En Internet: http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/30/pdfs/A49181-49181.pdf.

Pour citer cet article :

María Martínez Martínez. «Requisitos de validez y acción de nulidad de los contratos en la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio1». principal, 2008 (Estudios)NUL. Estudios sobre invalidez e ineficaciaNulidad de los actos jurídicos
document.php?id=554
affiliation : Universidad de Zaragoza